  *** El secretario general de la OEA, Luis Almagro "lanzó" un contundente "misil" contra CNE que pone en duda a nivel mundial el proceso electoral venezolano.
*** El 6 de diciembre habrá elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela y le cabe a usted una responsabilidad fundamental al respecto. En sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto con garantías para todos….Al defender la democracia y los derechos humanos a elegir y a ser electo, me es imposible dejar de referirme a lo que significa una elección con candidatos proscriptos.
A continuación el texto íntegro del misil:
10 de noviembre de 2015
Señora Tibisay Lucena,
He recibido su amable carta, a la que accedieron algunos medios de comunicación latinoamericanos, en la que lamentablemente se rechaza el ofrecimiento que realizáramos de una observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones parlamentarias a llevarse a cabo el 6 de diciembre de 2015.
Lamento además que el rechazo se fundara en un posicionamiento político y no en los argumentos que hacen a la justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral.
No objeto que Usted muestre una posición política pero supongo que tiene absolutamente claro que el trabajo de justicia electoral trasciende completamente ese tipo de posiciones y requiere ponerse al frente de las garantías exigidas por los partidos, sean del gobierno o de la oposición.
En su carta me reitera que el sistema electoral de Venezuela es extraordinariamente eficiente, pero entiendo que las garantías electorales no refieren únicamente a la eficiencia.
Hubiera esperado que en su carta usted se pusiera al frente de las garantías exigidas y que de la misma surgiera que están cubiertas todas las necesidades de los partidos políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición para asegurar que las elecciones se van a llevar a cabo de una forma justa y transparente.
Si la Secretaria General de la OEA fuera indiferente a los pedidos de la oposición de los países sobre una observación electoral estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo, que es el de respaldar el buen funcionamiento de un proceso electoral para todos los partidos políticos involucrados.
Si la Secretaria General de la OEA fuera indiferente a los pedidos de la oposición de los países sobre una observación electoral estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo
Estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo si no tuviéramos en cuenta las condiciones en que se desarrolla la campaña electoral en Venezuela respecto a las futuras elecciones legislativas. Es preocupante que del análisis de esas condiciones tengamos que concluir que hoy por hoy, las dificultades solamente alcanzan a los partidos de la oposición.
En este escenario todos tenemos algo que ver, ya sea por acción o por omisión, pero ese hecho hace definitivamente a la esencia de su trabajo.
Usted está a cargo de la justicia electoral, usted es su garante. En usted deben confiar todos, todos los partidos, todos los ciudadanos y toda la comunidad internacional porque Venezuela tiene obligaciones con la democracia que trascienden a su propia jurisdicción. Una elección necesita que todos los actores involucrados, ciudadanos, partidos políticos, prensa y sociedad civil en general tengan asegurado el más pleno goce de todos sus derechos civiles y políticos.
Usted nos ha visto insistir para realizar una observación electoral porque es nuestro trabajo velar por la justicia electoral de la región, porque la justicia electoral es requisito para el buen funcionamiento de una democracia y para garantizar el más pleno respecto a los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de sus ciudadanos.
La oposición de su país nos ha pedido reiteradamente que la misma se realice y, como ya lo expresara, las garantías usted se las debe también a ellos, pues su gobierno tiene muchas formas de asegurarse que el resultado sea justo. Y no es que esta sea una pretensión destemplada, es una obligación suya, legal y moral. Es una obligación del CNE pero también es una obligación de la OEA.
La justicia electoral es requisito para el buen funcionamiento de una democracia.
Si yo mirara para otro lado ante el reclamo de la oposición de su país y de la comunidad internacional estaría faltando a mis deberes esenciales. Si usted no dispone de mecanismos que aseguren una observación que tenga las más plenas garantías para su trabajo, usted está faltando a obligaciones que hacen a la esencia de las garantías que debe otorgar.
Su trabajo es velar por elecciones justas y transparentes que se desarrollen con las máximas garantías. Esto implica velar por esas garantías desde meses antes de las elecciones. Es lo necesario y hacer lo necesario es una cuestión de justicia electoral.
Velar por la justicia y transparencia de las elecciones es nuestra obligación también, y no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación. En tal caso estaría siéndolo por omisión, porque por mi inacción estaría dejando llevar adelante medidas que afectan a candidatos y que de tal manera, afectan posibilidades de que todos los ciudadanos elijan libre y plenamente.
Es por lo anterior que le presento a continuación los fundamentos de mis insistentes ofrecimientos de observación electoral, basados en la exigibilidad de condiciones y garantías de justicia electoral. Los mismos representan condiciones del proceso político electoral de Venezuela que me llevan a reafirmar que una observación internacional les brindaría a todos los venezolanos mayor tranquilidad de espíritu a la hora del conteo de los votos.
Condiciones Generales del proceso y la campaña electoral, un terreno de juego desnivelado.
He sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campaña electoral.
En un contexto de elevada polarización política y desconfianza, las autoridades electorales, lejos de garantizar condiciones de plena igualdad entre los postulantes, reproducen el discurso oficial y aumentan la desconfianza del electorado opositor sobre las elecciones e instituciones del país.
Como dijo uno de los líderes políticos del Uruguay de inicios del Siglo XX, Don José Batlle y Ordoñez ”No es que el pueblo nunca se equivoque, sino que es el único que tiene el derecho de equivocarse “. El pueblo tiene que tener las máximas garantías de libertad para expresarse; y los partidos políticos así como los políticos tienen que tener las mayores garantías para ser elegidos. Cualquier obstáculo en este sentido limita la acción política en su más amplia expresión, limita los derechos del pueblo, Los derechos de los partidos y los derechos de los ciudadanos que ejercen la política.
Lo dijo tan maravillosamente Bob Marley: ” What we really need is the right to be right and the right to be wrong”.
Debemos lograr juntos que ese derecho tan elemental de la democracia sea garantido por el CNE de Venezuela. Es esencial que yo lo manifieste.
USO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LAS CAMPAÑAS
También he sido informado que la ausencia de tapes o contra/es al gasto de campaña significa que los candidatos del gobierno pueden, y en efecto lo harían, utilizar recursos. El gobierno, incluso despliega a una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña.
No es inútil recordar al respecto el artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de las altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Al parecer esto se suma a la ausencia de garantías de acceso a las medias de comunicación para aquellas candidaturas que no cuenten con el financiamiento del Estado.
He sido informado que el Estado y el CNE no garantizan igualdad de condiciones a todos las postulantes para la promoción de sus candidaturas y sus propuestas. No existiendo financiación estatal, el oficialismo ha recurrido a utilizar los recursos económicos que administra coma Gobierno Nacional.
CONFUSIÓN EN LAS PAPELETAS ELECTORALES
Se me ha planteado preocupación respecto a eventuales confusiones que podrían generarse en el electorado par la ubicación final que tendrían las partidas postulantes en la papeleta de votación, de acuerdo a lo anunciado por el CNE a fines de octubre. Entiendo que la ubicación en la boleta depende del total de votos que obtengan las partidos par lista. Sin embargo, se me ha informado que al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad (MUD) se ubicó la del partido Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad), partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, que fue expulsado de la MUD y que inscribió candidatos de forma autónoma. La ubicación de la tarjeta, junto al uso de colores y nombres similares podría generar confusión al momento de la votación.
Se me ha informado asimismo que el CNE ha prohibido el uso de colores, símbolos y nombres de otros partidos bajo el argumento de su similitud con otros partidos en la tarjeta. Las similitudes entre la tarjeta de la MUD y de MIN-Unidad van más allá de las colores y símbolos, MIN-Unidad inscribió a última hora un candidato Hamada a Ismael García, quien es un obrero de 28 años de edad sin previa militancia política, para optar a un cargo de diputado. En la boleta electoral, el joven aparecerá al lado de otro Ismael García, quien es un conocido dirigente de la oposición. Incluso el presidente Maduro hizo referencia en cadena nacional de televisión a la tarjeta de MIN-Unidad coma si fuera la tarjeta de la oposición (MUD).
PLAN DE SEGURIDAD, OPERACIÓN LIBERACIÓN DEL PUEBLO
A ello se suma la implementación del plan de seguridad denominado Operación Liberación de/ Pueblo (OLP), el cual ha sido denunciado por diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos por ser responsable de detenciones masivas y de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Igualmente se desarrolla una actividad permanente de amenazas y judicialización a los trabajadores, estudiantes o sectores populares que en la calle expresan su malestar por la situación económica y social del país.
Es preocupante que esa actividad sea además promovida por el Presidente Nicolás Maduro, quien asegura que tendrá mano dura contra quien proteste en el marco de esta coyuntura electoral, así coma par el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien apoya y da difusión a actividades ilegales de espionaje y seguimiento a opositores.
