martes, 9 de agosto de 2016

Presidenta de la República y su madre deberán devolver Dineros al Fisco por muerte del General Bachelet (Parte I)

¡Jaque-Mate a La Moneda!
El Estado de Chile, con su actuar, puede en ocasiones lesionar a los ciudadanos chilenos poderdantes tanto en sus derechos patrimoniales como extrapatrimoniales, de modo tal que, al igual que sucede con una persona natural o jurídica, debe responder por los daños causados. Si quienes actúan como Administradores en los Poderes del Estado, así como si los distintos funcionarios que operan en los más diversos órganos de la Administración del Estado, realizan una actuación injusta hacia uno o más ciudadanos, entonces el administrado pasa a ser una Víctima, y el Estado de Chile está obligado a la reparación dicho daño como restitución del perjuicio sufrido.
Abbott-01 001
Basta con que el Estado de Chile haya lesionado el derecho de un ciudadano (denominado administrado) para que se genere responsabilidad por parte de la Administración, sin importar si el acto, hecho u omisión que produce el daño sea lícito o ilícito, que haya habido o no culpabilidad por parte de los agentes del Estado. En efecto, se trata de una Responsabilidad que NO se funda en la culpa o en el dolo del funcionario quien lo causa, sino en la existencia de una Víctima que ha sufrido un daño, como consecuencia del actuar de los órganos de la Administración del Estado. Dicho de un modo simple “la responsabilidad de la Administración del Estado de Chile procede cada vez que cause un Daño, incluso cuando haya actuado dentro de la más estricta legalidad”.
Si el Estado de Chile, en la figura de la Presidenta de la República y de sus Ministros, está al servicio del ciudadano y no al revés, sus actuaciones deben privilegiar los derechos esenciales del administrado por sobre las potestades del Poder Público, haciendo realidad el Principio Servicial del Estado.
Abbott-02 001
De esta forma, y en el caso de las Víctimas de DDHH durante la Dictadura o de quienes hayan sido condenados por Comisiones Especiales o por Tribunales distintos de aquellos que la ley señala, será el Estado de Chile quien deberá indemnizarlos por los Daños y Perjuicios provocados.
Dado el anterior razonamiento, y por el hecho que quienes llegan a ocupar altos cargos dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, podrían estar tentados a utilizar los mecanismos legales que la ley les confiere para hacerse –en forma espuria y por medios falaces- de fondos que pertenecen a todos los chilenos, el Estado de Chile deberá perseguir –no sólo criminalmente a los Administradores que hayan actuado en calidad de autores, cómplices y encubridores- sino que también deberá obligarlos –por la vía civil y administrativa- a devolver, con intereses y costas, los dineros que hayan salido maliciosamente del Erario Nacional en su beneficio personal.
D-P Chile, en afán de dar a conocer “la Verdad del País”, tuvo acceso a diversos documentos que hoy se conocen públicamente en una querella criminal deducida ante el 7° Juzgado de Garantía, y que de prosperar, obligarían a la Presidenta de la República de Chile, doña Verónica Michelle Bachelet Jeria, y a su madre (doñaÁngela Jeria Gómez), a restituir al Fisco de Chile, con intereses y costas, la totalidad de los dineros que ambas percibieron por la muerte del General de Brigada don Alberto Bachelet Martínez, por causal de “presuntas” torturas y apremios en la Cárcel Pública aquel aciago día 12 de marzo de 1974.
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Los documentos que seguidamente exhibirá D-P Chile, parecen demostrar fehacientemente ante el 7° Juzgado de Garantía, más el Informe emitido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que tanto Verónica Michelle Bachelet Jeria, como su madre, doña Ángela Margarita Jeria Gómez, sabían a ciencia cierta que don Alberto Bachelet sufría de una enfermedad cardíaca congénita y que por la misma razón habría sido rechazado del Ejército de Chile, ingresando en 1940 a la Fuerza Aérea de Chile –gracias a la influencia de un General de apellido Puga-, ejerciendo sólo labores administrativas.
He aquí el resultado de la primera parte de esta investigación preliminar (pues las posteriores publicaciones se complementarán a medida que lleguen las contestaciones oficiales que D-P Chile ha solicitado, invocando la Ley de Transparencia N° 20.285); las que, como bien saben los lectores, pueden tardar meses en ser respondidas.
Alberto Arturo Bachelet Martínez, un General de Escritorio
