NUEVA DENUNCIA DEL SII PROVOCA IMPACTO POLITICO TRANSVERSAL
Encargado de la agenda legislativa del gobierno es investigado por pagos de SQM
Publicado: 02.04.2015
El
SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de $4.340
millones de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la
Fiscalía. Parte del dinero pudo haber sido usado para el financiamiento
ilegal de la política. CIPER rastreó los nombres y detectó sus nexos con
partidos. Allí aparecen 74 personas vinculadas a la derecha y 11 al
oficialismo, entre ellos el abogado Juan Marco Moreno, hombre clave de
la agenda legislativa del gobierno desde la Segpres. Además hay siete
personas vinculadas al PRI. Grupo cercano a Ponce Lerou también recibió
pagos millonarios.
La arista Soquimich, abierta por la investigación de los ilícitos
tributarios cometidos por los dueños del Grupo Penta, terminó siendo un
misil que esparció esquirlas en la derecha y la Nueva Mayoría. La
ampliación de la denuncia criminal que hizo este jueves 2 de abril
Impuestos Internos (SII), en la que se pide investigar a 172
contribuyentes, involucra a altos dirigentes oficialistas y opositores,
sus familiares y colaboradores. Todos quedaron bajo la sospecha de haber
recibido dineros de la empresa que controla Julio Ponce Lerou, ex yerno
de Augusto Pinochet, emitiendo boletas por trabajos que no se
realizaron.
El monto que involucra el nuevo paquete de 846 boletas y facturas que
podrían haber financiado ilegalmente a políticos, suma más de $4.340 millones (US$6,9
millones). Tan solo una parte de los US$11 millones reconocidos por el
propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, como el universo
total de los pagos irregulares efectuados por la minera durante seis
años.
Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la cooptación de la
política por la empresa privada. Porque la nueva denuncia del SII abrió
otras líneas de investigación a empresas que usaron el mismo
procedimiento para influir en la dictación de leyes y la toma de
decisiones que las favorecieran. Una de las aristas que emerge es el
sector pesquero. En la nueva nómina del SII aparecen personas que ya han
reconocido en la indagación haber facturado a empresas pesqueras a
petición de una estrecha colaboradora de Pablo Longueira, quien como
ministro de Economía fue el encargado de negociar y promulgar la
controvertida Ley de Pesca (vea el segundo reportaje de esta serie: 74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN).
Juan Marco Moreno
El control que tienen las empresas sobre las leyes que se tramitan en
el Congreso, implica financiar a todos los sectores. Así lo evidencia
la nueva denuncia de Impuestos Internos que incorpora a la lista de los
investigados por recibir pagos de SQM a un hombre clave en el manejo de
la agenda legislativa de La Moneda: el abogado Juan Marco Moreno Rosales (PPD),
funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(Segpres). Moreno es, además, presidente del Tribunal Supremo del PPD y
operó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle
Bachelet.
En la nómina del SII, después del rastreo realizado por CIPER de sus
vinculaciones políticas y familiares, figuran siete personas ligadas a
la Democracia Cristiana, las que suman un monto de $171,6 millones pagados por SQM (vea la nómina).
Otras tres son militantes del PPD, con facturas por $35 millones.
También aparecen 12 personas vinculadas al Partido Regionalista
Independiente (PRI), con pagos de SQM por $329 millones (vea la nómina).
La mayor cantidad de facturas cuestionadas involucra a la UDI, con 59
contribuyentes bajo investigación, por facturas que superan los $536
millones, además de los dineros que recibieron corporaciones ligadas al
gremialismo y que también son investigadas. En la ampliación de la
denuncia criminal del SII, CIPER detectó otras 15 personas relacionadas a
Renovación Nacional, recibiendo pagos de SQM por $316,5 millones.