CAMBIOS EN LAS REGLAS DEL JUEGO
La campaña electoral arrancó en 2015 con inhabilitaciones, pero al anuncio de la fecha le siguieron ajustes en cuanto a:
– la distribución de genera
– nuevas inhabilitaciones
– un nuevo cambio que podría afectar la cantidad de diputados opositores: 6 estados que concentran el 52% del Registro Electoral solo podrán elegir 64 diputados, mientras que en los 18 restantes se elegirán 100 diputados. En el Distrito Capital, donde en 2010 se escogieron 13 diputados, esta vez se escogerán 11. El grupo de inhabilitados son reconocidos liderazgos de la oposición
LAS INHABILITACIONES A CANDIDATOS OPOSITORES
A la fecha han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y participar en las elecciones de diciembre 7 individuos:
-el ex gobernador Manuel Rosales (ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Zulia);
-el ex gobernador Pablo Pérez (ex alcalde de Maracaibo y ex gobernador del estado Zulia),
-la líder de oposición María Corina Machado (diputada electa con más votos a nivel nacional en 2010),
-el ex alcalde Daniel Ceballos (San Cristóbal, estado Táchira);
-el ex alcalde Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo);
-Carlos Vecchio (dirigente del partido Voluntad Popular); y
-Leopoldo López, quien ya tenía una inhabilitación anterior y que fue ratificada hasta el 2017.
Las inhabilitaciones solamente operan para dirigentes opositores, quienes muchas veces han tenido problemas para presentar descargos y plantear su defensa. Se han tenido que enfrentar a casos prejuzgados y en los que ninguna posibilidad de defensa es admitida.
Las inhabilitaciones basadas en acusaciones que no han sido sustanciadas en procedimientos en los que consta la existencia de garantías básicas para descargos y defensa limita los derechos del pueblo en cuanto a su posibilidad de elegir. La política debería abrir la puerta para que la ciudadanía se exprese y sea la ciudadanía la que juzgue la acción política que han tenido los inhabilitados.
INTERVENCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS POR EL PODER JUDICIAL
A través de medidas cautelares se suspendió la directiva del COPEi y se nombró un Consejo Directivo nuevo por el Tribunal.
La oposición llega a las elecciones con importantes liderazgos inhabilitados o detenidos, con limitada capacidad para acceder a los medias de comunicación, bajo el escrutinio del sistema de inteligencia del país y con el peso de la interpretación del marco jurídico del país en contra.
No puedo hacer la vista gorda ante hechos concretos que claramente vulneran derechos en el marco de la campaña electoral y al propio proceso electoral:
Ausencia de topes o controles al gasto de campaña,
Acceso desigual a Los medios de comunicación a candidatos del oficialismo y de la oposición,
Nuevas regulaciones sobre la ubicación y características de las papeletas de votación que podrían llevar a confusiones al momento de sufragar,
Implementación de medidas de seguridad que limitan la libertad de expresión,
Judicialización y amenazas a manifestantes pacíficos,
Inhabilitaciones y cambios en las condiciones de distribución de género y de la representación estatal que podrían afectar los resultados electorales y finalmente,
Frente a estos hechos señora Lucena, no podemos mirar para otro lado ni usted ni yo.
Decretos de Estado de excepción y su impacto en el proceso electoral:
En el campo de las garantías para los electores, la situación más grave es la negación de los derechos y garantías constitucionales por vía de la declaración del estado de excepción en 23 municipios de tres Estados del país, en períodos que varían desde el 19 de agosto hasta el 7 de diciembre del 2015.
La justicia electoral es requisito para el buen funcionamiento de una democracia.
La campaña electoral y los periodos de excepción coinciden en lapsos diferentes en todos los municipios limitando los derechos políticos de reunión, organización y movilización, eliminando efectivamente la posibilidad de realizar campaña en dichos municipios.
Los decretos de estado de excepción en 23 municipios de 3 Estados de la República Bolivariana de Venezuela (Táchira, Zulia, y Apure) no afectan directamente las derechos a elegir, a ser electos, ni la organización de las elecciones. En consecuencia no se establecen mediante estos decretos mecanismos legales para que el Organismo Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) u otra entidad del Estado afecten o impidan la realización de las elecciones.
Como usted misma ha afirmado, “las decretos de estados de excepción emitidos por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en ningún momento afectan la es/era de las derechos políticos y civiles de las electoras y las electores relativos al proceso comicial “ya que “las medidas están orientadas a combatir el contrabando de extracción y las delitos contra la moneda nacional “.
La campaña electoral y los periodos de excepción coinciden en lapsos diferentes en todos los municipios limitando los derechos políticos de reunión, organización y movilización
Coincidimos con usted en que no se está afectando directamente el derecho efectivo al sufragio.
Sin embargo, entiendo que los decretos limitan derechos que podrían afectar indirectamente la campaña electoral.
La declaración de estado de excepción restringe, entre otros, los derechos de la inviolabilidad del hogar y todo recinto privado, el libre tránsito en el territorio nacional, de reunión pública o privada sin permiso previo y el de manifestar pacíficamente. Las reuniones públicas y las manifestaciones pacíficas deben ser previamente autorizadas por los funcionarios en quienes se delega la ejecución de los decretos. La delegación de autoridad de los decretos recae en los Gobernadores de los Estados de los Municipios.
Los decretos también establecen que los organismos públicos competentes podrán inspeccionar y revisar el lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales y domicilio de personas jurídicas , entre otras, así como requisas personales y de equipaje, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos sin necesidad de orden judicial previa.
Considerando que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), entiende por campaña electoral las actividades de carácter publico desarrolladas por los candidatos y candidatas que tengan como propósito captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de uno u otro contendiente dentro de un plazo señalado; la declaración de excepción podría afectar la campaña en al menos dos sentidos.
Por un lado, existe un riesgo de concentración de discrecionalidad en los Gobernadores de los Estados, pues se delega en una persona la capacidad de autorizar o no, manifestaciones y reuniones que puedan tener coma propósito captar o estimular el voto.
Los Gobernadores de los Estados del Táchira, Zulia y Apure fueron todos electos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y son parte de la alianza oficialista, lo que incrementa el riesgo implícito en la concentración de discrecionalidad.
El estado de excepción habilita al Presidente de la República a regular, mediante Decreto-Ley, los derechos que han sido suspendidos.
Por otro lado, la posibilidad de ejecutar registros sin orden judicial a cargo de los órganos públicos competentes, podría prestarse a abusos por parte de la fuerza pública con trasfondo político, considerando sobre todo que las casas de campaña son algunas veces recinto de reunión de personas naturales o domicilios de personas jurídicas, lo cual podría generar un clima desfavorable para una campaña electoral justa.
Analizar la correlación de fuerzas políticas y el contexto en las zonas afectadas es importante para sopesar los potenciales riesgos derivados de los decretos de excepción. En las Elecciones Legislativas del 2010 el oficialismo (alianza PSUV) obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional: 98 de 165 curules, pero en los Estados de Táchira, Zulia y Apure obtuvo 9 frente a 18 escaños ganados por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) de los 27 en juego. En las Elecciones Regionales del 2012 el PSUV ganó las gobernaciones de los Estados aludidos y las Elecciones Municipales 2013-14 el mismo partido venció en 14 de los 23 municipios afectados en la actualidad por el estado de excepción.
El estado de excepción habilita al Presidente de la República a regular, mediante Decreto-Ley, los derechos que han sido suspendidos. Por consiguiente, al no haber sido suspendido el derecho al sufragio el Presidente no puede regular ninguno de los aspectos del proceso electoral.
Si bien los decretos de estado de excepción no afectan directamente el derecho efectivo al sufragio, si afectan indirectamente a la campaña electoral al limitar los derechos de reunión, organización y movilización, al concentrar la discrecionalidad de los gobernadores para permitir o no esas actividades y al facultar la ejecución de registros sin orden judicial.
Libertad de Prensa y de Expresión:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha defendido que la libertad de expresión y de prensa es un elemento esencial de la democracia y que cuando ellas faltan se están creando condiciones para la formación de sistemas autoritarios.
Los conceptos que ha manejado la CIDH en cuanto a la necesidad de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones” y que “la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática”. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha defendido que la libertad de expresión y de prensa es un elemento esencial de la democracia y que cuando ellas faltan se están creando condiciones para la formación de sistemas autoritarios.
Asimismo, es “deber del Estado crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluyendo la obligación de investigar y sancionar adecuadamente a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación”.
La libertad de expresión es un derecho esencial del funcionamiento de la democracia, como lo es el derecho al acceso a la información. Ambos deben ser garantizados en su más amplia expresión.
Periodistas de El Universal expresaron que “alarma el creciente cerco comunicacional que se ha venido levantando sobre algunos voceros e instituciones de la sociedad venezolana que representan a importantes sectores que, poco a poco, están quedando al margen del registro noticioso, en detrimento del derecho constitucional a la información.”
En ese sentido y considerando el contexto electoral en Venezuela, preocupa que se hayan censurado artículos sobre conferencias de prensa y actos políticos del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, así como cualquier información procedente de dirigentes políticos de la MUD. Esto habla de una inequidad de acceso a los medios entre los representantes del oficialismo y de la oposición.
