Los problemas fundamentales de los chilenos tienen que ver
con los DD.HH.
Informe revela que chilenos creen vivir en un país conflictivo
La mitad de los encuestados estima que educación, salud y delincuencia son los principales motivos de los problemas. Estudio del COES demuestra, además, que existe una alta tolerancia al uso de la violencia en distintas situaciones.
Según el índice de Paz Global 2015, que mide la ausencia de violencia en los cinco continentes, Chile es uno de los países más pacíficos del mundo y está en el puesto 29 de 162. Sin embargo, adentro el clima no se siente tan tranquilo.
En 2014 el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) formado por académicos e investigadores de distintas disciplinas y universidades, realizó una gran encuesta para conocer las actitudes en distintas dimensiones de la convivencia.
Durante este año entregó primero los resultados sobre confianza en las instituciones y personas, y luego los de percepción de la desigualdad. Este martes presentarán las respuestas en la dimensión que está en el corazón de este centro de investigación: el conflicto social. Y según esta encuesta, la gente cree que vive en un país muy tensionado. “A nivel internacional Chile aparece como poco conflictivo, seguro y con bajos niveles de violencia, lo que contrasta marcadamente con las percepciones dentro del país”, explica el director del COES, el economista Dante Contreras.
Un indicador -creado a partir de varias preguntas- muestra que los chilenos sienten que tienen un nivel de conflictividad alto y similar al que perciben los habitantes de Argentina o China. Este es un dato que les ha llamado la atención a los investigadores, porque es transversal y se da en todos los estratos, edades y regiones del país.
Principales conflictos
Cuando a los encuestados se les pide que digan espontáneamente cuáles consideran que son las áreas más conflictivas, las más mencionadas son las mismas que se han estado discutiendo en la calle, los medios, el Gobierno y el Congreso: educación en primer lugar, seguida de salud, delincuencia y desigualdad. Pero hay otras áreas problemáticas que aun cuando la gente indica que afectan directamente su vida, no se perciben como un gran conflicto a nivel país, como el transporte, que obtiene pocas menciones.
Los investigadores recién están empezando a procesar la gran cantidad de información que tienen, sin embargo, les ha llamado la atención que entre quienes ponen a la educación como principal conflicto nacional estén los sectores de altos ingresos (el 32%), que duplican al porcentaje de personas del decil más bajo que la mencionaron en primer lugar. Algo similar ocurre en el caso de las desigualdades donde, a mayor nivel educacional, más aparecen. “Esto podría dar para pensar que los grupos con mayor acceso a la información también se sensibilizan con estos temas, o que son áreas claves no solo para quienes tienen que enfrentar escenarios de estrechez económica, sino que también para quienes aspiran a asegurar su posición en la estructura social”, explica la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, María Luisa Méndez, que es además investigadora del COES.
El estudio también indagó en las tensiones entre grupos, y se les pidió a las 2025 personas que participaron que dijeran con qué intensidad percibían 10 tipos de relaciones. La mayoría de ellos consideró que hay niveles de conflicto fuerte o muy fuertes en seis de ellas: entre mapuche y no mapuche (83%), entre gobierno y oposición (79%) entre mayorías y minorías sexuales (69%), entre empresarios y trabajadores (64%) entre consumidores y empresarios (59%) y entre pobres y ricos (58%).
Un dato inquietante, es que más de la mitad de los encuestados cree que es muy probable que algunos de estos conflictos, como la educación, el problema indígena, las desigualdades y la delincuencia, se expresen violentamente.
Dónde está el conflicto
En todas partes. Así lo cree la mayoría, que dice que hay tensiones fuertes en las regiones (60%), en el país (69%) y en el primer lugar, en los barrios (75%). “Ese último es un resultado inesperado y por lo tanto todavía no tenemos explicaciones definitivas. Creemos que puede tener relación con asumir el conflicto y problemas de manera similar, es decir, que el alto nivel de conflicto en el barrio refleje una alta percepción de problemas en él”, dice Luis Valenzuela, director Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez.
María Luisa Méndez piensa que este resultado podría ayudar a entender la sensación generalizada de conflicto que hay: “En un país desigual, con ciudades segregadas, con alta concentración de ingresos en regiones distantes, bajos niveles de confianza, lo local, barrial y residencial es experimentado como el gran espacio de interacción con el otro. El resto de los miembros de la sociedad (otras clases, grupos) son vistos de manera más abstracta porque no me encuentro con ellos. Entonces si experimento dificultades en ese ámbito, también percibo que la vida social puede ser más hostil, aunque objetivamente no lo sea”, dice.
