domingo, 17 de julio de 2016

¿QUO VADIS PPD?

La bala loca del PPD

Banner_matamala-POST
Hubo un tiempo en que tres brochazos verticales (azul, amarillo y rojo) eran sinónimo de libertad. El PPD, el partido instrumental creado para ganarle el plebiscito al dictador, nació con un espíritu libertario, creativo, renovador. Contra la pesada grandilocuencia de la izquierda tradicional, el Partido Por la Democracia presentaba un logo creado por el pionero de la performance en Chile, Carlos Leppe, y un discurso que enfatizaba temas hasta entonces despreciados por light: la cultura, la ecología, el feminismo y la llamada «agenda valórica».
«El partido se erigió como un partido cercano y pionero en la lucha por los derechos ciudadanos, conminando a los espectros políticos de la época a terminar con cualquier tipo de censura», recuerda la historia del PPD en el sitio oficial del Congreso Nacional.
¿Se acuerdan? Era una época en que la jerarquía de la Iglesia Católica, y entes oscurantistas como el Consejo de Calificación Cinematográfica y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), seguían empeñados en decirnos a los chilenos qué música podíamos escuchar, qué televisión podíamos disfrutar y qué películas podíamos ver.
El partido del logo con los tres brochazos era el más tenaz adversario de esas decisiones cavernarias. Dio, en esos años, una batalla por las libertades individuales de la que puede enorgullecerse.
Por eso, la ironía histórica no puede ser más exquisita. Es ahora el mismo PPD el que recurre al CNTV, exigiéndole usar el poder del Estado para censurar una obra artística.
A través de una carta oficial, el PPD le pidió al CNTV que «adopte las medidas necesarias»  y «evite el uso de nuestro logo y sigla institucional en la serie televisiva Bala Loca».
Bala Loca debutó este domingo en Chilevisión y ha sido inmediatamente elogiada como una de los mejores producciones audiovisuales del año. Pero el PPD, en vez de celebrar que la TV chilena entregue un producto de calidad, anclado en temas de contingencia e interés social, pide que la pesada mano de la censura estatal se deje caer sobre los creadores de este espacio.
Sí, es el mismo PPD que, en  el punto número 5 de su Declaración de Principios (ver aquí), proclama que «promueve una cultura libertaria (… y) el rechazo a la censura». Una declaración aprobada en 2012, en la cual aparece la firma de Luis Matte, el mismo tesorero que pidió fondos a la empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, para pagar las cuentas del partido.
Y en ese cruce radica la tragedia del PPD, el partido que nació para derrotar a Pinochet y terminó mendigándole dinero a su ex yerno. Que nació para que floreciera la creación artística y terminó pidiendo censura. Que partió crítico al poder y derivó en pedir que se acallara a esos críticos.
Dice el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, que si se usara el logo de Coca-Cola o de una isapre en la serie, esas empresas protestarían. Tiene razón. Pero precisamente el punto es que el logo y el nombre de un partido político no son (¡no deberían ser!) equivalentes a los de una gaseosa o una aseguradora con fines de lucro.
Tampoco tiene sentido reclamar que otros partidos no aparecen aludidos (cosa que, por lo demás, no sabemos. La serie recién está comenzando). «Vulnera el pluralismo, al vincular únicamente a esta organización con hechos ficticios asemejados a conductas poco éticas», reclama el PPD al CNTV.
Vaya concepto del pluralismo. Tanto se acostumbraron la Concertación y la Alianza a cuotearlo todo, que ahora quieren cuotear hasta las condenas judiciales (queja recurrente de la UDI) y los personajes de las series de televisión.
La ficción interpela la realidad. No hay nada nuevo en ello. En House of Cards, Frank Underwood es militante del Partido Demócrata. Y si nos vamos mucho, mucho más atrás en la historia, en «Las Nubes» Aristófanes alude a su adversario Sócrates. No por casualidad los inventores de la sátira son también los inventores de la democracia. De las dictaduras no esperamos sentido del humor ni tolerancia a la crítica. De un Partido Por la Democracia, sí.
Al apuntar a una serie de TV como la responsable de su desprestigio, el PPD equivoca el balazo. Al ponerse del lado de la censura, termina de desteñir el poco color que le quedaba a los tres brochazos de su logo. Y gatilla una bala loca que impacta directo al corazón de los principios que proclama.