Es preocupante que se continúen reportando en gran cantidad amenazas, acosos y violencia contra periodistas y medias en Venezuela.
Podemos enumerar algunos casos como el despido de las periodistas Eliana Andrade del programa de opinión “Polos Encontrados, Ingrid Bravo de FM Center “por presiones del Gobierno”, Génesis Arévalo que fue despedida el IO de junio del diario La Verdad y Mariana de Barros despedida de Globovisión, el despido de José Hurtado quien tenía fueros sindicales, todos estos casos denunciados como despidos por presión política gubernamental de una u otra forma, lo mismo ocurre con los casos de Juan José Peralta o Vanessa Senior; la denuncia de renuncia inducida de Víctor Amaya por artículos críticos al Gobierno, , la cancelación de programas como “Al Rojo Vivo”, de Radio Anaco y 104.3 FM luego de 18 años al aire. Podría seguir mencionándole casos en los que el ejercicio de la libertad de expresión los afectó laboralmente con el despido.
El principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Otros problemas recurrentes para el periodismo que hace planteos opositores es la escasez de papel de prensa, que afectó a varios rotativos del país.
Como lo es también la concentración de medios de comunicación por parte del Estado, sobre todo televisivos, como parte de la realidad política de Venezuela en 2015.
El principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
La falta de renovación de concesiones también ha colocado a medios independientes en situación de absoluta vulnerabilidad en cuanto a que a que operan en un limbo jurídico y están expuestos a presiones directas o indirectas de las autoridades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó el 22 de junio que el cierre de RCTV fue arbitrario y que el motivo era “acallar al medio de comunicación”. Por ello, ordenó al Estado venezolano a “restablecer la concesión de la frecuencia” y “devolver los bienes” que le habían sido incautados, para luego abrir un “proceso abierto, independiente y transparente” para otorgar el uso de la frecuencia.
El Tribunal resaltó que “al realizar el gobierno un trato diferenciado basado en el agrado o disgusto que le causaba la línea editorial de un canal, esto conlleva que se genere un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, ya que envía un mensaje amedrentador para los otros medios de comunicación respecto a lo que les podría llegar a ocurrir en caso de seguir una la nea editorial como la de RCTV”. La Corte consideró que el Estado era “responsable de la violación del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 13 en relación con el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana”.
La condena de Leopoldo López:
Desde hacía tiempo en nuestro continente no se daba que uno de los máximos dirigentes opositores estuviera preso cuando una elección. La última referencia es la de Wilson Ferreira Aldunate en Uruguay en 1984.
En un fallo de primera instancia del 1 de octubre de 2015 se condena a varios ciudadanos venezolanos por hechos ocurridos el 12 de febrero de 2014. Es un juicio oral por lo que buena parte del fallo transcribe las intervenciones de las partes, de los testigos y de los peritos.
Uno de los condenados, el que por otra parte recibió la mayor pena, Leopoldo Eduardo LOPEZ MENDOZA, lo fue por los delitos de: determinador en el delito de incendio; determinador en el delito de danos; autor en el delito de instigación pública; asociación para delinquir.
Por todo ello fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, sin posibilidad de medidas sustitutivas, o sea con “privación de libertad, debiendo permanecer recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares”.
Por todo ello fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, sin posibilidad de medidas sustitutivas, o sea con “privación de libertad, debiendo permanecer recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares”.
El texto del fallo, de más de 280 páginas, comienza señalando que “los hechos objeto del presente juicio …se originaron con ocasión a los sucesos ocurridos en fecha 12 de febrero de 2014, día en que un gran número de manifestantes …entre los cuales (los demás condenados en este fallo) …, en atención al llamado efectuado por el ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza y otros dirigentes políticos del partido Voluntad Popular, este expresándose a través de los distintos medios de comunicación realizó llamados a la calle, los cuales produjeron una serie de hechos violentos, el desconocimiento de las autoridades legítimas y la desobediencia de las leyes, desencadenando se el ataque desmedido por un grupo de personas contra la sede del Ministerio Publico, así como siete carros, de los cuales seis eran patrullas …, al igual que causaron daños, destruyendo la plaza Parque Carabobo, a través de actos vandálicos ejecutados con objetos contundentes e incendiarios”.
La acusación en contra de Leopoldo López fue interpuesta por el Ministerio Público el 4 de abril de 2014, para los que el Fiscal Franklin Nieves expuso los hechos y los fundamentos de la ratificación de la acusación el 23 de julio de 2015. El fallo transcribe su exposición. En ella comienza diciendo que expondrá los hechos y que, según él, la jueza “podrá apreciar cómo este ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza expresándose a través de los distintos medios de comunicaciones sociales, así como las redes sociales y en especial a través de su cuenta Twitter, influyendo en sus seguidores emitió una serie de mensajes lo que desencadenó un ataque desmedido de ese grupo de personas que él mismo convocó para el 12 de febrero…todo lo cual se llevó de una manera premeditada en virtud de que todos estos actos estaban preparados previamente a los fines de su ejecución, crónica de una muerte anunciada ….”.
La acusación en contra de Leopoldo López fue interpuesta por el Ministerio Público el 4 de abril de 2014, para los que el Fiscal Franklin Nieves expuso los hechos y los fundamentos de la ratificación de la acusación el 23 de julio de 2015
Describe luego los hechos: manifestantes que pretenden ver a la Fiscal General, sin éxito, para entregarle una petición, luego discusiones que allí suceden y que terminan en actos de violencia, según él “bajo la mirada complaciente de su líder Leopoldo López, quien se montó en su camioneta y se retiró”. “Una vez que se retira comienza la arremetida contra la sede del Ministerio Público”.
Luego describe daños que se producen e insiste en supuestos: “que hubiese pasado si hubiese sido un día de clases con los niños de la escuela vecina”, etc…y concluye que “todos estos hechos fueron realizados bajo la persuasión y determinación del ciudadano López quien ejerció esta influencia a través de las diferentes alocuciones, discursos, ….mensaje es a través de las redes sociales…para poder desarrollar este plan criminal que ellos se han propuesto con el fin de obtener el poder en Venezuela …”.
Exponen luego los abogados defensores de los distintos acusados. Por Leopoldo López lo hace el abogado Juan Carlos Gutiérrez. Dice entre otros puntos que la fiscalía “no desarrolla, no prepara, no le explica… como se consumaron (los cuatro delitos de los que lo acusa)”. Y ejemplifica en un caso: el de asociación para delinquir (por el que será condenado a ocho años), donde dice que “el Ministerio Público presenta imaginativamente diciendo que él se imagina que detrás del discurso de Leopoldo López hay un grupo de personas que le redactan el discurso, que le financian,…que actúan de manera en común… los hechos relacionados con este tipo penal son total y absolutamente inexistentes, y de igual manera con los restantes cargos…”.
Analiza presunto delito tras presunto delito para concluir que “lo único que se le imputa es la palabra, lo que dijo.
Analiza presunto delito tras presunto delito para concluir que “lo único que se le imputa es la palabra, lo que dijo, y más grave aún no es lo que dijo López, es lo que la imaginación del Fiscal del discurso de López…. y determinador (que es de lo que se acusa a López) es lo que se conoce como el autor intelectual del hecho, ….el determinador no es una conducta que se ejecuta mediante persuasión ni inducción, es una conducta que se ejecuta mediante órdenes …o instrucción directa dirigida hacia un sujeto específico individualizado y determinado …” y detalla numerosas intervenciones de López llamando a la paz, democracia, justicia, etc.
Expone luego Leopoldo López. Refiere a la larga historia de enfrentamientos con el gobierno, fallo de la Corte Interamericana incluido 1, a sus denuncias a las autoridades, y declara “asumo mi responsabilidad de haber convocado a una manifestación pacífica no violenta en el contexto de una protesta nacional. …”. Detalla sus posiciones e insiste en que “el camino que nosotros hemos propuesto (renuncia, revocatorio, asamblea constituyente) está dentro de la constitución”.
Le sigue luego el interrogatorio que le formula la representante del Ministerio Público sobre los hechos del 12 de febrero, su conocimiento, su participación, donde reitera su condena a los hechos violentos ocurridos.
La Fiscalía (Sanabria y luego Franklin Nieves) expuso sus conclusiones las que inicia diciendo que “un político par ambición de poder llegó a cometer hechos delictivos…con un único objetivo…capitalizar políticamente así tuviese que delinquir….y comienza con este ciudadano hacienda llamados a la población diciendo que la salida debía ser violenta”. Aunque inmediatamente precisa que “claro él no lo dijo con esas palabras que la salida debía ser violenta pero….”. Y Nieves concluye que “todos… fueron contestes en que ese día las daños en la sede del Ministerio Público……la participación del ciudadano Leopoldo López no consistió en el mismo lanzar piedras, hormigones, sino que esa determinación provocó que esas personas provocadas por estos mensajes fueran las que reaccionaran…”…”que el discurso conduce a una acción que puede a la violencia coma lo que ocurrió ese día…”. Sobre el delito de instigación pública por las discursos y sobre el delito de asociación para delinquir dice que se realizó un allanamiento en la plaza Altamira donde se encontró “gran cantidad de alimentos, vinagre, miguelitos…”
En respuesta, la defensa de López retoma en detalle los argumentos ya expuestos. Y, por ejemplo, en relación al asunto de la Plaza Altamira menciona que nunca se mencionó a López, que hay vicios en la forma en que fue hecho el procedimiento, etc… El propio López nuevamente se declara inocente, reconoce haber convocado la marcha pacífica y que así se retiraron; las hechos de violencia fueron posteriores y provocados …que en ningún momento instigó a la violencia, que las caminos que propuso para el cambio de gobierno son las que indica la constitución, que no hay vínculo entre él y las daños causados.
