miércoles, 2 de marzo de 2022

PUTIN EL NUEVO ZAR QUIERE RENACER A LA UNION SOVIÉTICA Dr. Mario H. Concha Vergara, PhD. – Docente – Chile

PUTIN EL NUEVO ZAR QUIERE RENACER A LA UNION SOVIÉTICA Dr. Mario H. Concha Vergara, PhD. – Docente – Chile: Ya van cinco días de guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, y las percepciones sobre la estrategia militar de Rusia han ido modificándose debido a que hasta ahora son 5 las horas de la pretendida ocupación rusa, país que  el jueves pasado, cuando comenzó la ofensiva, se pensó que la apuesta de Vladimir …

miércoles, 18 de enero de 2017

Human Rights Watch. El caso Marruecos
Apuntes sobre el Informe 2017

Juan C. Moraga D.
Director Ejecutivo
ONG Rehabilitación y Esperanza

En Chile, lamentablemente, existe un grupo de personas y partidos políticos que denigran a la democracia existente en Marruecos. Dicen defender al Frente Polisario y, en realidad, son personas y partidos a sueldo de MADURO DE VENEZUELA y de ARGELIA. Este artículo nos presenta la realidad de Marruecos y de la arabia saharahui.



Hemos leído con atención el informe anual de Human Rights Watch correspondiente al año 2017 en que se refiere a países y temas que nos preocupan. Lo primero es destacar el aporte de esta institución para que los derechos humanos y ciudadanos sean respetados: “con respeto e independencia”. En ese contexto y porque en Latinoamérica no existe información objetiva sobre el Sahara occidental, constatamos desinformación sobre temas importantes en materia de derechos humanos y, por el contrario, vemos noticias parciales y funcionales a intereses que no tienen nada que ver con el respeto a los derechos que a Human Rights Watch y a nosotros, como ONG, nos interesa proteger. Por lo anterior resolvimos apoyar la constitución de un centro de estudios que investigue, analice, oriente e informe correctamente sobre los países del Magreb, considerando estas opiniones o conclusiones, como un aporte al debate y a los informes que, anualmente, se  dan a conocer sobre esta materia. De esta forma se constituyó el Centro Chileno de Estudios del Magreb, corporación sin fines de lucro donde participan ex prisioneros de la dictadura militar junto a dirigentes sociales del más amplio espectro político, social y cultural, muchos de los cuales se encuentran registrados en el listado de la Comisión Valech sobre prisión política y tortura, instancia plural que le correspondió investigar atropellos a los derechos humanos en nuestro país. Es con esa voluntad, por conocer de cerca y en primera persona estos abusos, con que se constituye el centro, desde donde queremos apoyar a quienes, en otros países, son victimas de violaciones a sus derechos.
La situación de Marruecos
Por lo señalado, junto con valorar el trabajo de Human Rights Watch, nos atrevemos a opinar sobre este y otros informes, especialmente cuando alude a países del Magreb, como ocurre con Marruecos, donde estimamos conveniente sugerir que en el análisis, se consideré el contexto histórico y proceso de cambios que se ha vivido durante los últimos años en este país.
En este escenario, la legislación sobre respeto a los derechos humanos, participación ciudadana, un parlamento con todas las tendencias representadas, derechos de la mujer asegurados, protección de la familia y política laboral que condena especialmente el trabajo infantil, son demostrativas de este avance. En cuanto a derechos humanos, uno de sus ejemplos más nítidos es la forma en que se enfrentan los graves atropellos cometidos durante el régimen anterior, cuestión que, junto a reparaciones materiales, otorga espacio y tribuna a las propias víctimas, dando a conocer al conjunto de la sociedad marroquí, a través de los medios de comunicación oficiales, lo que había ocurrido. Algo inédito en este tipo de situaciones. Desgraciadamente otros países, entre ellos Chile, no pueden decir lo mismo, encontrándose todavía en deuda con víctimas de derechos humanos en dictadura quienes, en conocimiento de la solución marroquí, los motivan para ser parte de nuestro centro y conocer más sobre lo que ocurre en el norte de África.