LAS CONFESIONES
La importancia que reviste esta ampliación de la denuncia del SII y
que ahora deberá investigar el Ministerio Público, es que la base
probatoria en que se sustenta la acción judicial fue proporcionada por
el principal acusado: la plana ejecutiva de Soquimich. A ello se agrega
que algunos de los que integran la nómina de los investigados, ya han
reconocido haber emitido facturas por trabajos no realizados a petición
de destacados dirigentes políticos de un amplio espectro.
Fue el 25 de marzo que el actual gerente general de Soquimich,
Patricio de Solminihac Tampier, entregó el primer reconocimiento de los
ilícitos cometidos al responder por oficio a la Superintendencia de
Valores y Seguros:
“La Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron
emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que
comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser
cuestionados por Impuestos Internos por no contar con respaldos
adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta. El
valor acumulado de todas dichas boletas y facturas para tales seis años
asciende a aproximadamente US$11 millones”.
En el mismo oficio, el gerente de SQM reconoció que la falta de
justificación para estos millonarios pagos detonaron la salida de su
antecesor y hombre de confianza histórico de Julio Ponce Lerou: Patricio
Contesse, quien habría guardado silencio al ser llamado a declarar
“para no autoincriminarse”.
Ese mismo día el gerente general de SQM asumió el mismo monto de
pagos sin respaldo (US$11 millones), ante analistas internacionales. No
fue un arrebato de sinceridad. A estas alturas en SQM saben que no sólo
la legislación chilena les caerá encima, sino también la internacional,
al ser una de las mayores empresas nacionales que opera en los mercados
externos donde las reglas sobre sobornos y pagos ilegales a políticos
acarrean sanciones son muy duras.
Roberto Guzmán Lyon
De hecho, en la nueva denuncia criminal de Impuestos Internos se
incluye una nómina de 28 personas que CIPER identificó sin relación a
pagos a políticos, pero sí vinculados a uno de los hombres de mayor
confianza del controlador de la minera, Julio Ponce Lerou: el abogado Roberto Guzmán Lyon (ver nómina).
Guzmán, ex presidente de Oro Blanco e involucrado en el “Caso Cascada”,
está siendo investigado por su participación en el mecanismo que se usó
en la minera para ocultar ganancias y derivarlas sin pagar impuestos.
Las personas relacionadas con Guzmán recibieron pagos por $584,5
millones de SQM.
De allí que el impacto que recibió este jueves la minera fue muy
duro. Porque la ampliación de la denuncia criminal tiene un principal
acusado: los directivos de Soquimich. Será el Ministerio Público quien
deberá ahora investigar a cada uno de los contribuyentes que el SII
identificó como receptores de los pagos sin respaldo reconocidos por la
propia gerencia de la minera. Y serán ellos los que deberán demostrar
que la contabilidad de SQM se equivoca y que efectivamente realizaron
trabajos. El desfile de políticos recién comienza.
SOQUIMICH EN LA MONEDA
En la nómina de los nuevos investigados por el SII por boletas sin
justificación de servicios prestados a Soquimich, aparecen dos abogados
que llevan directamente al PPD y al Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Segpres): Juan Marco Moreno Rosales (con pagos por $15 millones) y Luis Andrés Carracedo Aguayo (boletas por $5 millones). Ambos están relacionados a la consultora Altercom Asociados, la que también figura en la nómina de los nuevos investigados por el SII, recibiendo pagos de SQM por $10 millones. Su accionista principal es el mismo abogado Juan Marco Moreno Rosales, actual presidente del Tribunal Supremo del PPD.
El abogado Luis Carracedo Aguayo también participó
en la propiedad de Altercom (hasta julio de 2012, período investigado), y
registra una sociedad con el abogado Oscar Aitken Lavanchy,
quien fuera albacea, asesor tributario de Pinochet y constituyó varias
de las cuentas en paraísos fiscales en las que el ex dictador recibió
comisiones por la compra y venta de armas.