Se adjuntan luego las declaraciones de testigos de los hechos, expertos, peritos.
La jueza concluye que:
. “quedó demostrado que un grupo nutrido de manifestantes ….acataron el llamado efectuado por el ciudadano Leopoldo López y otros dirigentes políticos del partido Voluntad Popular, para lo cual el ciudadano Leopoldo López, expresándose a través de los distintos medios de comunicación hizo llamados a la calle los cuales produjeron una serie de hechos violentos, desconocimiento de las autoridades legítimas y la desobediencia de las leyes que desencadenó el ataque desmedido por un grupo de personas que actuaron determinados por los discursos del mencionado ciudadano contra la sede….”.
. Los que “luego del discurso dado por el ciudadano Leopoldo López, una vez retirado del lugar, procedieron a realizar una serie de actos violentos”…
. Que, de acuerdo a lo que opinó un semiólogo, sobre el poder de los twitters los que según el fallo “tales emisiones de mensajes causan en el ánimo de sus seguidores una conducta agresiva, poniendo en peligro la tranquilidad pública” y que de acuerdo a otra semióloga, “a través de sus discursos envió mensajes descalificativos que desencadenaron las acciones violentas…”. De ahí la jueza afirma que es “clara la estrategia fijada por el ciudadano López y su grupo estructurado, de utilizar los medios de comunicación social convencionales y alternativos para darle fuerza a sus discursos de contenido violento, pues su único propósito era desaparecer la tranquilidad pública …”.
. “que el ciudadano López……utilizó el arte de la palabra para hacer creer en sus seguidores que existía una supuesta salida constitucional. ….” y que “envió un mensaje no adecuado a sus seguidores, quienes en su mayoría eran jóvenes…”.
Y la jueza entonces dictamina que:
. “quedo demostrado que los imputados… ….. … determinados por el ciudadano Leopoldo López instigaron a la desobediencia de las leyes, con el fin de que se generara violencia y de esta forma crear el caos…”
. “que el ciudadano….. y otros, determinados por el ciudadano López estuvieron golpeando al portón,…causando destrozos…”
. “que el ciudadano López fue determinador en el delito de instigación pública…..determinó a través del uso de los medios de comunicación social… ….sus discursos de contenido violento, pues su único propósito era desaparecer la tranquilidad pública…”.
. que “el ciudadano……. determinado por el ciudadano Leopoldo López participó y de hecho resultó aprehendido en momentos en que estaba efectuando el incendio de siete unidades…”
. En cuanto a la asociación para delinquir la jueza dice que se trata de un delito “que se consuma por el solo hecho de formar parte de la asociación, independientemente de los delitos que pudiese llegar a cometer”….y que “el requisito subjetivo del tipo está constituido por el objetivo criminal consistente en la finalidad de la comisión de uno o más delitos”. Y que, en este caso, “contó con un grupo estructurado” y “quedó demostrado que el ciudadano Leopoldo López forma parte de una asociación delictiva, siendo su fin iniciar una campaña pública y agresiva contra el Presidente de la República…”.
. y concluye que actuó “sin tomar en cuenta que su llamado no es el llamado de un ciudadano común sino de una persona que mueve masas…”.
Por todo lo cual es condenado por los delitos ya mencionados a la pena de más de trece años de reclusión.
Esta pena es la suma de las siguientes:
a. determinador en el delito de incendio: 6 años
b. determinador en el delito de daños: 1 año y 15 días
c. instigación pública: 4 años y 6 meses
d. asociación para delinquir: 8 años
La jueza dice que hay concurso real de delitos y en base a ello, recurriendo al artículo 88 del Código Penal aplica la pena mayor correspondiente al delito más grave (asociación para delinquir) y le suma de mitad de las demás. Lo que dan los casi catorce años.
Este fallo pone en manos de interpretaciones judiciales muy subjetivas la interpretación de Los discursos políticos opositores y derecho a la asociación que significa la constitución de movimientos políticos.
El derecho a manifestar y el derecho a asociarse con fines políticos están expresamente reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XXI y XXII), así como toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de difusión de su pensamiento (artículo III). Es cierto que todo ello de manera pacífica pero, en este caso, el vínculo entre lo dicho par el líder político y lo que ocurrió posteriormente coma actos violentos se pueden poner en duda, al existir dudas razonables tanto sobre la instigación coma la asociación para delinquir. Dudas que se vuelven más importantes ante las recientes declaraciones del entonces Fiscal Nieves.
Por lo que yo insistiré en la importancia de estos dos aspectos: las garantías para el discurso opositor y para el Libre funcionamiento de Los partidos opositores.
Por lo que yo insistiré en la importancia de estos dos aspectos: las garantías para el discurso opositor y para el Libre funcionamiento de Los partidos opositores.
De la misma manera que considero fundamental traer estas citas de la sentencia de Leopoldo López, también considero fundamental decide que la muerte de 43 personas es un horrendo crimen y es un horrendo crimen callar ante 43 muertos, ante 43 homicidios.
Es un horrendo crimen callar ante la muerte de un estudiante que está manifestando pacíficamente. Es un horrendo crimen callar ante los estudiantes que permanecen encarcelados sin acusación fiscal por el mismo delito de manifestar pacíficamente.
La sentencia contra un líder de la oposición es un asunto de funcionamiento de la democracia, por eso yo mismo insistí en pedir la sentencia, por eso estudie la sentencia y analice el respeto de las garantías durante el proceso.
Por eso usted también debió analizarla. La libertad o condena de todo ciudadano hace al mal o buen funcionamiento del sistema judicial. La sentencia de condena a un líder opositor es una muestra muy grande del funcionamiento de todo el sistema democrático y, por lo tanto, un tema relevante para toda la comunidad internacional y para el hemisferio.
Es ilegítimo que se me pida que no refiera a estos asuntos que hacen a la esencia de un buen funcionamiento del sistema democrático. Si yo no prestara atención o calIara ante los hechos respecto a los cuales hice referencia en la presente, me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de Los principios en que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en la promoción de Los derechos humanos.
Toda esta concatenación de eventos reviste una enorme gravedad en el funcionamiento del sistema democrático. No podemos mirar para otro lado Señora Lucena, ni usted ni yo.
El 6 de diciembre habrá elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela y le cabe a usted una responsabilidad fundamental al respecto. En sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto con garantías para todos.
Al defender la democracia y los derechos humanos a elegir y a ser electo, me es imposible dejar de referirme a lo que significa una elección con candidatos proscriptos.
Proscribir un candidato es denegarle un derecho civil básico a ser elegido y a su vez desde esa proscripción, limitar el derecho civil básico del ciudadano a elegir. Reducir el espectro de posibilidades de elegir en una democracia es limitar las posibilidades de esa democracia.
Recuerde señora Lucena que solamente el pueblo proscribe y proscribe a través del voto
Recuerde señora Lucena que solamente el pueblo proscribe y proscribe a través del voto.
Por todo lo expuesto en esta carta, existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que usted desde el CNE debería garantizar.
Sin perjuicio de ello tengo la esperanza que en el tiempo que queda hasta esa fecha usted pueda brindar soluciones a por lo menos algunas de esas condiciones esenciales, para evitar que las dificultades que ya se plantean en el proceso electoral y en la campaña se trasladen al proceso de escrutinio.
Usted puede y debe corregir esas dificultades, aun cuando sus efectos negativos persistan, porque esa es su función. Desde las herramientas de justicia electoral y desde el derecho, usted debe brindar las garantías para que las dificultades y los problemas puedan superarse.
Desde la acción, usted debe disponer de los instrumentos con los que cuenta para hacer efectivas esas garantías antes, durante y después del momento de la elección, tanto para el gobierno como para la oposición y principalmente, para hacer cumplir la voluntad de los votantes.
El 6 de Diciembre es de todos. La libertad, la democracia y el respeto a Los derechos humanos son valores de todos. Frente a la mas mínima duda sobre el funcionamiento de la democracia, nuestro deber, el suyo Señora Lucena y el mío es dar garantías para todos y no desviar la vista ni hacer oídos sordos a la realidad que tenemos frente a nosotros.