Los cambios
Las reformas para construir una sociedad más justa, democrática  y moderna, a partir de 2011, no se han detenido y esto lo reconoce el informe 2017 donde dice: “Antes de concluir su mandato de 5 años, en agosto de 2016, el parlamento de Marruecos reformó leyes que promueven la libertad de expresión y los derechos de trabajadores domésticos, víctimas de trata y personas con discapacidad”. Sin duda, este reconocimiento, es un paso importante en busca de la objetividad. En esta línea, creemos que el informe, junto a críticas legítimas, también debiera incluir lo positivo de este proceso.
En este contexto pensamos que se debe valorizar avances en materia de derechos humanos y participación ciudadana que, con una clara visión renovadora, han terminado por dejar atrás los “años de plomo” donde, con una mirada de estado, se ha incluido en la solución del problema a los propios involucrados. Pero, como en toda sociedad plural, es importante considerar que hay distintas visiones y matices frente a las reformas, lo que también debe ser considerado en el análisis. No hacerlo podría ir, sin quererlo, en ayuda de quienes se oponen a la democratización y el proceso de cambios. Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch, valorando los avances legislativos ha dicho: “Si Marruecos respetara los derechos en la misma medida en que adoptó legislación para protegerlos, sería realmente el modelo que sus defensores afirman que es”.
Creemos que de eso, precisamente, se trata: respetar derechos y hacer luz ante la opinión pública sobre los cambios producidos pero, para ello, es necesario que quienes cometan abusos lo reconozcan y quienes emiten informes no confundan hechos de hace 10 años, (como ocurre con el informe de 2015) con la etapa actual, pues son ciclos distintos. Para lograr esa objetividad es necesario consultar todas las fuentes y, con ello, evitar que, por falta de información adecuada, una institución tan prestigiada como Human Rights Watch sea vista como parcial, o peor, utilizada por intereses ajenos a su objeto. Esto lo hemos hecho ver y al parecer, por los reconocimientos a lo que realmente ocurre, HRW ha tomado nota de estas observaciones.
El Polisario
Cuando hablamos de utilización política de informes, nos referimos al uso indebido que hace de ellos el Frente Polisario cuyo jefe, además, se encuentra procesado en España por Genocidio, secuestro y atropello a los derechos humanos. Consideramos positivo y un avance en esta materia la referencia de HRW  al secuestro de Maloma Morales que, en su declaración, Human Rights Watch denuncia y condena la responsabilidad del Frente Polisario en este tipo de actividades (secuestros). Por su parte, Sarah Leah Whitson, directora de la ONG también ha dicho: “La falta de acción efectiva del Polisario en estos casos pone en tela de juicio su proclamado compromiso con la igualdad de derechos de la mujer». Además, en declaraciones públicas, HRW recuerda que los dirigentes del Polisario han demostrado «incapacidad para poner fin a situaciones similares que han vivido otras mujeres saharauis».
LA JUSTICIA
En Marruecos, La Constitución de 2011 garantiza independencia del poder judicial frente a otros poderes del estado. Es importante considerar que por el poco tiempo transcurrido desde que se inician las reformas, la mayoría de los jueces han sido parte del antiguo régimen y todavía falta para una comprensión moderna de los cambios producidos. En Chile tuvieron que pasar 20 antes de que se resolviera en favor de las victimas las querellas por violación de Derechos Humanos. Consideramos que el informe 2017, siendo justo en su apreciación general, no considera en particular otros factores en la aplicación de justicia y que se relacionan directamente con la estructura del poder judicial.