Juan Marco Moreno (Fuente: angelino.cl)
Juan Marco Moreno trabajó en la última campaña de
Michelle Bachelet como “enlace territorial”, y hoy se desempeña en la
Segpres, uno de de los principales ministerios políticos de La Moneda,
desde el inicio del gobierno (marzo de 2014), en su División de
Relaciones Políticas e Institucionales, con un remuneración mensual de
$3,5 millones. En su perfil en LinkedIn dice que su función es “planificar,
coordinar y seguimiento a la estrategia de monitoreo parlamentario de
manera de cumplir con la agenda legislativa gubernamental, identificando
la ruta crítica en la tramitación de los proyectos de ley en el
Congreso Nacional”. Allí también se califica como un “asesor senior experto legislativo en materias políticas e institucionales entre gobierno y parlamento”.
El abogado y presidente del tribunal Supremo del PPD recibió
remuneraciones de ese partido en los años 2004 y 2005 y registra pagos
en 2006 de una de las sociedades de Enrique Correa Ríos,
dueño de una de las principales empresas de lobby y comunicación
estratégica del país (Imaginacción). Además, Moreno fue asesor jurídico
de tres municipalidades controladas por el PPD: Hualpén (enero 2013-marzo 2014), con la alcaldesa Fabiola Lagos; Lo Prado (agosto 2012-noviembre 2012), con el alcalde Gonzalo Navarrete, y Vichuquén (marzo 2012-marzo 2014), con el alcalde Román Pavez. También fue director jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia
(mayo 2006-febrero 2008), y de la Gobernación Provincial del Maipo
(julio 2009-julio 2010), ambas controladas entonces por el PPD. Moreno
es además socio del estudio jurídico Rabah, Chaer Mohor &Asociados desde enero de 2010, especializado en temas corporativos, tributarios y regulatorios del sector eléctrico y telecomunicaciones.
En la página web de Altercom, el actual responsable de seguimiento de leyes del gobierno en el Congreso, aparece como “asesor
en diversas materias reguladas por la ley eléctrica, tanto a clientes
nacionales como extranjeros, asesorías en instrumentos de inversión
extranjera tales cómo DL 600 o capitulo XIV del compendio de normas del
Banco Central, Inmobiliarias y empresas constructoras, así como también
en ámbito de la Radiodifusión Sonora y de sus normativas, evaluando
nuevas tecnologías digitales para radio y televisión abiertas
(broadcasting). Realiza asesorías para la Subsecretaria de
Telecomunicaciones en la reestructuración del espectro radioeléctrico”.
También se califica como un “experto en Justicia Electoral
asesorando organizaciones intermedias tales cómo sindicatos, centros de
padres y organizaciones políticas en materia contenciosa electoral”.
EL REGISTRO DE ALTERCOM
Cinco fueron los socios que crearon Altercom en febrero de 1998 (nombre original:”Báez, Jara, Avaria, Pereira & Moreno y Compañía Limitada”), con Juan Marco Moreno Rosales y José Eduardo Báez Faúndez a la cabeza. Meses después quedarían como únicos dueños Moreno Rosales y un nuevo socio: Luis Andrés Carracedo Aguayo. En julio de 2012, Carracedo le vendió su parte a Alex Fabián Moreno Garay, y fue entonces queJuan Marco Moreno Rosales se convirtió en el accionista principal con un 99,5% de la propiedad.
Elabogado Luis Andrés Carracedo Aguayo dejó en
2012la consultoraAltercom e integra además como persona natural la lista
de los nuevos querellados por Impuestos Internos en la arista de las
boletas sin respaldo efectivo de servicios prestados a Soquimich (por $5
millones). Carracedo es socio del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken
Lavanchy y del ingeniero Fermín Vásquez De Pablo, en una sociedad de
explotación agrícola y generación y distribución de energía eléctrica
(“Compañía de Producción y Comercio San Pablo”).