Sinceramente,
Luis Almagro Organización de Estados Americanos Secretario General |
miércoles, 11 de noviembre de 2015
OEA INSISTE ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA ACEPTAR OBSERVADORES Y PONE EN DUDA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL
martes, 10 de noviembre de 2015
MADURO CUAL PINOCHET ACUSADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Denunciaron a Nicolás Maduro por
crímenes de lesa humanidad en
La Haya
El opositor Carlos Vecchio y el abogado de Leopoldo López solicitaron a la
Corte Penal Internacional que investigue al mandatario venezolano y altos
funcionarios por asesinatos, tortura y persecución contra disidentes
MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 • 12:27
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Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gabinete, además de representantes del sector militar y judicial de Venezuela, fueron denunciados hoy ante la Corte Penal Internacional de La Haya por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, tortura y persecución por razones políticas.
Tal como anticipó LA NACION, el coordinador político de Voluntad Popular exiliado, Carlos Vecchio, el letrado del líder de Voluntad Popular encarcelado Leopoldo López,Juan Carlos Gutiérrez, en representación de familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, junto al abogado argentino Francisco José Quintana presentaron hoy a las 15 (11 en la Argentina) un escrito de 190 páginas en la Oficina del Fiscal de ese tribunal para pedir que se investiguen los casos de violencia "sistemática y generaliza" por parte del Estado contra la población civil de Venezuela en las protestas contra el gobierno quecomenzaron en febrero de 2014.
El documento solicita que la fiscal Fatou Bensouda, de Gambia, dé curso a un examen preliminar sobre los "presuntos crímenes cometidos por funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela al menos en el Distrito Metropolitano de Caracas y en los estados de Aragua, Táchira, Carabobo, Mérida, Lara, Zulia y Miranda, desde comienzos de febrero de 2014".
"Ya consignamos el documento formalmente ante la Oficina de la Fiscal", dijo Vecchio telefónicamente a LA NACIONal salir de la reunión en el tribunal de La Haya. "El plazo [de análisis de la denuncia] puede ser de dos meses a dos años. Pero nosotros llamamos la atención de lo urgente, lo importante del asunto, de cara a las elección [parlamentaria] y las amenazas de Maduro", puntualizó Vecchio, quien en febrero de 2014 fue acusado, igual que Leopoldo López, por los crímenes de incendio, incitación pública, daños y asociación para delinquir. Tras 108 meses escondido en su país, huyó, y actualmente vive en Miami.
La denuncia subraya que "el pedido de examen preliminar es considerado urgente a la luz de las próximas elecciones [parlamentarias] en Venezuela del 6 de diciembre de 2015 y las amenazas realizadas por Maduro" en caso de que el oficialismo pierda, el escenario más factible según las últimas encuestas, que le dan una ventaja de hasta 30 puntos a la oposición, en medio de una fuerte crisis económica en el país.
En las últimas semanas, el mandatario bolivariano advirtió que si el chavismo pierde las elecciones legislativas, "el país entrará en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política" y que "la revolución pasaría a gobernar con el pueblo" y en "unión cívico-militar".
Accedé en este link a la denuncia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentada hoy en La Haya (en inglés)De qué se los acusa
La denuncia se basa en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que Venezuela ratificó en el año 2000, y que tipifica al crimen de lesa humanidad como "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". De los delitos enumerados en dicho artículo, Vecchio y Gutiérrez esperan que se investigue a figuras del chavismo por:
asesinato (artículo 7a);
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (7e);
tortura (7f);
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos (7h);
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (7k)
En ese sentido, el texto apunta que "hay una gran cantidad de información fiable y corroborada de fuentes disponibles que demuestra que el gobierno de Venezuela, bajo el liderazgo del Presidente Maduro, ha adoptado una política estatal para atacar a parte de la población civil percibida como disidente para prevenir, restringir, monitorear, castigar a disidentes y encubrir crímenes con el fin de retener el poder bajo cualquier medio, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad".
"Conforme a esta política, desde comienzos de febrero de 2014, las fuerzas de seguridad nacional del gobierno de Venezuela, bajo el control de jure de Maduro, y paramilitares armados pro-gobierno, bajo el control de facto de Maduro, perpetraron un ataque generalizado y sistemático contra los civiles percibidos como disidentes", agrega el texto, que expone como consecuencia de esos ataques:
la muerte de entre 33 a 36 civiles desde febrero de 2014, según Amnistía Internacional y Foro Penal Venezolano, respectivamente.
el encarcelamiento de entre 3351 a 3758 de personas arrestadas en protestas desde febrero de 2014. Foro Penal reportó que al menos 638 casos de arrestos arbitrarios se trataban de individuos que fueron liberados luego de haber sido detenidos sin siquiera ser sometidos ante una corte, tal como lo requiere la ley.
la tortura de 437 individuos durante las protestas conforme a datos del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, y 138 casos de tortura o de trato cruel e inhumano durante las detenciones registrados por Foro Penal.
otros actos inhumanos infligidos en al menos 878 civiles lesionados desde febrero de 2014, conforme a fuentes oficiales de los cuales, 138 sufrieron heridas de balas, 330 de perdigones, 72 personas fueron apaleadas, 34 sufrieron lesiones provenientes de objetos contundentes, y los restantes 280 heridos sufrieron lesiones de diversa índole.
la persecución de un número significativo de civiles percibidos como fascistas, incluyendo líderes políticos, activistas políticos, empresarios, propietarios de medios de comunicación, empleados, periodistas y empleados de los medios de comunicación como también líderes y abogados de derechos humanos y ONGs, quienes han sido víctimas de serias y reiteradas amenazas y atentados contra su vida y libertad sobre la base de sus creencias políticas. El texto aclara que "el número exacto de casos no están confirmados debido al temor de denunciar la victimización y la ausencia de remedios judiciales adecuados".
Doce casos por los que acusan al chavismo de crímenes de lesa humanidadA quiénes apuntan
Si bien la lista con los nombres de los acusados es confidencial, Vecchio adelantó a LA NACION, incluye a "ministros, gobernadores, miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía y militares de jerarquía".
En el texto se vislumbran ciertos nombres a los que señalan como responsables de algunos ataques, siempre bajo la orden de Maduro, de quien subrayan que controla al poder legislativo, judicial, las fuerzas policiales, militares e incluso paramilitares (los denominados colectivos).
"Los miembros de la Policía Nacional (bajo el comando del Comandante Manuel Eduardo Pérez Urdaneta), la Guardia Nacional Bolivariana (bajo la dirección del Gral. Antonio José Benavides Torres), el SEBIN (bajo la dirección del Gral. Manuel Gregorio Bernal Martínez del 24 de enero al 17 de febrero y posteriormente del Gral. Gustavo Enrique González López), diversas agencias policiales bajo las órdenes de los Gobernadores de los estados relevantes, incluyendo al Gobernador de Carabobo, Coronel Francisco Ameliach; el Gobernador de Aragua, Tareck El Aissami; el Gobernador de Táchira, Capitán José Gregorio Vielma Mora, y el Gobernador de Mérida, conjuntamente con los paramilitares armados pro-gobierno bajo el control de facto del Poder Ejecutivo, y en particular del Presidente Maduro, abrieron fuego disparando municiones reales indiscriminadamente contra las multitudes, como también balas de goma y gas lacrimógeno deliberadamente a corta distancia contra individuos, causando entre 33 y 36 muertes desde febrero de 2014, conforme a Amnistía Internacional y Foro Penal respectivamente", dice un fragmento del texto.
Urdaneta, Benavides, Martínez y González López fueron sancionados este año por Estados Unidos por abusos de los derechos humanos.
El texto también menciona a funcionarios de alto rango del gobierno bolivariano, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en un tuit del 16 de febrero lanzó un llamado a un "contrataque" ante los manifestantes.
También apuntan al Poder Judicial -en especial, a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz- y afirman que hay un "clima donde los actuales miembros del Poder Judicial son o leales o actúan en temor a la presión de la presidencia".
jueves, 5 de noviembre de 2015
RECOLETA CONTRA LA MAFIA FARMACÉUTICA
Publicado: 05.11.2015
En Recoleta una farmacia municipal aplicó una fórmula para entregar medicamentos hasta 20 veces más baratos. Su primer efecto: demostrar que la industria ha abultado por décadas los precios. El modelo se empieza a replicar por el país. ¿Qué tan real es la amenaza de las farmacias municipales para un negocio donde el 90% del mercado lo controlan tres grandes cadenas? CIPER le cuenta aquí cómo opera el sistema de integración vertical con mínima regulación que permite a las farmacias dominar no solo las ventas de medicamentos sino también su distribución, y junto a los laboratorios fijar sus precios. -¿Cuántas comunas de las que están acá representadas compran medicamentos para sus vecinos a través de sus direcciones de Desarrollo Comunitario a las grandes cadenas de farmacias que están coludidas? –fue la pregunta.
Marcos Fernández
-Todas las comunas estamos gastando dinero, así que lo que aquí planteamos es que esos mismos recursos los gastemos de una forma mucho más eficiente: ocupando un canal de compras municipal a través del mecanismo de la farmacia popular.