También el informe denuncia poca rigurosidad en las investigaciones y parcialidad cuando los acusados de recurrir a apremios ilegítimos para obtener declaraciones pertenecen a la policía, lo que, repetimos, debe mirarse en un nuevo contexto. También afirma que se juzga con prejuicio a los adultos que mantienen conductas íntimas con personas del mismo sexo, aplicando una ley que prevé años de cárcel para el delito de “desviación sexual”. Ante una serie de testimonios recogidos sobre el no cumplimiento de leyes que aseguran respeto a la privacidad de las personas, nos parece necesario hacer presente que lo que corresponde es que se aplique la nueva legislación vigente en Marruecos.
MIGRACION
Un avance importante, como reconoce el informe, es en el  tema migratorio, al valorar la estrategia nacional de 2013 que reforma las políticas nacionales sobre migrantes y solicitudes de asilo donde “la agencia para los refugiados de Marruecos otorgó permisos de residencia por un año, renovables, a más de 500 refugiados reconocidos por la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y a miles de migrantes subsaharianos que no solicitaban asilo, pero que cumplían con los criterios establecidos en el plan de 2013”.
AUTONOMIA REGIONAL Y POLISARIO
Sin duda, capítulo aparte y relevante es lo que ocurre en el Sahara occidental y las actividades del Frente Polisario, que se funda en 1973 en Mauritania, se instala en territorio argelino en 1975 y funda la Republica Árabe Saharaui Democrática el 27 de Febrero de 1976 que, para justificar su existencia como “estado”, construye campamentos en la zona fronteriza conocida como el Tinduf, hasta donde lleva con engaños a personas que a poco andar se desilusionan, pero que ya no pueden salir y deben permanecer secuestradas. Desde entonces y sin ningún respeto por las libertades personales, el Polisario ha ejercido una dictadura brutal, donde no se aceptan opiniones distintas, el derecho a expresarse está restringido y sus dirigentes pertenecen a una elite que administra y dirige desde hace 40 años los campamentos y a quienes viven en ellos bajo el temor y apremios que les infringe este grupo armado que, con la tolerancia de Argelia, mantiene control sobre ellos. Claramente el Polisario, de  frente revolucionario, se transformó en una banda que diariamente atropella los derechos humanos, controla el narcotráfico en la zona, mantiene personas secuestradas y recorre el mundo pidiendo reconocimiento para una república virtual que ni siquiera se encuentra en territorio de Marruecos.
Preocupados por esta situación consultamos a las partes involucradas, donde tomamos conocimiento de la “Iniciativa Marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara”.
La propuesta, que el reino de Marruecos da a conocer en Naciones Unidas el año 2007, claramente busca una solución pacífica para el conflicto y dar, a través de concesiones en autonomía administrativa, política y económica, un corte político y humanitario a esta situación. La idea de que sean los propios saharauis quienes resuelvan sobre su futuro, elijan sus autoridades y administren sus recursos, fue una grata sorpresa para quienes creen en el dialogo y la paz. La propuesta, vista como lógica, humanitaria, generosa  y sensata por diversos gobiernos del mundo, se inscribe en el proceso de reformas que encabeza el propio rey al interior de Marruecos que, con una mirada de futuro, distinta y distante de lo que se hizo durante los últimos 30 años, explican los cambios producidos en esta sociedad árabe que, manteniendo su escala de valores intacto, sin complejos y por la unidad nacional, ofrece esta autonomía regional que ya se quisieran los grupos étnicos de América Latina. Entones es pertinente preguntarse ¿Porque el Polisario no está de acuerdo?
Claramente la respuesta es una sola: Porque quienes apoyan al Polisario tienen otros intereses, que no son los mismos de quienes viven en los campamentos. A ellos, los argelinos, no le importan las condiciones insalubres del Tinduf, ni el sufrimiento de quienes allí se encuentran, tampoco el atropello a los derechos humanos que se cometen a diario sino, bajo un arrugado y descompuesto rostro con maquillaje izquierdista y utilizando mercenarios contratados, busca mantener control sobre el Tinduf  hasta lograr la propiedad de un territorio que por historia, política y moral no les pertenece.
Sin duda estos generales, cuando escuchan hablar de autonomía regional, respeto a los derechos humanos, elecciones libres de autoridades y que los saharauis manejen sus recursos con autonomía de Marruecos es intolerable y, claramente, no lo pueden aceptar, pues amenaza sus verdaderos intereses.
Si a lo anterior agregamos que quienes están detrás del Polisario son traidores a su propia revolución, nacional y libertaria, con un enorme prontuario por crímenes de lesa humanidad y derechos humanos, además de mantenerse en el poder por la fuerza de las armas durante más de 40 años, queda en evidencia su necesidad de mantener y alimentar este conflicto.
Para cualquier observador imparcial no hay punto de comparación, entonces, en el avance logrado en Marruecos, con el régimen militar de Argelia.
Por ello, al conocer la propuesta marroquí de autonomía regional, compararla con la experiencia chilena sobre pueblos originarios, donde 27 comunidades mapuches ya trabajan con nuestra corporación, es nuestra obligación, como ONG que en su objeto contempla su preocupación por minorías, etnias y refugiados, entregar nuestra opinión sobre este informe y apoyar, sin reservas, esta iniciativa que propone la paz en el Sahara occidental, respeto a los derechos humanos, democracia con elección directa de autoridades y recuperar su dignidad como personas para los saharauis que, por esta vía, tienen la posibilidad de construir su futuro, terminando con una situación que los denigra y ofende como seres humanos.
Santiago, Enero de 2017.-
________________________________________________________