Aitken ocupó un alto cargo en Famae y creó varias sociedades en
paraísos fiscales tanto para Pinochet como para sus finanzas personales,
todas investigadas por la justicia en Chile y en Estados Unidos por las
comisiones de venta de armas que por ellas transitaron. Entre ellas,
las más importantes son Tasker Investment y “Eastview Finance”, en la que confluyeron otras tres empresas: Cornwall Overseas Corp., controlada por el mismo Aitken; Berthier Investment Inc., controlada por Karel Honzik, el principal intermediario de armas de Pinochet; y por Lego Corp., de propiedad del que fuera director de Fame, general (r) Guillermo Letelier Skinner.
Entre los clientes que la consultora Altercom anuncia en su página
web, figuran: Entel, Novojet, Corona, Inter Export Telecomuicaciones
(entre julio de 2013 y octubre 2014 obtuvo cuatro contratos con
Carabineros y uno con la Onemi por $48.828 millones en total)), Andes
Lift Elevadores, Comercial Ecuador Limitada, PIT Telecom y Soquimich.
Será la investigación judicial y la de Impuestos Internos la que
dilucidará qué asesorías le hizo efectivamente Altercom a la empresa de
propiedad de Julio Ponce Lerou y cuáles no tienen respaldo. Lo mismo
ocurrirá con las boletas y facturas de los abogados Moreno Rosales y
Luis Carracedo Aguayo.
Del PPD hay otro funcionario de gobierno incluido en la nómina de la
denuncia del SII: Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, actual director
nacional del Sernageomin, aparece emitiendo facturas para la minera
controlada por Ponce Lerou por $5 millones.
SIETE DC BAJO SOSPECHA
Diputado Roberto León
Seis personas vinculadas a la Democracia Cristiana integran la nómina
de investigados por el SII en esta nueva camada de pagos irregulares de
Soquimich. En total, todos ellos recibieron pagos de SQM por $171,6
millones. De ellos, el que figura con el monto más alto es Roberto Javier León Araya, hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC). Las boletas que entregó a la minera suman $123,7 millones.
El diputado León ha dicho que su hijo es ingeniero agrónomo y que
efectivamente hizo asesorías para SQM, aunque hasta ahora no ha
entregado detalles de esos trabajos. El parlamentario ha sido
cuestionado por su rol en la investigación que hizo la Cámara de
Diputados a los ilícitos de SQM en Cascadas. Allí fustigó duramente al
presidente de la comisión indagatoria, Nicolás Monckeberg (RN), pues a
su juicio no se abordaba la eventual conexión del ex presidente
Sebastián Piñera con los hechos pesquisados. La posición de León,
tendiente a involucrar a Piñera, estaba en total sintonía con la defensa
del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.
El segundo monto más alto pagado por SQM a una persona con nexos en la DC, corresponde a Jazmín Cecilia Pavez Borbaran: $25 millones.
Ella aparece como militante del partido, habilitada para votar en las
recientes elecciones internas, en la nómina que se puede consultar en la
web de la DC. Entre sus antecedentes laborales figura que trabajó en
1998 con el ex intendente de Valparaíso, Iván de la Maza (DC). Además,
está inscrita en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de
Capacitación, dependiente de Sence, como representante legal de la OTEC
Mypes Capacitación Limitada, cuyo socio principal es el también
militante DC Alejandro Bascuñán Espinoza.
En el tercer peldaño de los honorarios más altos pagados por SQM a contribuyentes relacionados con la DC, figura Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero,
miembro del concejo municipal de Antofagasta y hermano del senador por
la Segunda Región, Pedro Araya. En la denuncia del SII aparece emitiendo
boletas para SQM por un monto total de $12 millones.
Aunque fue electo concejal como independiente, pertenece a una familia
de tradición DC: su padre fue dirigente, diputado y alcalde de
Antofagasta representando a ese partido. Su hermano Pedro fue diputado
por esa zona en representación de la DC entre 2002 y 2010, en 2009
renunció y se reeligió como diputado en un cupo del PRI, pero en 2013
ganó la elección a senador como independiente apoyado nuevamente por la
DC.