sábado, 16 de julio de 2016

FRACASÓ GOLPE EN TURQUÍA





El fracaso del golpe del 15-J en Turquía ha puesto de manifiesto que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no solo basa su fuerza en la represión, sino también en un muy fuerte apoyo popular. Las imágenes televisivas en las cuales vimos a miles de personas aglomeradas frente a los tanques, dispuestas a dar la vida por el presidente elegido, dan cuenta de una mística política-religiosa muy difícil de ser entendida en la mayoría de los países occidentales.
Desde los primeros momentos fue evidente que el golpe carecía de dos apoyos básicos, el interno y el externo. Unicamente en Damasco, el régimen de Al Asad llamó prematuramente – y sospechosamente- a celebrar con fuegos artificiales el golpe de estado. A diferencias del golpe del general Abdelfatah Al-Sisi en Egipto que derribó al gobierno islamista de Mohamed Morsi (2013), la intentona golpista de l5-J en Turquía no contaba ni con mucho con el beneplácito de la OTAN, ni con el de la UE ni, mucho menos con el de los EE UU.
La UE, quizás por primera vez en su historia, hizo una declaración política (afortunadamente condenando al golpe). Obama reaccionó rápidamente en contra de los golpistas.
Los sucesos del 15-J obligarán a los políticos europeos a reevaluar la enorme importancia que tiene Turquía para la seguridad internacional de toda Europa.
Tanto o aún más que durante la Guerra Fría la ubicación estratégica de Turquía es hoy fundamental. Por un lado, Turquía es un garante en la lucha en contra de ISIS y del terrorismo internacional. Por otro, es el único baluarte frente a la alianza Rusia-Siria en el Oriente Medio. No por último, sin el concurso de Turquía, Europa jamás podrá resolver la crisis migratoria que hoy está padeciendo.
Contrasta esta percepción con la miserable política que han mantenido los gobiernos europeos a través de la UE hacia el gobierno turco. No solo no han intentado atraerlo hacia sí. No solo han bloqueado el proyecto de Turquía por ingresar a la UE. Además, han permitido que desde Europa, Erdogan sea injuriado en nombre de una mal entendida libertad de opinión y de un peor entendido laicismo. Más aún: han llegado a confrontar innecesariamente al gobierno turco con sucesos que han ocurrido ¡hace más de un siglo! (Armenia).
Frente a esa absurda actitud europea, ¿qué otro camino podía tomar Erdogan sino refugiarse en el mundo de sus propias tradiciones religiosas que son también las de la mayoría de la población de su país?
Ha llegado el momento en que Occidente deberá aceptar a Turquía como lo que es o ha llegado a ser. Un país altamente industrializado donde no solo chocan sino, además, coexisten modernidad y tradición. Un país cuya intensa religiosidad mantiene raíces profundas en el mundo agrario y entre los sectores más pobres de la nación. Pero, a la vez, un país en donde emergen pujantes y numerosas clases medias, una nueva intelectualidad pro-occidental y un creciente laicismo político. Está claro, Turquía no es y nunca será Suiza, pero tampoco es y será un califato como objetivamente es Arabia Saudita.
Turquía no es ni debe ser reducida a actuar como el gendarme de Occidente en el Oriente Medio. Tampoco ese romántico puente extendido entre “las dos culturas”. Turquía es Turquía, con todas sus contradicciones a cuestas.
Naturalmente, el acercamiento de Turquía a Europa supone cumplir determinadas obligaciones (con respecto a la población kurda, por ejemplo). Pero también significa adquirir nuevos derechos políticos. Estos últimos no les han sido concedidos. Los difíciles obstáculos puestos a Turquía para que evolucionara hacia occidente, han empujado al país hacia el oriente. Erdogan solo ha sabido entender y movilizar los resentimientos nacionales en contra de Europa. Pero el no los inventó.
¿Qué hará Erdogan después del fracasado golpe del 15-J? Por el momento aparecen dos posibilidades. La primera es que, como avezado político, entienda que al interior de los sectores más modernos de su país existe un gran malestar en contra de los proyectos fundamentalistas anidados en su gobierno. La segunda, y lamentablemente, la más probable, es que Erdogan utilice el fracaso del golpe para hacerse de todo el poder, convirtiendo a su gobierno en una dictadura con cierta fachada democrática, al estilo Putin. De Europa depende en gran medida que esa segunda alternativa –ya en cierne antes del fallido golpe- no sea llevada hasta sus últimas consecuencias.
Para los políticos realistas europeos -pensemos en Ángela Merkel- está claro que Europa no puede prescindir de Turquía. Ellos saben que Europa necesita más de Turquía que Turquía de Europa. Y, sobre todo saben que Europa puede soportar muchas deserciones, como el Brexit por ejemplo. Pero lo que nunca podrá soportar a riesgo de que Europa deje de ser Europa– es una deserción militar turca. Ha llegado entonces la hora de la política y de la diplomacia