Diversas fuentes expresan que el señor Bachelet estuvo activo, dentro de la Fuerza Aérea, entre los años 1940 (cuando ingresó con 17 años de edad) hasta septiembre de 1973. Sin embargo, llama poderosamente la atención que –entre los documentos o memorias consultadas- se omita el detalle de sus actividades como miembro de la rama aérea de las FFAA, ni se mencione su brevísimo paso por el Ejército de Chile, tras ser rechazado por causa de una presunta enfermedad cardíaca que ahí le fuese detectada.
Bachelet-Sobreseim
No obstante, fuentes de D-P Chile, en calidad de ex funcionarios del Ministerio de Salud, comentan que don Alberto Arturo Bachelet Martínez deseaba con ansias ingresar a las FFAA, por lo cual –nos narran- un General de Ejército de apellido Puga (aún no sabemos si se trata del famoso General “Golpista” Arturo Puga Osorio, quien se autoproclamó Presidente de la República Socialista de Chile entre los días 4 y 13 de junio de 1932) lo habría “ayudado” a ingresar a la Fuerza Aérea, pero que –sabiendo de sus afecciones cardíacas- habría tenido la precaución de aconsejar su desempeño sólo dentro del ámbito administrativo. Esta sería, y no otra, la razón de por qué no existe información detallada de la actividad del señor Bachelet, pues su círculo interno y de confianza sabía que él no podía ser sometido a esfuerzos bruscos o a ejercicios del tipo que deben realizar los miembros pertenecientes a las FFAA y de Orden. Dicha afección, se comenta, fue heredada por su hijo, Alberto Bachelet Jeria, quien falleció en 2001 a la temprana edad de 54 años también víctima de un Paro Cardíaco.
Servicio Médico Legal acredita Múltiples Infartos de Antigua Data
En documentos únicos, a los que tuvo acceso D-P Chile, y que fueron confeccionados a requerimiento de la magistrada del 3° Juzgado del Crimen de Santiago, doña María Antonieta Gutiérrez Forno, se logró acreditar que el señor Bachelet Martínez tenía una enfermedad congénita y que su fallecimiento se produjo de muerte natural, no atribuido a terceros, por causa de un Infarto al Miocardio.
El General Bachelet, con 50 años de edad al momento de su muerte, pesaba 70 kilos para una altura de 1.73 metros, por lo cual, de haber tenido un corazón normal, éste debía haber pesado entre 250 y 300 gramos. Más, la autopsia reveló una dilatación aguda del corazón, con un peso de 490 gramos, y múltiples infartos antiguos muy extensos.
Bachelet-Autopsia01
En efecto, el Informe de Autopsia N° 557, de fecha 13 de marzo de 1974, que aquí se exhibe, informa a la magistrada lo siguiente:
“Con fecha 12 de marzo de 1974, practiqué en este Instituto, la autopsia de un cadáver enviado por la Cárcel de Santiago con el nombre de ALBERTO BACHELET MARTÍNEZ. Según antecedentes, su deceso se produjo en la Cárcel de Santiago.
“Cadáver masculino, vestido con sus ropas en relativo orden que consisten en una camisa sport celeste, calzoncillos blancos, blue-jeans azul, cinturón azul, calcetines grises y zapatos rebajados café, tipo mocasín.
“Rigidez cadavérica escasa en las extremidades inferiores. Livideces violáceas del dorso. Mide 173 centímetros y pesa 70 kilogramos. Órganos visuales aparentemente sanos. Cianosis de los labios y uñas. Cicatriz paramediana derecha supra e infra umbilical de 21 centímetros. Senos de leucoderma del tamaño de una moneda pequeña, se observa en las regiones ilíacas. Equímosis azuleja de 2.5 x 2.3 cms en el brazo derecho, cara interna, tercio medio.
“EXAMEN INTERNO: Cráneo: sin lesiones. Encéfalo: se presenta edematoso, discretamente congestivo. Vasos de la base limpios. PULMONES: ambos se presentan pálidos, armónicos. PERICARDIO: se presenta íntimamente adherida a toda la superficie cardíaca.
Bachelet-Autopsia02
“CORAZÓN: Pesa 490 gramos, se presenta suelto, dilatado, con los músculos papilares acintados. Múltiples petequias epicárdicas y deslustramiento de la serosa pericárdica. La pared anterior del ventrículo izquierdo está reducida a una lámina muy delgada, de tejido fibroso, que ha reemplazado al músculo cardíaco. Toda la superficie endocárdica se presenta blanquecina. El tabique inter-ventricular presenta al corte múltiples zonas fibrosas. Los velos mitrales y sigmoides aórticos presentan manchas lipídicas. Las coronarias se presentan endurecidas, rígidas, con plaquitas ateromatosas calcificadas, ulceradas, estando totalmente obstruida la coronaria anterior”
“ESTÓMAGO: Se presenta vacío. La mucosa se presenta recubierta de mucosidades y con aspecto sanguinolento. En el fondo gástrico se observa una zona con múltiples pequeñas ex ulceraciones de aspecto hemorrágico.
“HÍGADO: Se presenta intensamente congestivo, cianótico. Vesícula biliar: ausente. Adherencias del duodeno al lecho vesicular.
“RIÑONES: ambos congestivos, cianóticos, de superficie finamente granulosa. BAZO: muy congestivo y cianótico.
“AORTA: con múltiples placas ateromatosas calcificadas y ulceradas. ALCOHOLEMIA: 0.00 grs/dl . GRUPO SANGUÍNEO: “A”