Era el viernes 30 de octubre por la mañana, y Fernández era uno de los principales expositores del seminario “Creando Farmacias Populares”, organizado por la Municipalidad de Recoleta. Él era el encargado de explicar en detalle el innovador modelo que el alcalde Daniel Jadue (PC) está llevando a cabo para permitir a los habitantes de su comuna que cuenten con Ficha de Protección Social, acceder a medicamentos que no están disponibles en los consultorios y a un valor que promete ser un 70% más bajo que el precio de mercado o incluso más.
Una apuesta cuyo primer efecto ha sido demostrar cómo las utilidades de la industria de fármacos han abultado excesivamente y sin control los precios de los medicamentos en Chile. De allí que, si el proyecto de Jadue logra consolidarse y extenderse a otros municipios, facilitará a la población el acceso a fármacos de alto costo, mejorará la economía de los hogares al reducir su gasto en salud e impactará en la eficiencia del uso de los fondos municipales al permitir la reasignación de recursos.
Basta mirar el cuadro de precios comparados que preparó la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Recoleta para entender por qué el nuevo programa social ha generado tanto interés en municipios de todo Chile y, a la vez, el rechazo de la industria farmacéutica.
Por ejemplo, el Hidronorol-T es un antihipertensivo y diurético que en las tres grandes cadenas de farmacias –Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand– se vende entre $104 mil y $136 mil. En la farmacia municipal de Recoleta, los usuarios inscritos podrán conseguirlo pagando diez veces menos: $10.000. El Dazolin es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer que en el mercado cuesta entre $58.880 y $73.890, pero en la nueva farmacia municipal de Recoleta se va a entregar a sólo $16 mil. Y el Ipran, un antidepresivo que las farmacias privadas venden entre $38.640 y $41.490, con la iniciativa de Jadue se podrá adquirir a $2.280.
-Cuando vemos la diferencia de valores y nos encontramos con precios aumentados en un 1.000% o incluso más, y sabemos que esto es lo que puede extender y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, fundamentalmente de las personas mayores, acercarles una farmacia municipal deja de ser sólo una posibilidad y se convierte en un imperativo ético y moral –dijo el alcalde esa misma mañana al dar inicio al seminario.
Aunque el equipo que comanda Daniel Jadue demoró cerca de un año y ocho meses en estudiar, diseñar, desarrollar y poner en marcha el proyecto, el modelo es bastante simple. De partida, no es una farmacia común y corriente, sino que un programa social del municipio. No estará abierta a todo público ni funcionará todos los días: la autorización que le dio el Instituto de Salud Pública (ISP)para operar señala que sólo abrirá tres veces a la semana entre las 12:00 y 16:00 y que únicamente podrá suministrar medicamentos a “los usuarios inscritos en la Dirección de Desarrollo Social” de la municipalidad (ver autorización).
Tampoco venderá los fármacos que tenga en stock, sino que funcionará sólo como un canal de compra y dispensa, sin fines de lucro. O sea, como un simple intermediario para que los cerca de 1.500 vecinos que ya se han registrado compren barato sus remedios. Ni siquiera los gastos operativos, que bordean los $4 millones mensuales –según aseguró Marcos Fernández a CIPER–, se traspasarán a los precios: es un costo que asumirá el municipio como una subvención.
A pesar de que tendrá a disposición el petitorio mínimo que el ISP exige a cualquier farmacia para poder funcionar, será en bajas cantidades, y sus principales esfuerzos estarán destinados a conseguir los fármacos que demanden sus beneficiarios a través de recetas médicas. Es un modelo cooperativo: primero se reúne la demanda para luego, en base a esas necesidades, salir a buscar la oferta al mejor precio posible. La clave está en eso último: cómo acceder a medicamentos a bajo costo.
Daniel Jadue
Pero también es en ese punto donde las farmacias privadas ven en el nuevo modelo una amenaza a su negocio. Lo consideran anticonstitucional, una competencia desleal. Hasta ahora sólo han levantado la voz las farmacias de barrio, que en total suman unos 1.463 locales en todo el país. A las otras 1.492 que pertenecen a alguna de las tres grandes cadenas –condenadas por colusión de precios en 2008–, que concentran más del 90% de las ventas netas del mercado y que controlan cada peldaño en la escala de distribución y venta y, por lo tanto, los abultados precios finales, las farmacias municipales -como la de Recoleta- ni siquiera llegan a hacerles cosquillas.
LA DOBLE CARA DEL MERCADO
En Chile hay dos mercados completamente distintos para los medicamentos: el público y el privado. El origen, en todo caso, es el mismo. Son los mismos fármacos y los mismos laboratorios que los producen. En muchos casos, son incluso las mismas marcas. Solo el precio es diferente. Una brecha de hasta un 3.000%, según la denuncia que en julio de 2015 hicieron los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Farmacéuticos. De ahí proviene la diferencia de precios que detectaron en la Dideco de Recoleta. Los baratos son los que adquiere Cenabast, la entidad encargada por ley de comprar medicamentos e insumos clínicos que abastecerán de forma exclusiva a hospitales, consultorios y centros de salud administrados por el Estado. Los otros, los que llegan a las farmacias para satisfacer la demanda privada de la ciudadanía, son los caros.La diferencia se explica por la lógica que rige el sistema: las reglas del mercado. Los laboratorios farmacéuticos, concuerdan varios expertos consultados por CIPER, buscan siempre obtener la mayor rentabilidad posible en cada uno de los escenarios donde les toque jugar. Y como en Chile el precio de los medicamentos tampoco está sujeto a regulación, la venta en farmacias escapa a todo control.
Si Cenabast logra precios reducidos es porque compra mediante licitaciones donde los valores de oferta son públicos e involucra enormes volúmenes de productos. La regla es del todo o nada: el que gana se lleva toda la demanda del Estado. Y frente a ese sistema, los laboratorios optan por reducir sus posibles ganancias, bajar los precios y asegurar la venta. Muy distinta a la ruta que siguen los fármacos que llegan a los estantes y góndolas de las farmacias privadas.
-La Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP) han renunciado a regular este mercado. Se refugian en una labor técnica y no han desarrollado las competencias necesarias como en otros países, donde las agencias sí se preocupan del modelo de acceso a medicamentos antes de aprobar su venta, abordan los precios o tienen sistemas de reembolso a través de seguros de salud que les permiten contenerlos. Pero como en Chile nadie reembolsa nuestros gastos en medicamentos, nadie regula el precio y éste se termina regulando por lo que los pacientes están dispuestos a pagar. Y eso lo determinan los mismos actores que controlan un mercado altamente concentrado en cada uno de sus niveles –explica Juan Pablo Morales, químico farmacéutico y director ejecutivo de la ONG Políticas Farmacéuticas.La libertad para fijar precios tiene que ver con la estructura de la industria. Antes de llegar a las manos del consumidor, los medicamentos pasan por tres etapas: producción, distribución y dispensa. “El problema es que en cada nivel hay muy pocos actores que concentran una alta cuota del mercado”, agrega Morales. Y en cada uno de ellos el precio se infla un poco más.
FIJACIÓN DE PRECIOS: EL TRIPLE MARGEN
La primera etapa es cuando el fármaco sale del laboratorio. Si hubiera muchos oferentes, los precios tenderían a bajar, pero eso no ocurre en este mercado. Salvo en el caso de los genéricos, la oferta la manejan monopolios controlados por quienes poseen las patentes de los fármacos, u oligopolios conformados por los muy pocos actores que son capaces de producirlos.Desde esa posición, los laboratorios componen sus precios en parte por los costos de producción, pero también por el retorno esperado a la innovación y los gastos en marketing y posicionamiento de ese medicamento en el mercado, incluyendo los incentivos para la prescripción de médicos y personal de farmacias. Se calcula que el 40% del precio final de venta corresponde a ese tipo de costos asociados. Por eso, sobre todo cuando son únicos productores, fijan precios con utilidades altísimas. Ese es el primero de los tres márgenes que influyen en los elevados precios que pagan las personas por un medicamento: las ganancias de los laboratorios en su venta a los distribuidores mayoristas, las llamadas droguerías.
Constituyen la etapa intermedia entre que el medicamento sale al mercado y llega a los puntos de venta. Según los registros del ISP, son cerca de 150 las droguerías que operan en el país, pero al final son sólo tres o cuatro las que dominan este tramo de la cadena. En una presentación elaborada en 2014 sobre la evolución del mercado farmacéutico, el actual subfiscal nacional económico, Mario Ybar, se refiere a ellas como “el cuello de botella” de la industria. Como están verticalmente integradas con las grandes cadenas de farmacias, es a través de ellas que Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand ejercen su poder en el mercado a través de la negociación directa con los laboratorios y el control de los precios. Las droguerías son el corazón de su negocio, y es precisamente el área más desregulada de la cadena.Su dominio se basa en el volumen de compra y su espalda financiera. Es simplemente economía de escala: con un patrimonio mayor, pueden comprar en grandes cantidades; y al aumentar la demanda, obtienen un mejor precio de los fabricantes. Es desde esa posición privilegiada que las cadenas quedan con el sartén por el mango.