Una de las novedades de esta encuesta es que está georeferenciada y se pueden agrupar las respuestas por ciudad, comuna e incluso la manzana donde viven los entrevistados. “Esto es similar a haber abierto la puerta de una pieza que nunca había sido utilizada. Aún no sabemos cómo usarla completamente, pero los resultados preliminares muestran que hay tipos de conflictos que tienen una correlación territorial importante”, dice Valenzuela y explica que por ejemplo las personas de los sectores más segregados son las que mencionan los conflictos de barrio como más fuertes.
Cómo interpretar
Sobre el conflicto hay distintas miradas. Visiones que lo presentan como algo negativo y que debe evitarse y otras que lo consideran necesario en una democracia saludable como señal de diversidad y estímulo para el debate. El desafío, según estos últimos, está en encauzarlo. ¿Qué piensan los chilenos? También están divididos. La mayoría (53%) cree que debe evitarse, pero cuatro de cada 10 dicen que debe expresarse. Cuando se introducen algunas variables como la posición política aparece que las personas de derecha son más proclives a pensar en evitarlo (61%) que las de izquierda (47%). Además, explica el economista Dante Contreras, “las personas de más ingresos y más educadas conviven con el conflicto de manera distinta. Su percepción al respecto es menos negativa que en el resto de la población”. En cambio las personas con ingresos más bajos le tienen más miedo y son también los que muestran respuestas más orientadas al castigo, el último aspecto que considera esta sección de la encuesta y uno de los más llamativos.
Mano bien dura
La violencia es una forma habitual de expresión de los conflictos sociales en Chile: en la protesta, en su represión, en la delincuencia y en la reacción contra esta, sostienen en el COES, y por esa razón el estudio indagó al respecto. Los datos muestran que el uso de la violencia cuenta con un respaldo considerable. El 53% de los consultados, por ejemplo, está de acuerdo con la pena de muerte, medida aplicada en Chile por última vez en 1985 y abolida en 2001.
En las preguntas se distinguió entre la violencia para el cambio social, la proveniente del Estado para el control y la violencia privada contra la delincuencia. Con respecto a la primera aparece, entre otras cosas, que más de la mitad de los encuestados justifica que al menos en algunos casos las personas pobres usen la violencia como mecanismo para obtener mejores condiciones; lo mismo que ocurre con respecto al reclamo de tierras por los indígenas.
El uso de la fuerza pública, por otra parte, tiene alta aceptación en varias situaciones y el 73% justifica su uso en manifestaciones públicas no autorizadas y casi dos tercios creen que debe usarse al menos en algunas ocasiones cuando hay tomas estudiantiles en colegios. “Si bien el Estado tiene atribuciones legales para usar la fuerza, este debiera estar limitado a situaciones que realmente impliquen un peligro para las personas y en la encuesta se percibe un importante apoyo en episodios donde este peligro no es del todo claro”, dice Mónica Gerber, socióloga que investiga la legitimidad de la violencia y el castigo. La académica de la UDP destaca además que los datos sugieren que hay un fuerte deseo de castigar a los delincuentes: casi un tercio de las personas no considera graves episodios de ajusticiamiento ilegal, como cuando un grupo golpea a un delincuente, tal como ocurrió el año pasado cuando algunos transeúntes del Paseo Ahumada le sacaron la ropa a un asaltante y lo amarraron a un poste envuelto en plástico alusa.
“Más allá de la alta tolerancia a la violencia, las personas no la favorecen en sí misma sino cuando ésta sirve para promover objetivos que les parecen importantes”, dice Gerber. Eso ayuda a entender las diferencias que hay por posición política ya que mientras las personas de derecha apoyan con más fuerza su uso para mantener o recuperar el orden, las medidas violentas para promover el cambio social generan más adhesión entre personas identificadas como de izquierda.
Todos estos resultados, dice Dante Contreras, “dejan cierta preocupación respecto a las posibilidades de lograr una sociedad con mayor cohesión. Al examinar estos datos, que hablan de temor al conflicto y elevada tolerancia a la violencia, junto a los resultados de las entregas anteriores donde se constató una baja confianza interpersonal y elevadas percepciones de desigualdad, se dibuja un cuadro poco optimista para el desarrollo de nuestra sociedad”.
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