“CONCLUSIONES
1.- Cadáver de sexo masculino, que mide 173 cms y pesa 70 kilos, identificado como Alberto Bachelet Martínez.
2.- La causa de muerte es una Dilatación Aguda del Corazón.
3.- Era portador de una acentuada Arteriosclerosis generalizada, de predominio cardiovascular. A nivel del Corazón se comprobaron múltiples infartos antiguos muy extensos.
4.- Se trata de una muerte por enfermedad
“Saluda atentamente a US. Dr. José Luis Vásquez Fernández; Dr. Alfredo Vargas Baeza
“Al Señor Juez del Tercer Juzgado del Crimen. Presente”
Jueza del 3er Juzgado del Crimen dicta Sobreseimiento y Corte de Apelaciones confirma fallo
Bachelet-Libro11
Con fecha 9 de abril de 1974, la magistrada doña María Antonieta Gutiérrez Forno, luego de haberse apersonado el 12 de marzo de aquel año en la Cárcel Pública para revisar el caso del occiso señor Bachelet, pedido oficios y tomado declaración a testigos, determina en su fallo que la causa de muerte fue por enfermedad, y dicta sobreseimiento invocando el Art. 408 N°2 del antiguo Código de Procedimiento Penal, esto es, que la muerte del señor Alberto Bachelet no puede ser atribuida a terceros.
La sentencia es remitida a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirma el fallo, siendo archivada con fecha 25 de junio de 1974. Con la entrada en vigencia de la Nueva Reforma Procesal Penal, es el 34° Juzgado del Crimen el que centraliza todos los antiguos tribunales del crimen, por lo cual es éste el continuador legal del 3° Juzgado del Crimen de Santiago.
No obstante, cuando el Ministro en Visita Extraordinario don Mario Carroza instruye, a mediados de noviembre de 2010, el inicio de la investigación por la muerte del General Bachelet en causa Rol 495 /2010, nota que funcionarios del Ministerio del Interior acompañan sólo parcialmente el antiguo expediente. Por ello, cuando el día 28 de marzo de 2012 –esto es, dos años luego de iniciada las indagaciones- don Mario Carroza oficia al 34° Juzgado del Crimen a objeto que remita el expediente N° 115.870 de 1974, el Ministro advierte que no sólo dicho expediente se ha perdido, sino que también se ha extraviado el Libro Copiador de Sentencias, las autopsias y todos los documentos fundantes que avalaron la responsable investigación que la jueza del Crimen, doña María Antonieta Gutiérrez (QEPD), condujo.
Por tal motivo, con fecha 13 de noviembre de 2015, el Subcomisario de la PDI de la Brigada Investigadora de Delitos contra DDHH, don Fernando Hernández Ravest, evacúa el Informe Policial N° 6595 donde señala el Procedimiento, las Diligencias y el Resultado de la Investigación Criminalística que dice relación con la pérdida del expediente que demuestra que la muerte del General Bachelet no fue producto de torturas ni de apremios ilegítimos, sino que su muerte se debió a una grave y no cuidada arterosclerosis y a una aguda enfermedad al miocardio; hechos que fueron investigados por la Justicia de los Tribunales Ordinarios y no por la Justicia Militar.
En el próximo artículo, D-P Chile revelará interesantes e inéditos datos contenidos en el Informe Pericial efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile, demostrando de modo fehaciente y profesional que no es posible de aceptar que la Presidenta de la República y su madre hayan percibido –como lo ha expresado el señor Sergio Godoy Fritis en un artículo anterior– la suma de US$ 10 millones de dólares por concepto del fallecimiento del General Bachelet cuando hoy se sabe que no ha sido producto de torturas ni de apremios.
En este orden de cosas, es lógico suponer que, si la familia Bachelet Jeria percibió una cuantiosa suma por hechos que no fueron ciertos –de conformidad a antecedentes que están saliendo a la luz pública- es, por tanto, lícito que aquellas Víctimas de DDHH que sí sufrieron apremios, que sí fueron torturados física y psicológicamente (como los ex PP en Huelga de Hambre), perciban iguales sumas por concepto de indemnización, debido a los daños y perjuicios provocados por el Estado de Chile durante la Dictadura Cívico Militar.
Finalmente, y como D-P Chile lo ha expresado en anteriores artículos, si La Moneda o la propia familia Bachelet -quienes sistemáticamente se han negado a colaborar con nuestras investigaciones- desean hacer uso de su Derecho a Réplica (otorgado por la Ley de Prensa) y efectuar sus descargos u observaciones, nuestro medio se pone desde ya a su disposición, debiéndose -eso sí- realizar dichos descargos de modo responsable acompañando los documentos fundantes que acrediten las versiones que serán publicadas.
(continuará…)
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domingo, 7 de agosto de 2016