miércoles, 13 de julio de 2016

LA OMISIÓN TAMBIÉN ES UN DELITO POLÍTICO


Un comandante en Jefe no miente

por  12 julio 2016
Un comandante en Jefe no miente
Lo que resulta peor es que tal argumento, de políticos y embajadores amigos de Juan Emilio Cheyre, ofende a los militares de la misma o menor edad que en esa época se opusieron al golpe militar. Muchos fueron condenados en juicios ilegales –algunos fusilados como desertores, sin que hasta ahora las Fuerzas Armadas hayan hecho verdad interna sobre estas situaciones– y sufrieron la prisión, el destierro, la conculcación de sus derechos, fueron torturados por sus camaradas de armas, y hasta el día de hoy deambulan por los tribunales de justicia tratando de que se les reconozcan sus derechos laborales y previsionales.
Verdad y honor militar van de la mano. Y en materia institucional, al menos en Chile, al comandante en Jefe de una institución militar le corresponde velar por el cumplimiento estricto de los principios y la ética en sus instituciones. Por reglamento, él tiene la superintendencia correccional en materia de honor. Por eso, un comandante en Jefe, para serlo a cabalidad, más allá de las designaciones legales, no debe mentir, porque tiene un atributo ético que implica incluso la moralidad del Estado.
Por ello, lo acaecido con el general (r) Juan Emilio Cheyre y la orden de detención dictada en su contra por complicidad en violaciones de derechos humanos, es lamentable desde varios puntos de vista.
Es lamentable porque, cuando fue designado comandante en Jefe, quedó en posición de cambiar la historia sobre honor y verdad durante el régimen militar en su institución. Más aún, teniendo conocimiento directo de lo que había ocurrido con hechos como la Caravana de la Muerte, uno de los más detestables en violaciones a los derechos humanos en la historia militar del país, optó por el camino fácil: una actitud elusiva y un ambiguo “Nunca más” que, a la luz de lo investigado por el ministro Mario Carroza, no cabe duda que –más que una doctrina militar– es un juicio autoexculpatorio sobre su propia conducta.
Es lamentable también para el país, porque en la avalancha política de reconocimientos acerca de lo que habría sido su aporte a la transición democrática, incluso de un ex Presidente de la República, se ha argumentado que su corta edad cuando ocurrieron los hechos sería un eximente de su responsabilidad.
Bajo ese argumento, el país debiera subir la edad para aplicar la responsabilidad penal a los veinticinco años para todos los ciudadanos y en cualquier circunstancia.
Lo que resulta peor es que tal argumento, de políticos y embajadores amigos de Juan Emilio Cheyre, ofende a los militares de la misma o menor edad que en esa época se opusieron al golpe militar. Muchos fueron condenados en juicios ilegales –algunos fusilados como desertores, sin que hasta ahora las Fuerzas Armadas hayan hecho verdad interna sobre estas situaciones– y sufrieron la prisión, el destierro, la conculcación de sus derechos, fueron torturados por sus camaradas de armas, y hasta el día de hoy deambulan por los tribunales de justicia tratando de que se les reconozcan sus derechos laborales y previsionales.
A ellos, los ex presidentes, los embajadores y la alta política nacional jamás los recuerdan o reconocen, los dejaron fuera de la primera ley de exonerados políticos y, pese a que arriesgaron sus vidas por respetar la Constitución y las leyes, hoy se les agravia nuevamente con argumentos como el de la corta edad de Cheyre al momento de la Caravana de la Muerte.
Pudiera ser que los hechos imputados a Cheyre estén amparados por la responsabilidad del mando superior. Pero en toda institución y situación militar existe el derecho de objeción frente a la obediencia debida ante una orden inmoral, pese a lo cual el superior puede reiterar la orden, creándose entonces una tensión ética entre la obediencia debida y una orden inmoral.