Estos apuntes constituyen una respuesta a consultas sobre el informe anual de HRW que involucra al reino de Marruecos, lo que también haremos llegar a nuestros amigos y la oficina de HRW en Nueva York. 

domingo, 13 de noviembre de 2016

Trabajadores emplazan a sus partidos de la N.M. y acusan a La Maoneda de no reajustar como corresponde






Reajuste Público: Frentes sindicales de partidos de la Nueva Mayoría cuestionan a sus presidentes
Ayer una declaración pública de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista. Dicha declaración fue impulsada por la Democracia Cristiana.

AddThis Sharing Buttons
/ Foto: AgenciaUno.
El debate político respecto al reajuste salarial del sector público continúa al rojo vivo por la correlación de fuerzas entre el gobierno y su coalición política. El resultado de la votación en la Cámara de Diputados (97 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno a favor) sigue provocando polémicas.
Ayer una declaración pública, impulsada por la Democracia Cristiana, de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista.
Ante esto, los frentes sindicales de los partidos de la NM emitieron hoy una declaración pública en la que cuestionaron duramente a sus timoneles.
Primero explican que como trabajadores y encargados del trabajo sindical de nuestros partidos entendemos el debate de reajuste del sector público como un tema relevante, no solo por la justa reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también porque apostar por los trabajadores es abrir una puerta para que Chile retome su senda de crecimiento, y además por el impacto que el resultado de esta negociación tiene posteriormente en todas las negociaciones colectivas de los demás sectores del país. Este es el debate de fondo hoy”.
Luego el documento continúa: “Nos parece profundamente inadecuado que los presidentes de partidos difundieran ayer una declaración pública donde intentan poner como centro del debate las diferencias que existen entre los partidos y, en particular, con el Partido Comunista, asumiendo el problema del fracaso en la negociación y votación del reajuste como un tema de lealtades partidarias y/o con el Gobierno, desconociendo las razones que llevaron al rechazo por parte de Parlamentarios de todos los partidos de la Nueva Mayoría a la primera propuesta presentada por el Gobierno, y posteriormente también al veto aditivo”.
En ese sentido, cuestionan que los Presidentes de los Partidos de la Nueva Mayoría, más que entrar en la pequeña disputa por culpables y recriminaciones que, insistimos, en algunos casos pareciera que nada tienen que ver con el debate de fondo o que se está usando como excusa para no enfrentar otros problemasdebieran estar centrando sus esfuerzos en facilitar que se retome el diálogo entre el Ejecutivo y los trabajadores, para buscar un camino viable de resolución al conflicto a la brevedad posible. Ese entendemos que fue el ánimo con que los Parlamentarios rechazaron nuevamente la propuesta presentada por el Ejecutivo el martes pasado, señal que hasta ahora no ha sido recogida”.
De todas formas, también le envían un recado a La Moneda: Por otra parte, consideramos inaceptable la actitud terca del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien definitivamente no ha estado a la altura en ninguno de los debates legislativos en materias laborales que se han llevado a cabo durante su periodo, especialmente en la Reforma Laboral, y que es el verdadero responsable, junto a los Ministros de SEGPRES e Interior, de la innecesaria derrota auto infligida en la tramitación del reajuste del sector público. Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría”.
También fueron tajantes para criticar el violento desalojo que se vivió en la Cámara de Diputados, rechazamos enérgicamente el trato vejatorio del que fueron objeto destacados dirigentes sindicales en el Congreso el pasado martes, cuando fueron desalojados violentamente de las tribunas. Es una situación incomprensible e impresentable en un Gobierno que se declara de centro izquierda y progresista, denuncia el texto.
De igual manera, señalan que tampoco aceptamos que en la declaración de los Presidentes de Partidos se cuestione el derecho a huelga y a paralizar como legítima herramienta de los trabajadores para presionar por sus demandas. Esto es absolutamente disonante con las posiciones que desde nuestro sector se han defendido, particularmente durante la discusión de la Reforma Laboral donde, con todo, igual se logró que se reconociera a la huelga como derecho fundamental”.
Antes de concluír, hicieron un llamado “a que el Gobierno abra las puertas al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Lo que la ciudadanía demanda es que este conflicto termine a la brevedad y ello solo será posible si se retoma el diálogo, tal como lo señaló esta mañana la Mesa de Presidentes del Sector Público, encabezada por la CUT. Nuestros debates como conglomerado y partidos de Gobierno deben hacerse en los espacios que corresponden, y no a costa de la legítima aspiración de los trabajadores y trabajadoras, que ya llevamos más de tres semanas movilizados, pero siempre dispuestos al diálogo y a buscar alternativas de solución”.
Finalmente, concluyen y aclaran que consideramos indispensable reforzar la Nueva Mayoría para seguir avanzando y profundizando en los cambios que requiere nuestro país. Desde los Frentes Sindicales de nuestros Partidos trabajamos día a día para eso, y exigimos de nuestras dirigencias una conducta en consecuencia con esta idea, que es además la única manera de terminar este Gobierno de la mejor forma y proyectarnos para el siguiente periodo con una verdadera fuerza de base social”.
Los firmantes son:
Tamara Muñoz Valenzuela, Frente de Trabajadores IC
Arlette Gay Schifferli, Departamento Nacional Sindical PS
Flavio Garrido Sepúlveda, Frente de Trabajadores DC
Guillermo Salinas Vargas, Comisión Nacional Sindical PC
Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría
Carlos Valenzuela González, Frente Nacional de Trabajadores PR
Luis Mundaca Segovia, Frente de Trabajadores MAS
José Reyes Donoso, Secretaría Nacional Sindical PPD