Venezuela narco estado

El desmoronamiento del régimen destapa el narcoestado chavista

La crisis política y económica de Venezuela provoca la fuga de testigos, que a su vez refuerzan las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos

Maduro durante una reunión con empresas mineras en la sede del Banco Central en Caracas el pasado viernes - REUTERS
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EMILI J. BLASCO - Actualizado: Guardado en: Internacional

Las causas de narcotráfico contra destacados elementos del chavismo empiezan a acumularse en Estados Unidos, país que, como destino de gran parte de la droga, combate especialmente el comercio internacional de estupefacientes. «Era solo cuestión de tiempo», afirma alguien que colabora con la DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense) en la obtención de testigos que ayuden en las investigaciones y aporten pruebas ante los tribunales federales de EE.UU.
El desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan información como salvavidas propio. «Es un sálvese quien pueda. Finalmente está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha sido un narcoestado», añade la fuente.
¿Cómo calificar, si no, a un país cuyo director y subdirector de la Agencia Nacional Antidrogas (ONA), los generales Néstor Reverol y Edylberto Molina, respectivamente, han sido acusados formalmente de narcotráfico, al permitir el traslado de cargamentos a través del territorio nacional, como anunció esta semana una de las fiscalías de Nueva York? Un país cuyodirector de la inteligencia militar y el de espionaje civil, los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner droga en el mercado.
¿Qué decir cuando esos mismos dirigentes han sido luego colocados al frente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia, o han pasado a dirigir gobernaciones de estados? ¿O cuando desde el entorno de la familia presidencial se pueden establecer contactos para lograr una gran carga de cocaína y traficar con ella, como han reconocido los dos sobrinos de Nicolás Maduro que aguardan juicio en Manhattan? El Gobierno venezolano responde con ataques, sin investigar siquiera lo denunciado, cerrando filas con los acusados, que mientras sigan en territorio nacional podrán esquivar órdenes internacionales de detención.
Y todo ello, aunque cada vez más voluminoso, es solo la punta del iceberg, los casos que por ahora han sido hecho públicos desde varios tribunales federales de Estados Unidos y desde el Tesoro de ese país. Quedan imputaciones «selladas», no hechas públicas con el ánimo de poder apresar a los acusados.
Las mismas fuentes que ya en enero desvelaron a ABC que el general Reverol, jefe de la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente, apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de la Guardia Nacional con un «indictment» sellado, preparado por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EE.UU. por Obama. Las acusaciones de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y 2010 «recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína para su importación dentro de EE.UU.».Así, «alertaron a los traficantes de futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban a desarrollar actividades para así permitir a los narcotraficantes que cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte de droga».
En su comunicado, la Fiscalía de Brooklyn recuerda que ya hace tres años imputó a otros dos oficiales de la Guardia Nacional, de rango inferior, Vassyly Villarroel y Rafael Villasana, por haber usado vehículos oficiales para transportar más de siete toneladas de cocaína desde la frontera con Colombia hasta varios aeropuertos y puertos de Venezuela.