Para aliviar esa tensión en nuestro medio, la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, formuló la doctrina de la obediencia forzada, esto es, el cumplimiento forzado de una orden inmoral bajo la amenaza de una sanción mayor si no se lo hacía. Es decir, por miedo o intimidación. Pero, para que eso ocurra realmente, se requiere que, al menos, haya una “política institucionalizada” de forzamiento, que nada funcione internamente de manera regular, caso en el cual es el Alto Mando de la institución el que tiene la responsabilidad por permitir una conducta que implica corrupción de los principios institucionales.
No es el único caso de protección social de clase. Lo estamos viendo a diario con los políticos imputados judicialmente por corrupción. La elite corre a otorgar certificados de contribución a la democracia, iguales o peores que aquellos otorgados a falsos exonerados políticos, sin consideración al acto corruptivo del que está imputado. Al parecer, estamos inmersos en una sociedad diluida en el amiguismo político y la irresponsabilidad, sin un sentido de legitimidad y legalidad de Estado, con una elite sin convicción democrática y donde todo es privado o está privatizado.
Por eso, al ser designado comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre tuvo la oportunidad de cambiar la historia y evidenciar que tanto él como muchos otros oficiales no fueron cómplices, sino que actuaron por miedo ante las represalias, y por la existencia de una práctica generalizada de tortura y terror que el Alto Mando propiciaba y/o amparaba.
Pero para hacer eso, se precisa más valor que para ir a la guerra y ningún jefe militar lo ha hecho en nuestro país, y ningún político con poder de decisión en el ámbito de la Defensa Nacional lo ha exigido, pese a que ello forma parte tanto del honor del Estado de Chile como de la Justicia debida.
También es lamentable la reacción social que ha provocado el caso Cheyre, más allá de su connotación periodística: una verdadera avalancha de certificados de buena conducta de políticos al ciudadano Cheyre.
El peso de tal certificación podría perfectamente interpretarse como una presión indebida a lo que está haciendo el ministro Mario Carroza, debido a su envergadura y la amplificación mediática de las declaraciones. Aunque, dada la seriedad y dedicación del ministro Carroza, parece difícil que tanta manifestación de apoyo lo seduzca o intimide.
El hecho, sin embargo, no deja de ser sugerente respecto de lo que hoy es Chile, tanto desde el punto de vista cultural como político. Porque ante un hecho de tanta trascendencia para la buena doctrina de las Fuerzas Armadas, como es la responsabilidad de un ex comandante en Jefe y la del Alto Mando en episodios de violaciones a los Derechos Humanos, que solo aparezca la exculpación social y el amparo para el miembro cuestionado judicialmente, resulta abrumador. Y eso que el país está en medio de un debate sobre una nueva Constitución.
Por cierto, no es el único caso de protección social de clase. Lo estamos viendo a diario con los políticos imputados judicialmente por corrupción. La elite corre a otorgar certificados de contribución a la democracia, iguales o peores que aquellos otorgados a falsos exonerados políticos, sin consideración al acto corruptivo del que está imputado. Al parecer, estamos inmersos en una sociedad diluida en el amiguismo político y la irresponsabilidad, sin un sentido de legitimidad y legalidad de Estado, con una elite sin convicción democrática y donde todo es privado o está privatizado.

jueves, 7 de julio de 2016

EL PPD REQUIERE DE OPERACIÓN QUIRÚRGICA MAYOR


giradi - toha - directiva ppd

Carolina Tohá y Guido Girardi, entre los dirigentes del PPD que aparecen en el Informe de la PDI por pagos de SQM