Un informe elaborado en 2010 por el consultor argentino Carlos Vassallo (a pedido del Minsal), señala que gran parte del valor final que se le asigna a un fármaco se define en este nivel, sobre todo a lo que se refiere a su accesibilidad y garantía del suministro. Eso les permite manejar el precio y establecer un segundo margen de utilidades: las que provienen de las transacciones entre las distribuidoras y las farmacias, que son al final empresas relacionadas. ¿Qué porcentaje representa del precio final del medicamento? No se sabe con certeza.
Manuel Espinoza es médico, doble magíster en Epidemiología y en Bioestadística, master en Economía de la Salud y doctor en Economía de la Universidad de York, en Inglaterra. Es también académico de la Universidad Católica, asesor científico en el ISP y coordinador técnico del Observatorio Nacional de Medicamentos de esa institución. El estudio de cómo se comporta el mercado farmacéutico es su especialidad. Pero nunca ha tenido acceso a los datos que le permitan calcular el impacto de esta etapa en el precio final de los medicamentos. Así lo señaló a CIPER: “No hay información fidedigna disponible porque no hay transparencia en el mercado”.
El director del ISP, el doctor Alex Figueroa, también reconoce que, a pesar de que la información sí existe, está en manos de las empresas: es privada y el instituto que dirige no tiene las atribuciones para obtenerla. Lo que sí se sabe es que el tercer margen de ganancias que infla el precio de los medicamentos es precisamente el que surge de la venta final en las farmacias. Y que en todo el proceso el valor del medicamento puede llegar a elevarse hasta 20 veces.
Toda esa cadena es la que se ha saltado el alcalde Daniel Jadue con la farmacia municipal en Recoleta mediante su asociación con Cenabast. La fórmula que garantiza precios bajos a los vecinos de su comuna. Algo que las farmacias independientes no pueden hacer, ya que por ley están impedidas de comprarle a Cenabast. A ellas no les queda más que jugar bajo las reglas que ponen las grandes cadenas que dominan el mercado. Y ahí, quien lleva la batuta, es Cruz Verde y su empresa matriz, la droguería Socofar.
-Socofar compra a los laboratorios y vende a las mismas farmacias a un precio que es siete veces su valor. Y eso que es parte de una de esas cadenas de farmacias. Lo que hace es usar la misma estrategia de las inmobiliarias en la educación superior: es gente que está encubriendo utilidades con distintas razones sociales –acusó el alcalde Jadue durante el seminario del 30 de octubre en Recoleta.
EL IMPERIO DE LA CRUZ VERDE
No todas las cadenas de farmacias son igual de grandes. La muestra más visible está en el número de locales en el país: Salcobrand tiene 412, Ahumada 440 y Cruz Verde 640 (ver datos del ISP). En otras palabras, Cruz Verde controla el 21,8% de los puntos de venta de fármacos en Chile. Pero la mayor diferencia tiene que ver con su posición dominante en el mercado de la distribución. Cada una tiene su propia droguería. En el caso de Salcobrand y Ahumada, son exclusivas: sólo compran para surtir a su propia red de farmacias. No así Cruz Verde, que a través de Socofar se ha convertido en el principal proveedor de la industria, tanto para su propia red como para farmacias independientes. Ya en 2010 se estimaba que manejaba el 20% de la oferta mayorista. No hay datos más actualizados.El negocio de Socofar partió a mediados de los ’50 como una pequeña distribuidora para la Farmacia Munnich, que la familia de Guillermo Harding Alvarado tenía en Valparaíso. Casi 30 años después, cuando Harding creó la primera Farmacia Cruz Verde en Viña del Mar, no lo hizo como persona natural, sino que a través de Socofar. Para entonces, la regulación de los precios de los medicamentos por parte del Estado y las barreras para el ingreso al negocio ya eran una barrera superada. Desde ahí comenzó la construcción de su imperio.
Primero fue algo local. Un reportaje de revista Qué Pasa señala que para 1992, Cruz Verde ya lideraba las ventas en la V Región, y que fue su dueño, Guillermo Harding, quien desató la primera gran guerra de precios de la industria farmacéutica. Fue en respuesta al desembarco ese mismo año en Viña del Mar de las farmacias Ahumada, Salco y Brand –que hasta 2001 fueron dos empresas distintas–, lo que Harding consideró una “invasión de su territorio”.
Fue también la primera colusión de precios de las cadenas (ver reportaje de CIPER). Todo terminó al año siguiente en la FNE: la farmacia de Harding confesó que había participado “presionada” en una coordinación de precios con la competencia y las cuatro empresas fueron multadas.
Ese mismo año, Cruz Verde aumentó considerablemente su capital: pasó de $35 millones a $1.500 millones. Su matriz Socofar, ya tenía un fondo social que superaba los $10.000 millones. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido.
Las claves de su expansión han sido su sistema de franquicias y los precios diferenciados. Así lo señaló Mario Ybar en su presentación para la FNE: Socofar ofrece a las farmacias descuentos por volumen de productos. Para acceder a ellos, les exige el uso de la marca Cruz Verde. Si no están de acuerdo, no hay problema y pueden comprarle a precio de mercado, mucho más caro. Pero si éstas acceden, aceptan también dos cláusulas que cierran aún más el mercado: no pueden vender su local sin autorización de Socofar ni comprar medicamentos a otras droguerías.
Guillermo Harding
Cuatro años después, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Cruz Verde y Salcobrand por la colusión –aunque desestimó la acusación por el convenio de venta–, Harding ya había agregado a su grupo de empresas la cadena de productos de perfumería y belleza Maicao y había expandido sus operaciones de venta mayorista y minorista de medicamentos a Costa Rica y Colombia. Poco después se retiraría de Costa Rica y, en Chile, se ampliaría al mercado de la salud oncológica, lo que nuevamente le significó una investigación de la FNE.
A marzo de 2014, tras dividirse en dos sociedades distintas, sólo el capital de Socofar ya superaba los $33.000 millones. Un año después, Harding recibió distintas ofertas de compra desde el extranjero. De nuevo se prendieron las alertas en la FNE. Tras meses de negociaciones y un due diligence que valorizó al holding en US$ 998 millones, en agosto de 2015 el grupo mexicano FEMSA adquirió el 60% de la propiedad, haciéndose del control de su red de farmacias en Chile y Colombia, de las perfumerías Maicao y del laboratorio Mintlab. Pero Harding sigue allí, con el 40% de las acciones y la presidencia del directorio. Según un artículo de La Tercera, es parte de su plan para seguir expandiéndose por Sudamérica.
“¿Por qué no hay mayor regulación en este mercado?”, se pregunta Juan Pablo Morales, de la ONG Políticas Farmacéuticas, y esboza una respuesta:
-Para entenderlo, hay que mirar la cantidad de interrelaciones que existen entre laboratorios, distribuidoras y farmacias. Ninguno de esos actores se dedica de forma exclusiva a su negocio. Tienen un paraguas enorme de inversiones anexas. Están tan interconectados que su posible regulación afecta la rentabilidad y el funcionamiento de muchas otras industrias asociadas con intereses ligados al poder económico del país. Un poder altamente concentrado y que se relaciona muy estrechamente con la clase política. La no regulación no se debe entonces a falta de evidencias. Sólo los escándalos han permitido que se regule el sistema. Cuando no los hay, la incapacidad y falta de competencia de las instituciones, más la falta de voluntad política del Estado, provoca que no haya una regulación preventiva.
DOS INICIATIVAS PARA ABRIR EL ACCESO A FÁRMACOS
Las farmacias independientes son las más afectadas por cómo funciona el sistema. Como no tienen capacidad de compra en grandes cantidades, sus posibilidades de acceder directamente con los laboratorios o los distribuidores a precios competitivos son escasas. Por eso, generalmente tienen los precios de venta más altos. Eso ocurre a pesar de que la misma Ley de Fármacos establece que laboratorios, importadores y distribuidores de medicamentos “no podrán realizar prácticas que impliquen discriminar a las farmacias o almacenes farmacéuticos en razón de su tamaño o por no pertenecer a una cadena de farmacias o a una asociación o agrupación de compra”.
A juicio de los representantes de la Asociación de Farmacias Independientes, los principales opositores a la farmacia municipal de Recoleta, ese artículo de la Ley de Fármacos es el que todas las instituciones regulatorias del Estado se han negado a fiscalizar.Las farmacias de barrio también se hicieron presentes en el seminario del 30 de octubre en Recoleta. En la ronda de preguntas, una mujer cogió el micrófono e increpó al alcalde Daniel Jadue. Le dijo que ella era representante de esa asociación de empresarios farmacéuticos y que consideraba que su modelo de farmacia popular era una amenaza a su negocio, sobre todo si llegaba a replicarse en otras comunas del país. Aseguró que no era legal, ya que los municipios están impedidos por ley a realizar actividades comerciales y que su política se había olvidado de incluir a su sector, renunciando a buscar una asociación con ellos y generándoles, en cambio, competencia a precios que ellos jamás podrían alcanzar.