Juan Pablo Destuet González emitió boletas para SQM por $6,5 millones.
Su perfil de LinkedIn indica que entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete
de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. Antes, entre 2009 y 2010,
trabajó como procurador en la oficina de abogados de Jaime Pilowsky
(DC), actual diputado por Peñalolén. En el mismo bufete del
parlamentario -Cisternas, Concha y Pilowsky Abogados- se desempeña Gonzalo Javier Infante Urrejola, quien entregó boletas a SQM por un total de $4 millones.
Jorge Pizarro Soto
Sonia Elizabeth Jaramillo Villar es la última de la nómina de querellados por el SII con vínculos con la DC. Ella emitió una boleta para SQM por $350 mil.
Sonia Jaramillo es diseñadora gráfica y en el portal de transparencia
de la Municipalidad de Maipú registra un contrató a honorarios durante
2012, bajo la alcaldía del actual ministro de Obras Públicas, Alberto
Undurraga (DC). Por la “implementación de soporte a la Dirección
Alcaldía” cerró el año con una remuneración bruta de $1,5 millón
mensual. En 2013, ya durante la gestión del actual jefe comunal Cristián
Vittori (DC), se le contrató por todo el año con una remuneración de
$1,7 millón, bajo dependencia directa del alcalde. En 2014 sus
honorarios aumentaron a $2 millones y para este año está contratada con
una remuneración de $2,3 millones por mes.
La nueva lista del SII también incluye a un hijo del senador Jorge Pizarro,
actual presidente de la DC. Sebastián Pizarro Cristi es el
representante legal de la empresa Ventus Consulting, la que emitió 11
facturas a SQM por un total de $45 millones.
LAS BOLETAS DEL PRI
Miguel Adolfo Zaldívar Larraín militaba en la
Democracia Cristiana cuando fue electo senador en 1993. Cuando dejó el
Congreso en 2009, su partido era otro. En 2007, tras 40 años de
militancia y de haber sido su presidente por tres años, fue expulsado de
la DC, acusado de “construir un pacto político con la Alianza”. Su fama
de “díscolo” se convirtió en rebeldía al votar a contracorriente del
oficialismo en la asignación de más recursos para el Transantiago. Su
siguiente paso fue sumarse al Partido Regionalista Independiente (PRI),
creado en 2006. Tras salir del Senado, el entonces presidente Sebastián
Piñera lo designó embajador de Chile en Buenos Aires. Fue en esa ciudad
que falleció, en febrero de 2013, producto de un cáncer al páncreas.
Eduardo Salas Cerda (Fuente: Twitter E. Salas)
En los registros que SQM entregó al SII y que fundamentan la querella
por la emisión de boletas sin que haya sustento de servicios prestados,
y que ahora la justicia investiga en la arista del financiamiento
ilegal de campañas políticas, Zaldívar figura recibiendo pagos por $20
millones. Junto a quien fuera la figura principal del PRI, en la lista
del SII aparecen querellados otros 11 dirigentes y personas vinculadas a
ese partido, recibiendo todos un total de $329 millones de Soquimich.
Humberto De la Maza Maillet fue electo en 2013 para
presidir el PRI.Siete años antes había fracasado en su intento de llegar
a la Cámara de Diputados, como candidato de la Democracia Cristiana por
el Distrito Nº 12. Durante los años siguientes, entre 2006 y 2009,
trabajó como asesor experto en Recursos Humanos en el Servicio Nacional
de Aduanas.Registra remuneraciones de la agencia de Aduanas de Juan
Sanhueza y Alex Avsolomovichy, entre 2003 y 2006, honorarios cancelados
por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar. Emitió boletas a SQM por un
total de $45 millones.