 0  111  918 Share2
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC) realizó una serie de diligencias entre enero y marzo de este año, ordenadas por la Fiscal del Caso SQM, Carmen Gloria Segura. Las mismas surgieron luego de la declaración el 12 de enero pasado, del ecologista y operador político ligado al PPD, Patricio Rodrigo, quien debió justificar una serie de pagos por parte de SQM a “Chile Ambiente“, empresa de su propiedad. Según consta en las declaraciones de Rodrigo, estos pagos se habrían realizado a petición de dirigentes del PPD en el formato de “charlas”. Fue a partir de aquella información que se inició una investigación al listado de dirigentes mencionados.
Durante los interrogatorios, revisión de mails y recopilación de antecedentes. la BRIDEC descubrió diversos correos electrónicos intercambiados entre ex dirigentes del PPD y Katherine Bischof, la ex secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Según consigna hoy La Tercera, entre el listado de dirigentes del PPD en el informe de la PDI, están la alcaldesa Carolina Tohá, el Senador Guido Girardi, el ex ministro, Sergio Bitar y el abogado Samuel Donoso, entre otros. Este último actuó como abogado de Contesse en medio de la polémica relación entre el SII y la Fiscalía, en ese entonces, liderada por Sabas Chahuán.
Tras un reportaje de CIPER, en que se revelaban las presiones desde el Ministerio del Interior, a cargo en ese tiempo de Rodrigo Peñailillo, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII) para retrasar la querella contra SQM. Las que incluyeron reuniones en el Ministerio de Hacienda, en las que participaron Samuel Donoso (abogado de Patricio Contesse) y Michelle Jorrat, en ese tiempo Director del SII. Lo que terminó con la salida del gabinete de Peñailillo y hasta en ese entonces, el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas y posteriormente la salida de Jorrat del SII.
Según señala la publicación de La Tercera, uno de los antecedentes que surge de dichos interrogatorios y de diversos intercambios de correos electrónicos entre ex dirigentes del PPD y Katherine Bischof, la ex secretaria del ex gerente general de la minera, Patricio Contesse, es que durante la presidencia de Carolina Tohá, en 2011, el tesorero de esa directiva, Luis Matte, gestionó con SQM un convenio a través del cual “Chile Ambiente” recibiría una serie de millonarios pagos.
La investigación, respecto de los pagos de SQM a dirigentes del PPD, ha golpeado duramente a ese partido. Hace unos meses, la investigación puso en el ojo del huracán a Ricardo Brodsky, quien se desempeñaba como Director Ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, quien debió finalmente -a petición del resto del directorio- renunciar a dicho cargo.
Tras la revelación del listado de la PDI hoy, Rodrigo, en entrevista con La Tercera, sostuvo que “es necesario aclarar de una buena vez es que la directiva del PPD, el 30 de junio del año 2011, me solicitó apoyo a mí, y como Corporación Chile Ambiente acepté dar ese apoyo. A partir de entonces el partido me inscribió en el Servel. Yo tengo un certificado que dice que Chile Ambiente está acreditado ante el Servicio Electoral como instituto de formación política, que juega un rol también de recaudador de recursos para la acción política. Después de ese apoyo que permitió financiar las actividades del partido durante 2011 y 2012 y, siempre en el mismo contexto, se me pidió suscribir un contrato con SQM Salar”.
Según el relato de Rodrigo, dicho acuerdo-contrato con SQM, permitía pagar los costos de manutención y funcionamiento del Partido. “Esas lucas, era más bien para financiamiento rutinario del partido”, sentencia Rodrigo.

martes, 28 de junio de 2016

PENSIONADOS CHILENOS DEL IVSS DE VENEZUELA ESCRIBEN DESESPERADA CARTA AL PAPA

carta al papa

                                                            Santiago, Chile, 19 de junio,2016.
 EN  EL DIA DEL PADRE *)
 Su Santidad, Papa Francisco PP.
 00120 Via del Pellegrino,
 Citta del Vaticano,
 Su Santidad:
Con todo respeto nos dirijmos a Ud. con la finalidad de hacer de su conocimiento la gravedad de la situación en que nos encontramos los jubilados y/o pensionados de Venezuela en el exterior..Es el caso que desde hace muchos meses – entre siete  y hasta más de un año-- no recibimos regularmente nuestras pensiones, las que deben sernos remitidas por los organismos gubernamentales venezolanos a quienes compete esta tarea.