viernes, 4 de noviembre de 2016

EL PSEUDO SOCIALISMO AMERICANISTA SIGUE EN SU ESCALADA ELECTORAL. SIGUEN LAS FARSAS ELECTORALES, ESTA VEZ EN NICARAGUA DEL PRESIDENTE PEDÓFILO DANIEL ORTEGA

Continue reading the main storyFoto
En las elecciones del domingo, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. CreditEsteban Felix/Associated Press
MANAGUA, Nicaragua — Unos meses antes de la reelección del general Anastasio Somoza Debayle en 1974, mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, suscribió un manifiesto con 26 líderes opositores proclamando que en Nicaragua “No hay por quién votar”. En la víspera de la elección, su periódico, La Prensa, se adelantó a los resultados y tituló con sorna: “Estos ganaron mañana”, detallando incluso los escaños para diputados que serían asignados al partido Conservador, colaboracionista, de acuerdo al sistema pactado de “minorías congeladas” que le aseguraba un tercio de los cargos públicos.
El 10 de enero enero de 1978, mi padre fue asesinado por sicarios de la dictadura somocista. Su muerte desató una inmensa ola de protesta nacional, simbolizando que al cerrarse el espacio político, al país no le quedaba otra alternativa que la rebelión para terminar con una dictadura dinástica.
Casi cuatro décadas después, habiendo Nicaragua recorrido un tortuoso ciclo de revolución y contrarrevolución, guerra civil y agresión externa, transición democrática y regresión autoritaria, la historia se repite como farsa bajo el régimen de Daniel Ortega, el exguerrillero presidente entre 1985 y 1990 que regresó al poder en 2007.
En las elecciones del domingo, Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. Habrá votaciones pero la palabra “elección” no describe el resultado. Bajo un sistema electoral férreamente controlado por su partido el Frente Sandinista, las votaciones se efectuarán sin observación electoral independiente y sin oposición, porque la coalición organizada en torno a la segunda fuerza política del país fue ilegalizada en un acto de fuerza y excluida de participar en los comicios.
Emulando a “los veintisiete” de la época de Somoza, nuevamente surgen grupos de protesta ciudadana proclamando que no hay “por qué, ni por quién votar”. Como en 1974 hay otros partidos, pero han sido cooptados o participan en las elecciones con candidatos ficticios o a quien nadie conoce —“zancudos”, los llamamos los nicaragüenses— que están ahí solo por el incentivo económico. El resultado son unos comicios que más bien se asemejan al ritual de un régimen de partido hegemónico.
El único interrogante a despejar es el porcentaje que obtendrá el voto protesta reflejado en la abstención, único competidor real del régimen, pero aún este dato político será imposible de conocer con certeza en un sistema electoral sin ninguna transparencia. La última encuesta de la firma Cid Gallup, basada en un simulacro de votación, proyecta ganador a Ortega con una intención de votos del 52%, mientras el 42% de los electores dejarían la boleta en blanco. Sin embargo, desafiando esta tendencia, el presidente del Consejo Supremo Electoral ya vaticinó que estas elecciones tendrán “un nivel histórico de participación”, por encima del 75 por ciento de votantes.