El secretario general del PRI, el abogado Eduardo Edmundo Salas Cerda,aparece entregando boletas a SQM por un total de $73 millones.Fue
candidato a diputado por el Distrito Nº 9 en las elecciones
parlamentarias de 2009, pero no fue electo. Entre junio de 2010 y marzo
de 2014, Salas fue asesor de la División de Relaciones Políticas e
Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En
2012 asumió como administrador de la campaña de Juan Pablo Covili Neira
para concejal de Lumaco. Como Salas no entregó las cuentas de ingresos y
egresos de esa candidatura, el Servel lo multó con 10 UTM. Este año,
Salas ha sido parte activa de las gestiones que ha realizado su partido
junto a Evópoli para crear una nueva coalición política.
Salas justificó los pagos de SQM afirmando que hizo de un estudio
“sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en Arica, Parinacota y
Tarapacá” para la minera, que le fue pedido en marzo de 2010 por Adolfo
Zaldívar, informe por el que recibió $39 millones. Además, señaló que
entre abril y noviembre de 2011, hizo también informes para SQM “sobre
la aplicación de la Norma ISO 26000 (responsabilidad social de la
empresa) y otros, cuyos pagos gestionaba la oficina de Adolfo Zaldívar.
Nunca conoció a nadie de Soquimich y los informes se los entregó siempre
a Zaldívar.
Jorge Osvaldo Brito Gajardo fue en 2009 candidato a diputado por el Distrito Nº 42, en la lista del PRI, aunque en una carta aclaratoria que envió al Diario de Atacama
a comienzos de marzo, aseguró no ser militante del PRI ni miembro del
Consejo Regional del Biobío, como lo aseguró un reportaje publicado en
ese medio. Hoy figura como asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra
Amarilla, en manos de Osvaldo Delgado, militante del PRO (partido de
Marco Enriquez Ominami). En total, Brito emitió boletas por $40 millones a la minera.
Su hermano, el abogado Cristian Daniel Brito Gajardo,
también aparece entre los querellados en la nómina del SII. En 2009,
fue el administrador general electoral del PRI, y en virtud de ese rol
el Servel le formuló cargos por no haber presentado a tiempo los
informes de ingresos y gastos de la campaña a diputado del candidato del
PRI, Alex Andrade Veli (Distrito Nº 60). Fue también asesor
parlamentario del senador Adolfo Zaldívar. Las boletas que emitió a SQM
suman $20 millones.
La ingeniera agrónoma Leticia Angélica Olavarría Cárcamo, también
figura entre las personas que emitieron boletas a SQM sin justificación
válida de los trabajos realizados. La empresa minera le pagó $36 millones.
Olavarría forma parte de la camada de militantes DC que emigraron en
2008 junto a Adolfo Zaldívar y otros parlamentarios al PRI. Actualmente
es consejera general de ese partido. En 2002, cuando Ricardo Lagos era
presidente, fue designada seremi de Agricultura en la Región de
Valparaíso, donde estuvo cuatro años. Tras su salida, asumió como
gobernadora provincial de San Felipe. Entre junio de 2011 y junio de
2014 se desempeñó como asesora internacional del Gobierno Regional de
Valparaíso. En las elecciones de 2013, fue candidata del PRI a la Cámara
de Diputados (Distrito Nº 10).
En los estatutos del PRI, María Fernanda Correa Lasa es identificada como secretaria y ministro de fe. Ella emitió boletas a SQM por $30 millones. En 2013 recibió honorarios de un partido político y una empresa: el PRI y Celulosa Arauco.
Su hermana, Carola Mónica Correa Lasa, es otro de
los nombres que figuran en la nómina del SII. Registra actividades por
servicios de banquetería desde 1997. Las boletas que emitió a SQM suman $15 millones.
Patricio Sergio Purcell Avendaño también es sindicado por el SII como una de las personas que aparecen con pagos bajo sospecha de SQM por un total de $15 millones.