             En mi caso en particular, la última remesa fue recibida el día 14 de mayo de 2015-- sólo un bono correspondiente a mi jubilación del Ministerio de Educación. El primer semestre me fue negado,por considerar la solicitud respectiva "extemporánea"...sin haber una normativa al respecto. El segundo semestre de ese mismo año sigue pendiente hasta esta fecha, aún cuando fue aprobada en septiembre de 2015.

 Asimismo soy beneficiaria de una pensión del Seguro Social de Venezuela-- IVSS--cuya última remesa transferida corresponde a diciembre de 2015-- es decir  hacen casi siete largos y horrorosos meses-- que no nos envían nuestro dinero. Lo más grave es que cuando se escribe o se llama por teléfono a los encargados, no hay respuesta a nuestras peticiones. Tampoco las Embajadas o Consulados lo hacen , señalando que no les corresponde, pues los entes pagadores son autónomos...

Su Santidad:

            Hemos agotado todas las vías nacionales para intentar resolver este gravísimo problema. Para darle un solo ejemplo-- una Comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela ha intentado convocar a los responsables del envío de las pensiones para que den explicaciones; y ni siquiera ellos han obtenido respuestas-- pues los funcionarios del Ejecutivo Nacional de Venezuela no han acudido al llamado.

            Agotadas las vías nacionales, recurrimos ahora a las vías internacionales –OEA, UNASUR, PARLATINO, ONU, OIT,CIDH, HRW y otras donde hay conciencia de nuestra situación, pero sin embargo todavía no hay resultados. Sabemos que estas vías son lentas y complejas pero nos vemos obligados a comparecer ante ellas-- no por adversar al Presidente Maduro-- sino dada la nula respuesta del Gobierno de Venezuela y la necesidad apremiante de tener acceso a derechos adquiridos y único sustento.

 Hemos sufrido amenazas de embargo de nuestros bienes, demandas de desalojo, endeudamiento impagable, toda suerte de afecciones en nuestra salud física y psicológica, generadas por el estrés insoportable y toda clase de carencias.

 La Canciller de Venezuela, Delcy Rodriguez, ha asegurado en el seno de la OEA que Venezuela tiene recursos, es solvente y dispone de 60 mil millones de dólares al día y está certificando reservas cuantiosas en oro,  entre  otros recursos naturales. Esta declaración no es coherente con la deuda que mantiene el Gobierno Bolivariano con casi 12 mil pensionados del IVSS-- sin contar los miles de jubilados por otras instituciones, que no han sido aún censados-- cuyas vidas están siendo amenazadas por el hambre y las enfermedades, cuyo deterioro no es sólo físico sino que mental y lo que es más grave, espiritual : porque son a diario humillados por acreedores y prestamistas, videntes y estafadores. Indefensos absolutamente. Invisibles.

Su Eminencia :

             Comparecemos ante Ud.-- en última instancia, a sabiendas del importantísimo rol que Ud. y las personas de su entorno tuvieron-- en la solución a la confrontación EEUU-Cuba, y de los positivos resultados de esas delicadas y complejas gestiones. Estamos conscientes que el Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, está al tanto de nuestras penurias.

            Sin embargo, nos dirijimos  a Ud.-- el más alto representante de la Iglesia Católica, respetado y querido por todos-- a fin de contarle nuestros sufrimientos y en la esperanza que pueda , haciendo gala de sus buenos oficios, interceder ante las autoridades de Venezuela a nuestro favor.


            En la confianza de su intercesión y que Dios no nos abandonará ; con los mejores deseos para con Su Santidad, nos despedimos muy atentamente,agradecidos por su atención,


                        Sofía Cáceres Bravo, periodista chileno-venezolana y coordinadora de la


                       
            Asoc de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior, ASOPEX- capítulo Chile.



                                  
* ) Invocamos al Padre Creador del Universo con el Salmo 23 que dice: " El Señor es mi pastor, nada me faltará...Con todo respeto nos dirijmos a Ud. con la finalidad de hacer de su conocimiento la gravedad de la situación en que nos encontramos los jubilados y/o pensionados de Venezuela en el exterior..Es el caso que desde hace muchos meses – entre siete  y hasta más de un año-- no recibimos regularmente nuestras pensiones, las que deben sernos remitidas por los organismos gubernamentales venezolanos a quienes compete esta tarea.

lunes, 27 de junio de 2016

Condenado asesino de Victor ara en Estados Unidos

Declaran culpable a ex militar chileno de la muerte de Víctor Jara

Foto: EFE
×
1 / 3

Se pidió el pago de una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares para la familia del cantautor.