Irónicamente, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las elecciones de 1990, permitiendo que Violeta Chamorro, mi madre, se convirtiera en presidenta por siete años, el propio Ortega contribuyó a fundar la democracia electoral al aceptar su derrota, inaugurando el camino inédito de la alternabilidad en el poder. Sin embargo, Ortega y Arnoldo Alemán, el presidente que sucedió a Violeta Chamorro —luego acusado por corrupción—, negociaron en 1999 un pacto que debilitó la tendencia hacia una democracia pluralista al poner al sistema electoral bajo el control político bipartidista. Así el sistema electoral se vació de institucionalidad hasta contaminarse y desplomarse de forma definitiva al asumir Ortega el poder en 2007.
En las elecciones municipales de 2008 se impuso un fraude electoral ampliamente documentado, y en las presidenciales de 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional, nuevamente bajo denuncias de fraude. En los últimos cinco años, ha consolidado una dictadura institucional con un nivel absoluto de concentración del poder, sustentado en una alianza con los grandes empresarios privados a través de un esquema corporativista, y gracias a políticas sociales asistencialistas hacia los pobres, que le han brindado un innegable rédito político.
¿Por qué este caudillo del siglo XXI suprimió el pluralismo político, si, al menos en teoría, podría ganar libremente una elección con el apoyo popular que ha cosechado su gobierno, y de paso blindarlo con legitimidad? La pregunta carece de una respuesta coherente si se pretende evaluar a Ortega bajo estándares democráticos. Pero el cierre del espacio político resulta entendible bajo la lógica de un líder autoritario, cuya prioridad es despejar el camino para los tiempos de vacas flacas sin el subsidio económico de Venezuela ahora en crisis económica y política, y asegurar las condiciones para la sucesión familiar en el poder.
Al cerrar el espacio político, Ortega ha generado costos domésticos y externos. Entre el gran capital y los inversionistas crece la preocupación sobre el impacto negativo del autoritarismo en el clima de negocios, y la amenaza del congreso norteamericano de imponer sanciones económicas en los organismos multilaterales de crédito con la Nicaragua Investment Conditionality Act llamada “Nica Act”, ya aprobada en la cámara baja.
Experto en negociar al borde del precipicio, a última hora Ortega promovió un diálogo político con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a su vez invoca como escudo y estrategia la mancillada Carta Democrática. El diálogo con la OEA no tendrá incidencia en las elecciones del seis de noviembre, pero ha generado expectativas sobre eventuales promesas de reformas políticas a futuro.
No se pueden adelantar conclusiones y lo único claro, por ahora, es que nuevamente Nicaragua tiende a insertarse en el viejo círculo vicioso que intenta compensar la falta de soluciones nacionales a través de la presión externa. La única buena noticia en medio de este panorama de incertidumbre es que la aparente fortaleza de Ortega tiene pies de barro.
Como enseñó la experiencia bajo Somoza, la corrupción y la represión resultante de un régimen personalista que se transforma en dictadura familiar, representan un cóctel explosivo que lo hacen insostenible a mediano plazo. Ojalá que esta vez, cuando renazca la esperanza en una alternativa democrática, los nicaragüenses estaremos preparados para hacer el cambio de forma pacífica.