Cocaína de las FARC

Otras muchas investigaciones están en curso y pueden desembocar en acusaciones formales. Como se detalla en el libro «Bumerán Chávez», hay testigos que aseguran haber presenciado cómo el propio Hugo Chávez diseñó la estrategia de ayudar a las FARC comprándoles la droga y sacándola al mercado a través de Venezuela, por donde ha llegado a salir el 90% de la producción de cocaína colombiana. Esos testigos presentan a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, como el principal capo de toda esa red paraestatal, conocida como el Cartel de los Soles. En ella habrían participado también muy activamente su hermano, David Cabello, que ha sido director de la Administración Aduanera y Tributaria, y Tareck el Aissami, exministro de Interior y Justicia y actual gobernador de Aragua, a quien las investigaciones presentan como el principal interlocutor con la red de narcotráfico de Hezbolá. En toda esta estructura, la emisión de bonos de la petrolera estatal PDVSA y otras operaciones de la compañía habrían permitido el lavado de dinero a gran escala.
Ante todas esas acusaciones, el Gobierno venezolano responde amenazante hacia los que las formulan. «Expreso mi solidaridad con este oficial y su familia, quienes han sido agredidos desde EE.UU.», dijo Maduro tras conocerse la imputación del general Reverol. El presidenterespondió nombrando al general ministro de Interior y Justicia. Abrir una investigación habría sido la reacción normal en muchos países, pero en Venezuela lo normal es que el Gobierno redoble su apoyo y enaltezca a todo miembro del núcleo duro chavista acusado de vinculación con el negocio de las drogas.
Ya Chávez nombró ministro de Defensa en 2012 al general Henry Rangel, quien tiempo antes había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por asistir a las FARC en su labor de narcotráfico. El propio Maduro recibió como un héroe en el verano de 2014 al general Carvajal, después de conseguir que Aruba negara su extradición a EE.UU., país que lo solicitaba tras imputarlo por coordinar el transporte de 5,6 toneladas de cocaína. Además, Maduro no ha admitido la posibilidad de que sus sobrinos detenidos en Nueva York tuvieran culpa, a pesar de que confesaron nada más ser detenidos.

viernes, 5 de agosto de 2016

Presidenta Bachelet sigue cayendo en las encuestas

¡Histórico! Sube a 73% el rechazo de la gestión de Michelle Bachelet, según encuestadora


NOTICIAS | AMÉRICA LATINA
Foto: AFP/Archivo
Foto: AFP/Archivo
La aprobación a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, se mantuvo en julio en su mínimo histórico, con un 22 por ciento de respaldo, en medio de escándalos por las abultadas pensiones de funcionarios públicos y por el funcionamiento del servicio de protección de menores, reveló el jueves un sondeo privado.
La firma Gfk Adimark dijo además que la desaprobación a la mandataria socialista subió un punto al 73 por ciento, lo que no es estadísticamente relevante.
Durante el mes estalló una polémica por las altas pensiones recibidas por ex funcionarios de Gendarmería, y se debatió sobre la situación del Servicio Nacional de Menores, lo que incluso provocó una interpelación ante el Congreso de la ministra de Justicia, cartera encargada de ambas instituciones.
Gfk Adimark destacó además una baja de seis puntos en la evaluación sobre el manejo del Gobierno de las relaciones internacionales al 54 por ciento, en medio de nuevos incidentes diplomáticos con Bolivia por su demanda de acceso soberano al mar.
En tanto, el interés en participar en un proceso constituyente impulsado por Bachelet se mantuvo en 41 por ciento.
La encuesta se realizó entre el 6 y el 28 de julio en 1.057 casos en todo el país, con un margen de error de más/menos 3 puntos. 
Colaboración Reuters