Se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es
accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar. Es hijo
del agente de aduanas Patricio Purcell Echeverría, aunque no trabaja en
su agencia, sino que en otra de la competencia: es jefe de oficina en la
agencia de Sanhueza y Avsolomovich, la misma que registra pagos al
presidente del PRI, Humberto de la Maza.
Adolfo Zaldivar
Purcell dijo en la indagatoria que a través de Adolfo Zaldívar se
enteró que SQM necesitaba una Agencia de Aduanas, y asegura que hizo
toda la presentación entre septiembre y noviembre de 2012, trabajo por
el que cobró $15 millones. Y agregó: “De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar,
a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de
por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que
nadie me llamara nunca para consultarme nada más…El mismo trabajo hice
para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir que no había relación directa con las empresas y por valores similares”.
Rodrigo Gómez Peña era en 2008 subsecretario general
del PRI, cuando Jaime Mulet presidía ese partido. Ese mismo año,
mientras recibía pagos del ex senador Adolfo Zaldívar, formó parte de la
Comisión Electoral que elaboró las listas de candidatos que poco
después presentarían al Servel para participar en las elecciones
municipales. Fue también miembro del Consejo General del PRI. Gómez
aparece emitiendo boletas por $10 millones a SQM.
Julieta Florentina Cruz Figueroa aparece entregando boletas a SQM por $10 millones.
En 2006, siendo aún militante de la DC, Julieta Cruz fue intendenta de
la Región de Atacama. En registros oficiales aparece recibiendo pagos de
la DC, pero actualmente no figura en el registro de militantes en la
web de ese partido. En 2009 fue candidata a diputada por el Distrito de
Vallenar y Caldera, pero en un cupo del PRI. Desde 2008 figura
contratada por la Superintendencia de Insolvencia (dependiente del
Ministerio de Economía), donde se desempeña como jefa del
Subdepartamento de Servicios Generales y Subdepartamento de Recursos
Humanos, recibiendo una remuneración bruta mensual de $4,5 millones.
Rodrigo Alejandro Vásquez Poblete figura con boletas emitidas a SQM por $15 millones.
Vásquez también está vinculado al PRI, partido del que fue candidato a
concejal por la comuna de Maipú, sin éxito, en las elecciones
municipales de 2008. Al año siguiente se integró al Tribunal Supremo del
PRI.
EL SOLITARIO RADICAL
Ignacio Arturo Rojas Rojas es el único radical que
se puede identificar en la nómina de personas que incluyó el SII en la
ampliación de su denuncia criminal en contra de SQM. La minera le pagó $6 millones.
Rojas es periodista y entre 2009 y 2011 recibió honorarios de su
partido y también del Comité de Senadores del PRSD. Desde marzo de 2014
tiene un contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía, como
apoyo de comunicaciones y coordinación de prensa.
Nota de la Redacción: CIPER recibió una carta
del diputado DC Jaime Pilowsky en la que asegura no estar vinculado con
Juan Pablo Destuet ni Gonzalo Infante Urrejola, quienes figuran en la
denuncia del SII por haber emitido boletas a Soquimich. El parlamentario
también señala que ambas personas no tienen relación con su partido: la
DC.
La versión de Pilowsky indica que las boletas para SQM que
entregaron Destuet e Infante se emitieron en 2009, época en la que él
aún no pensaba ser candidato. “Mi única vinculación con Infante es que
en esa época él subarrendaba una oficina en el estudio donde yo
trabajaba, no fui socio ni tengo relación comercial con él, es injusto
vincularnos”, dice el diputado.
Agrega: “Ambos están vinculados a RN y no a la DC. Destuet está
relacionado con Gustavo Alessandri Balmaceda, candidato a diputado por
La Florida. Es amigo de su hijo que es concejal de Puente Alto pues
ambos estudiaron en la Universidad Finis Terrae. Destuet trabaja en la
Municipalidad de Puente Alto. Gonzalo Infante Urrejola es pariente de
Cristián Monckeberg”.
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