PUBLICADO : Hoy 17:13 h.

miércoles, 1 de junio de 2016

CARTA DEMOCRÁTICA SE APLICARÍA A VENEZUELA EN DEFENSA DE LOS DD. HH.


¿Qué es la Carta Democrática? ¿Qué significa en la práctica la suspensión de un país como estado miembro de la OEA?

by noticiasjr
CARTA DEMOCRATICALUIS AlmagroEl secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.
Almagro, que la semana pasada cumplió un año al frente de la OEA, se convierte así en el primer líder del organismo en activar la carta a un Estado miembro contra la voluntad de su gobierno.
Estas son las principales claves para entender qué es y cómo funciona la Carta Democrática de la OEA, aprobada en 2001 por unanimidad en la Asamblea General del organismo en Lima.
¿Qué es la Carta Democrática?
Es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los Estados miembros de la OEA por unanimidad hace 15 años. Tiene 28 puntos y queda recogida en un pequeño librito azul tamaño bolsillo que ha sido más visto que nunca estas últimas semanas en los pasillos de la sede de la OEA en Washington.
¿Por qué este paso causa tanto impacto, hay precedentes?
La Carta Democrática es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber gobierno legítimo en el poder.
Hasta ahora se ha recurrido a la Carta en contadas ocasiones y siempre ha sido porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofreció ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).
El único caso en el que la autorización del gobierno legítimo no era posible y en el que se aplicó la Carta hasta su última consecuencia, la suspensión de la OEA, fue tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, al producirse una "ruptura del orden democrático" (artículo 19).
¿Por qué se creó la Carta?
La Carta fue aprobada en Lima "después del Gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90. La idea era hacer la Carta relevante en situaciones como la de Perú, donde el problema no era una amenaza al Estado, sino un régimen que violó el orden constitucional y minó las normas democráticas", según explicó a EFE Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.
¿Por qué se dice que Almagro "activa" o "invoca" la Carta?
Almagro se ampara para actuar en el artículo 20 de la Carta, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Con esta "invocación" o "activación" de la Carta abre un proceso en el que serán los 34 Estados miembros quienes decidan si, como él, consideran que se ha producido esa "alteración" y las medidas a tomar al respecto.
¿Cuáles son los pasos de ese proceso?
Almagro ha pedido convocar un Consejo entre los días 10 y 20 de junio. El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidirá si existe esa "alteración" por mayoría (18).
Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".
De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.
En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".
¿Entonces, la aplicación de la Carta es una decisión política?
Sí, como indica uno de los redactores de la Carta, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, "la aplicación de la Carta Democrática es una decisión de tipo político". "Ese debate ya no es jurídico, está sujeto a una 'apreciación colectiva' de los Estados, es decir, es una decisión política", precisa.
¿Qué significa en la práctica la suspensión de un país como estado miembro de la OEA?
En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.
¿Almagro tiene los apoyos para que prospere el proceso que ha iniciado?
La decisión de Almagro, el líder más atípico que ha tenido la OEA, es de carácter personal. Como él mismo ha dicho, no está contando si tiene o no los apoyos para dar este paso. Para él es una cuestión de principios.
Solo Estados Unidos ha denunciado la crisis de Venezuela en la OEA, aunque un notable número de países comparte esa misma preocupación en privado.
Esas naciones, lideradas por Argentina, quieren actuar, pero de manera más conciliadora sin recurrir a la Carta. Argentina ha convocado una reunión del Consejo Permanente para este miércoles con el fin de abordar la situación de Venezuela y consensuar una resolución al respecto.
Venezuela cuenta con el respaldo incondicional de los países de la Alianza Bolivariana (ALBA), sobre todo Ecuador y Nicaragua, así como el de buena parte de los países del Caribe, a los que ha ayudado con el programa de entrega de petróleo subsidiado de Petrocaribe.