El largo camino que recorren los casos de DD.HH. en tribunales
Cerca de mil procesos -que, incluso, tienen más de 10 años de tramitación- se mantienen aún vigentes y a la espera de una sentencia definitiva.
Más de 10 años de investigación judicial -y 41 años desde que ocurrió el delito- transcurrieron para que la Corte Suprema cerrara definitivamente uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos: el secuestro del estudiante de filosofía de la Universidad de Chile, Alfonso Chanfreau.
Si bien la indagatoria comenzó en la década del 90’ con el retorno de la democracia, sólo en 2003 -con la designación del ministro en visita Jorge Zepeda- se pudo identificar a los responsables del hecho ocurrido en julio de 1974 y estableció que la víctima fue torturada en un centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), en calle Londres N° 38, en Santiago.
Producto de los interrogatorios y diligencias efectuadas en una década, el juez Zepeda logró sus primeros resultados: una condena a 10 años de cárcel para el fallecido director de la Dina, Manuel Contreras, e igual sanción para los ex agentes Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata. Pese a ello, el cierre total del proceso sólo llegó el 29 de abril de este año, con el fallo del máximo tribunal.
Casos como este no son aislados en actual sistema de justicia. Según cifras del Poder Judicial, a marzo de este año, aún se mantienen vigentes 1.056 causas, de las cuales el 10% ha sido fallada en primera instancia y 841 casos están en proceso de sumario (ver infografía). Las mismas estadísticas judiciales detallan que, sólo este año, 24 ex agentes de organismos represores ingresaron a cumplir condena por delitos cometidos en el régimen militar.
Nelson Caucoto, abogado especializado en casos de derechos humanos, aseguró que detrás de estos extensos procesos no existen retrasos. “La investigación de estos casos en serio comenzó el año 2000, a partir de los jueces con dedicación exclusiva. Antes no existió esa investigación”, sentenció el profesional.
“Nadie se puede quejar de lentitud, porque en estos 15 años, ya no es noticia la dictación de sentencias de la Corte Suprema en estos casos (...). Todos los procesos que han avanzado lo hicieron sobre base de confesiones; es decir, hay más verdad que nunca. Hay muchos testimonios que han roto los hermetismos de las instituciones militares”, agregó.
Una visión distinta manifestó el abogado Mauricio Unda, defensor de militares procesados por estos casos. Según él, la larga tramitación de estos casos “afecta a cualquier persona la dilación de un juicio. Eso afecta al involucrado, sea querellante o querellado”. Según el profesional, una de las trabas para acelerar la tramitación de las causas es que, a su juicio, “hay insuficiencia en los medios y recursos materiales y humanos puestos a disposición para solucionar (estos procesos)”.
Punta Peuco al máximo
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es una de las reparticiones públicas encargadas de buscar sanciones por estos delitos. De acuerdo al secretario ejecutivo del organismo, Francisco Ugás, existen 98 ex agentes cumpliendo condena efectiva. Esa cifra, según las proyecciones del programa, podría sufrir un incremento exponencial, de confirmarse las sentencias de los tribunales: “Si las sentencias de primera y segunda instancia son confirmadas por la Corte Suprema, rechazándose todos los recursos interpuestos por las partes -y descontando a los agentes que ya cumplen condena- estimamos que son 130 los sujetos que podrían ingresar prontamente a cumplir su pena en forma efectiva”, dijo.
Ugás explicó que si bien aún existen más de mil causas abiertas, “son los tribunales de justicia los que tienen que estimar en concreto, cuando está agotada la investigación y, así, dar paso a los subsecuentes pasos procesales. A nosotros nos interesa que sea establecida la verdad procesal y eso conjugarlo con una condena pronta de quienes están siendo procesados, con el objeto de que puedan cumplir en vida las sanciones penales por los crímenes en que han participado”.
Para el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, esta materia “siempre ha sido una preocupación para el máximo tribunal, es por eso que se designó a un coordinador nacional hace años, y está todo sistematizado en lo que se refiere a la instrucción de los procesos por derechos humanos que están todos en conocimiento del ministro en visita especial”. En efecto, uno de los magistrados que indaga la mayor cantidad de estas causas es Mario Carroza.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijo que “lo que nos impulsa e inspira es seguir avanzando en el establecimiento de la verdad de cada uno de los casos, para lo cual también hemos señalado que se deben terminar estos pactos silencio y corresponde que establecida la verdad, las personas enfrenten condenas y se cumplan”.
Consultada sobre la situación del penal Punta Peuco, dijo que “ya estamos ad portas del cumplimiento de esa capacidad máxima y corresponde evaluar alternativas”.
Ayer la Corte Suprema rebajó de 20 años a cinco años y un día de cárcel la condena a Miguel Krassnoff, en el marco de la Operación Colombo. Asimismo, tras el suicidio del ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), general (r) Hernán Ramírez, la PDI aceleró el proceso de notificación de todos los condenados por el crimen del ex agente de la Dina Eugenio Berríos, para que ingresaran a cumplir condena. Este hecho incidirá en el copamiento del penal de Punta Peuco.
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