Jadue fue tajante en su respuesta: que no era ilegal pues no había comercialización, que no es que los hayan olvidado sino que simplemente el foco del programa siempre fueron los vecinos y no los comerciantes de farmacias, y que si no podían comprar a Cenabast, no es problema de él ni del municipio, sino que es algo que deben resolver los parlamentarios en el Congreso.
“Avanzar hacia un mejor acceso a precios razonables”. Ese el objetivo del Ministerio de Salud, desde donde hace meses se viene anunciando que abogará para que Cenabast pueda abrirse a la venta directa a farmacias independientes y de barrio. Así lo dijo a El Mercurioel subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, a fines de julio de 2015. Que presentarían una indicación al proyecto de ley que se tramita en el Senado desde marzo y que pretende regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.
Pero eso no ha ocurrido. El proyecto duerme sin urgencia en el Congreso.
Otra iniciativa es la que surgió al interior del ISP: una mesa de trabajo compuesta por economistas de la salud, abogados y ex directores del instituto y de Cenabast para generar un diagnóstico respecto a las barreras de acceso a los medicamentos en la población. El director de la entidad, Alex Figueroa, dijo a CIPER que es un proyecto que aún está en etapa inicial, que apenas se han reunido dos veces, y que pretenden revisar la información del mercado, comparar la realidad chilena con otros países y, en un plazo de un mes, generar propuestas que puedan enviar al Minsal.
Lo que se busca es diseñar políticas que permitan garantizar el acceso a medicamentos a la población y posiblemente establecer un mecanismo para monitorear y controlar los precios del mercado. Una regulación inédita en las últimas cuatro décadas.
Mientras todo eso se discute y se dilata, el germen que se plantó en Recoleta se empieza a expandir por el país. En Calama ya anunciaron la instalación de la primera farmacia municipal del norte. En Puerto Montt prometen instalar dos sucursales en Alerce, Mirasol o en el centro de la ciudad. En Valparaíso y Frutillar también pretenden replicar el modelo, y en Talagante, San Felipe, Panguipulli, Huechuraba y Tocopilla, sólo por mencionar algunos, la propuesta ya está en discusión.
-He tenido visitas de más de 30 municipios que ya están empezando los procesos. A nosotros nos tomó un año y ocho meses porque había que atreverse a mirar distinto, buscar la fórmula, innovar y ejecutar –dijo Jadue.
lunes, 2 de noviembre de 2015
VENEZUELA SIN DEMOCRACIA NO HAY ECONOMÍA
VENEZUELA TIENE LOS PEORES INDICADORES ENTRE PAÍSES DE UNASUR
*** La inflación más alta, el decrecimiento más acelerado, una abultada deuda externa y la merma en la capacidad manufacturera configuran la crisis, advierte el Latin Focus Consensus
*** El economista Víctor Álvarez afirma: “Estamos pagando las consecuencias de las distorsiones que creó el propio gobierno. La más grave fue la generada por la prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio, que estimuló toda clase de importaciones y que prácticamente barrieron con la producción nacional. Hay un colapso en los precios y un aparato productivo desmantelado que ni siquiera puede suplir la demanda nacional”. El experto Alfredo Puerta señala que se agotó el poder que le otorgaban los altos precios del petróleo: “Ahora necesita la ayuda del bloque regional”.
Venezuela presenta los peores indicadores económicos entre los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas. Tiene la inflación más alta, la caída del crecimiento más severa, una de las deudas externas más grandes y ha mermado la capacidad productiva de la industria manifacturera, según cifras oficiales del Latin Focus Consensus.
Su liderazgo, basado en la capacidad de lograr acuerdos financieros y de intercambio comercial con sus socios aliados, ya no existe. “Hoy Venezuela ni siquiera tiene la capacidad para ejercer el liderazgo en la Unasur con el fin de impulsar los procesos de integración. Esto es consecuencia de haber administrado mal la abundancia de la riqueza petrolera. No tenemos ni cómo pagarle a nuestros socios del bloque y por eso la escasez”, señala el economista Víctor Álvarez.
Cuando se analiza el producto interno bruto cantidad de bienes y servicios que produce una nación en un año Venezuela presenta la peor caída, 6,6%, de todas las economías de la Unasur, seguida de Brasil con una recesión de 2,4%.
Bolivia es la economía con mayor crecimiento en el bloque y se espera que cierre el año con un PIB de 4,5%. Paraguay muestra indicadores positivos con 3,9%, Colombia crecerá 3%, Perú 2,9% y Uruguay 2,6%. La previsión para Ecuador es que el PIB se incrementará 1% y Argentina lo hará tímidamente, pero igual será un comportamiento positivo de 0,6%.
La iniciativa de crear la Unasur fue mucho más política que económica, asegura el economista Alfredo Puerta. “Venezuela tenía un ingreso muy grande producto del aumento del precio del petróleo y eso le abría las puertas”.
Sin embargo, al no hacer las inversiones necesarias en su industria petrolera su capacidad productiva ha mermado y con ella el poder de liderar la Unasur a través de la integración comercial, financiera y económica, agrega. “Ahora está en una posición en la que requiere la ayuda de esta organización para poder acercarse a los mercados internacionales y conseguir el financiamiento que necesita para recuperar su economía”.
También lidera la lista de los países con mayor inflación; la previsión de Latin Focus Consensus es que terminará el año en 122,9%. Esta es la proyección más conservadora entre las firmas que hacen este tipo de cálculos. No hay ningún otro país en la Unasur que presente cifras de tres dígitos sobre el alza de precios.
La segunda más alta es la de Argentina con 25,9% para el cierre del año, seguida de lejos por Uruguay con 8,1%. Brasil presentará incrementos de precios de 5,5% y Bolivia de 5%. Paraguay registrará una inflación de 4,5%, Ecuador de 3,7%. Colombia de 3,4% y Perú, con el menor índice inflacionario de todo el bloque, de 3,1% Álvarez asegura que Venezuela no supo manejar el auge que produjo la renta petrolera. “Estamos pagando las consecuencias de las distorsiones que creó el propio gobierno. La más grave fue la generada por la prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio, que estimuló toda clase de importaciones y que, prácticamente, barrieron con la producción nacional. Hay un colapso en los precios y un aparato productivo desmantelado que ni siquiera puede suplir la demanda nacional”.
Agrega que Venezuela durante años aseveró que utilizaría la herramienta petrolera para impulsar los procesos de integración en América Latina a cambio de productos terminados.
Sin embargo, actualmente no lo puede hacer porque esa capacidad se ha visto limitada y ha hecho que se acentúen los problemas de escasez. “Hay deudas acumuladas con nuestros propios socios y ellos nos han cortado el suministro de productos.
Los últimos arreglos han sido rematar la deuda en 50%”.
“Mi preocupación mayor es en la inversión. La poca que hay es destinada hacia mantenimiento y no a crecimiento. Allí el mayor problema. Para que el país pueda competir en los mercados internacionales y además lograr suplir las necesidades internas para acabar con la escasez debe concentrase en invertir en el aparato manufacturo y lograr así hacerlo mucho más grande”, advierte Puerta.
Endeudamiento
Hay tres países de la Unasur que presentan el mayor endeudamiento externo con relación a lo que producen anualmente. El primero de ellos es Paraguay con 47,2% del producto interno bruto. Sin embargo, esta es una economía que crecerá más de cuatro puntos este año. En segundo lugar está Uruguay con una deuda que representa 42% del PIB. Esta cifra no coloca al país en una posición incómoda porque su tasa de crecimiento anual concluirá en 3,5%. Venezuela ocupa el tercer lugar con 35% del PIB comprometido en endeudamiento, lo que la coloca en una situación de gran vulnerabilidad: se espera un decrecimiento de más de seis puntos en su economía.
Gigantes como Brasil apenas tiene una deuda de 15% de su PIB. Argentina con los inconvenientes que ha tenido este año con los fondos buitres y sus continuos default presenta una deuda de 26,7%. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú muestran cifras muy parecidas entre 30% y 24% de endeudamiento, pero existe el atenuante de que todas esas economías tienen inflaciones bajas y altas tasas de crecimiento.
Álvarez añade que el liderazgo de Venezuela solo se puede reeditar con un petróleo que supere 80 dólares el barril.
“Ese escenario no lo ve la OPEP ni la Agencia Internacional de Energía. Ambos organismo señalan que hasta después de 2020 no subirá el precio del crudo. Venezuela ya no tiene la capacidad financiera para mantener una política de integración sustentada”.
Puerta afirma que para Venezuela no tiene sentido liderar un bloque regional sin el poder del petróleo. “Hoy deberíamos estar incorporándonos a planes para promover la inversión nacional y extranjera. Es una época de recesión y los precios el petróleo no van a subir y eso obviamente va a continuar debilitando el flujo de divisas”.
Blanca Vera Azaf / El Nacional
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