 En la Venezuela bolivariana se conculcan
los más sagrados derechos ciudadanos:
el derecho a opinar libremente
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Posted: 06 Aug 2015 02:32 PM PDT
 La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un comunicado este jueves donde se analizan todas las detenciones arbitrarias, procesos penales e interrogatorios iniciados por el Gobierno Nacional en los últimos meses. A continuación el texto completo: El gobierno del Presidente Nicolás Maduro y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional están utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a personas que los critican, señaló hoy Human Rights Watch. Además de las detenciones arbitrarias y los procesos penales contra políticos de oposición, que han recibido amplia cobertura, durante el último año diversas autoridades venezolanas han iniciado, o amenazado con iniciar, acciones penales contra decenas de críticos menos conocidos. El 24 de julio de 2015, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al empresario venezolano Fray Roa Contreras, un día después de que él criticara políticas económicas del gobierno durante una entrevista televisiva realizada por CNN. Contreras continúa detenido y enfrenta un proceso penal en el cual se lo acusa de presuntamente difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra”, según la prensa. “El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”. Human Rights Watch documentó 31 casos en la capital, Caracas, y en 4 estados – Aragua, Carabobo, Lara y Zulia – de personas que enfrentan cargos penales, o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente, por haber criticado públicamente al gobierno. Entre estos casos se incluyen 22 personas vinculadas con medios de comunicación venezolanos que difundieron información sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, con un cartel de narcotráfico. El SEBIN detuvo e interrogó a otras 6 personas, de las cuales 5 están sujetas a procesos penales por sus declaraciones. Con relación a las tres personas restantes, en dos casos las autoridades abrieron una investigación penal en su contra y amenazaron con perseguir penalmente a la tercera. Entre los casos documentados por Human Rights Watch se incluyen el caso de un médico que fue detenido por agentes de inteligencia y amenazado con la posibilidad de un proceso penal por cuestionar en televisión la escasez de medicamentos; el de un ingeniero que fue detenido luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico; y el de una clarividente que había sido diagnosticada con trastornos psicológicos, que fue detenida y procesada por haber anunciado a través de Twitter, entre otras cosas, que “morirá la dictadura en Venezuela”. El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han conver |
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