viernes, 29 de julio de 2016

Evaluación mundial: Venezuela tiene la peor puntuación en seguridad


Evaluación mundial: Venezuela tiene la peor puntuación en seguridad

by noticiasjr
LA INSEGURIDAD*** La encuesta Gallup entrevistó a 134.000 personas en 133 naciones. El récord del país "es la evolución más baja de cualquier nación en más de una década"
*** Ni las policías escapan a la inseguridad, pues las patrullas frecuentemente son atacadas por delincuentes
En su evaluación anual mundial sobre la percepción la seguridad ciudadana de Gallup Global Law and Order Report, Venezuela obtuvo la peor puntuación en su historia ­35 de 100­ que es también la peor evaluación para cualquier nación en más de una década.
El Índice de Ley y Orden clasifica a 133 países del mundo con base en la confianza de sus ciudadanos en la policía local, sensación de seguridad y la incidencia de robos. Cuanto mayor sea la puntuación en el índice, mayor es la proporción de la población que dice que se sienten seguros, señala la empresa. Fueron entrevistados 134.000 adultos.20160729_NACI1_8_1_G1
En el ránking a Venezuela le sigue El Salvador, con 48 puntos de 100, una diferencia de 13 puntos entre ambos.
El más seguro de América Latina en la encuesta es Chile, con 65 puntos. Paraguay y Costa Rica registran los mejores comportamientos, pues subieron en el ránking 14 puntos y 5 puntos, respectivamente.
"Gallup ve una fuerte relación entre las respuestas de las personas a estas preguntas y el desarrollo económico y social de un país, reforzando que altas tasas de criminalidad pueden suprimir la cohesión social y afectar negativamente el desempeño económico", asegura la firma en su investigación.
"Solo 14% de los residentes de Venezuela dijeron que se sentían seguros caminando solos de noche en la zona donde viven y solo algo ligeramente superior, 19%, expresó confianza en su policía", indica Gallup.
"Ambos porcentajes son no solo los nuevos mínimos para Venezuela, sino también son las puntuaciones más bajas que Gallup ha medido en todo el mundo desde el año 2005".
Es la tercera vez consecutiva que Venezuela toca fondo en el índice de Gallup. También fue calificado como el peor país del mundo por la percepción de seguridad de los ciudadanos en 2013 y la segunda peor en 2014.
De múltiples disparos asesinan a trabajador de la ANEn el mundo la calificación de Venezuela sólo es seguida por Siria y Afganistán. En ambos, 32% de los ciudadanos dijeron que se sienten inseguros al caminar por las calles.
Singapur fue el país que mejor calificación obtuvo en el mundo: 92% de sus habitantes se sienten seguros.
Fracaso de políticas
Luis Izquiel, el director de PolimirandaLuis Izquiel, penalista y criminólogo, opina que la encuesta revela el sentir de los venezolanos sobre la inseguridad terrible que se vive en el país, porque sólo 14% se siente seguro al caminar por los sitios donde residen.
Destacó que Venezuela tiene las cifras más bajas de seguridad en el mundo. "Nos sentimos más inseguros que en países que están en guerra civil como Afganistán y Siria", dijo.
Izquiel destacó que la encuesta también se refleja la desconfianza que tienen los venezolanos en sus cuerpos policiales: "Eso revela el fracaso de la reforma policial que se planteó con la Conarepol, UNES y la PNB". También recordó que se creó una comisión para la reforma de los organismos policiales que no funcionó.
"Ha habido ofertas de transformación del sistema policial y es terrible que los venezolanos no denuncien muchos hechos delictivos", agregó. "De acuerdo con los porcentajes ofrecidos por Gallup, 81% de los venezolanos desconfía de las policías", dijo. Agregó que, por lo tanto, la economía no puede prosperar porque la inseguridad se lo impide.

Trabajo elaborado por el equipo de sucesos de El Nacional
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viernes, 22 de julio de 2016

El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron y otros destacados artículos de CIPER

Alerta Ciper» El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron

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El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron
Los pagos que el ex dirigente gremial y actual diputado Iván Fuentes recibió de la asociación de empresas pesqueras de Aysén y que fueron revelados por Informe Especial tienen un trasfondo desconocido. Parte del dinero sirvió para financiar los viajes de Fuentes para hacer lobby durante la tramitación de la Ley de Pesca, en la que consiguió que los pescadores del sur austral pudieran vender el 100% de sus cuotas de captura. El principal beneficiado ha sido Friosur, empresa del Grupo Del Río que controla la pesca de merluza austral en Aysén y también la asociación industrial que hizo aportes a Fuentes.
Pedro Ramírez, Víctor Carvajal y Catalina Albert, CIPER
Jeffrey Winters: “Chile es en parte democracia y en parte oligarquía”.
Winters cree que Donald Trump no va a ganar las elecciones estdounidenses porque “es estúpido, ególatra y peligroso”. Pero la amenaza que representa no termina con él. Para el cientista político, Trump es solo el primer fruto amargo de una concentración de la riqueza que ha llegado a niveles sin precedentes. Eso, dice Winters, genera ira y frustración en las clases medias y las empuja detrás de liderazgos de extrema derecha o populismos de izquierda. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Winters identifica a un actor central, “la industria de la defensa de la riqueza”, profesionales de clases medias altamente capacitados que proveen a los más ricos de argumentos legales y políticos para defenderse de la amenaza redistributiva del Estado.
Juan Andrés Guzmán, CIPER
Fiesta dieciochera: el otro negocio entre Maipú y el empresario acusado de sobornar al alcalde
La Fiesta de la Nueva Chilenidad celebrada en 2014 en la medialuna de Maipú contó con artistas de alta convocatoria, como Américo, Joe Vasconcellos, Chancho en Piedra y La Noche. La municipalidad contrató sin licitación a siete personas para producir el evento y les pagó un total de $113 millones por sus servicios. Todos eran empleados o amigos de Pedro Acevedo, el empresario al que el Ministerio Público acusa de haber sobornado al alcalde de esa comuna, Christian Vittori. La Fiscalía investiga por qué los siete productores depositaron los pagos del municipio en una cuenta de Acevedo.
Gabriela Pizarro, CIPER
Vía X contra el tiempo: lleva al TDLC su round con VTR y cuestiona al fiscal económico
La guerra entre VTR y TVI (dueña de las señales Vía X, Zona Latina y ARTV) se trasladó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. TVI presentó una demanda luego de que la Fiscalía Nacional Económica le cerrara la puerta a su reclamo por abuso de posición dominante. Ahora TVI acusa que el fiscal Felipe Irarrázabal se excedió en su pronunciamiento, beneficiando a VTR, empresa en la que participa su ex cliente John Malone. A 24 horas de que sus canales desaparezcan de VTR, TVI espera que el tribunal acoja una precautoria –que ya fue rechazada en una primera instancia– que evite el apagón.
Pedro Ramírez, CIPER
Las ventanas de negocio que deja el proyecto de reforma a la educación superior
La reforma a la educación superior que ingresó a trámite el 5 de julio permite que los dueños de las universidades privadas sigan haciendo negocios, ya que el proyecto no prohíbe los contratos entre sociedades relacionadas, sino que los regula. Arriendos y prestaciones de servicios podrían realizarse sólo después de una reingeniería societaria, ya que los actuales dueños deberán desprenderse del control y crear entidades sin fines de lucro. La futura Superintendencia de Educación Superior deberá fiscalizar que las transacciones se realicen a precios de mercado y que correspondan a necesidades reales.
Nicolás Sepúlveda
En nuestra sección "Opinión"
La bala loca del PPD
Columna de
Daniel Matamala
¿Cuida el Ministerio de Salud de Chile la lactancia materna?
Un proyecto del Ministerio de Salud entregará en consultorios fórmulas sustitutas a la leche materna para niños de hasta 6 meses que enfrenten distintas situaciones que impiden el amamantamiento. Sin embargo, también abarcará a aquellas madres con sensación de insuficiencia de leche y a aquellas que simplemente opten por alimentar a sus hijos con fórmulas. Las autoras de esta columna cuestionan la política gubernamental y se preguntan si está realmente haciendo la tarea de promover la lactancia materna y sus documentados beneficios.
Cecilia Castillo y Leslie Power L
El testimonio de Erika Olivera: justicia, reparación y prensa
El relato de la atleta Erika Olivera, quien reveló que siendo menor de edad fue abusada por su padrastro, repone el debate sobre la prescripción de los delitos sexuales, considerando que el agresor de la deportista quedará impune bajo la ley actual. Así lo sostienen las autoras de esta columna, académicas de la U. Diego Portales, quienes indican que, con la actual normativa, en casos como este la única sanción es el rechazo social al abusador tras la exposición de los hechos en la prensa. En este escenario plantean que es “apropiado discutir la posibilidad de que este tipo de delitos no prescriba, para que no sea solo la sociedad la que juzgue y (…) que todas las víctimas de casos similares puedan acceder a un juicio penal”.
Guila Sosman y Mónica Maureira