Amnistía Internacional
Leopoldo López, líder del partido de la
oposición venezolano Voluntad Popular, está en prisión desde el 18 de febrero
de 2014. Ese día, López se entregó a la Guardia Nacional durante una
manifestación contra el gobierno convocada por su partido en una plaza del este
de Caracas. El 19 de febrero, compareció ante un tribunal que concluyó que no
había pruebas para acusarlo de los graves delitos enumerados en la orden de
detención, que incluían terrorismo, homicidio y lesiones graves, pero que había
indicios de otros delitos, como incendio y daños, en carácter de determinación,
instigación a delinquir y asociación para delinquir. Estos delitos conllevan
una pena máxima de diez años de prisión. La juez ordenó la prisión preventiva
de López hasta que se conocieran los resultados de la investigación de la
fiscalía.
Cuatro meses después, el 4 de junio de 2014, la
juez resolvió admitir los resultados de
la investigación del Ministerio Público y que había indicios suficientes para
llevarlo a juicio. Además, decidió negar la libertad bajo fianza mientras
esperaba la celebración del juicio. Leopoldo López lleva ya más de cinco meses
en prisión preventiva en el Centro Nacional de Procesados Militares
"CENAPROMIL", una prisión militar en Los Teques, en las afueras de la
capital, Caracas.
A Amnistía Internacional le preocupa que el
encarcelamiento de Leopoldo López parezca estar basado en razones políticas. La
orden de detención fue emitida al día siguiente de que el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Relaciones Exteriores,
Elías Jaua Milano, acusaran públicamente a López de ser responsable de la
violencia desencadenada durante las protestas contra el gobierno; por su parte,
el presidente Nicolás Maduro pidió su encarcelamiento al día siguiente de su
detención. Estas acusaciones públicas del poder ejecutivo, sin contar con el
respaldo de pruebas verosímiles, no transmiten un mensaje claro de que las
autoridades respetan la imparcialidad y la independencia del sistema judicial,
y hacen dudar de que se esté respetando el derecho a la presunción de inocencia
de Leopoldo López, lo que es crucial para un juicio justo. Se han puesto en
duda la independencia y la imparcialidad del sistema judicial —una piedra angular del Estado de derecho— y,
por tanto, la imparcialidad de su juicio es cuestionable desde el principio.
En febrero y marzo de 2014, Venezuela se ha
visto sacudida por protestas multitudinarias tanto a favor como en contra del
gobierno en diversos puntos del país. Los enfrentamientos violentos entre las
fuerzas de seguridad y los manifestantes se saldaron con 43 muertos y cientos
de heridos, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y
viandantes. Según la Fiscalía General, a mediados de marzo se había detenido a
más de 2.100 personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad
pocos días después, pendientes de más investigaciones.
El juicio de Leopoldo López, que ha pedido a
sus seguidores que protesten pacíficamente exigiendo la renuncia del gobierno,
se está tramitando en este contexto.
Amnistía InternacionalRECOMENDACIONES
n Amnistía Internacional insta al Ministerio Público venezolano a que
demuestre más allá de toda duda razonable que la detención y el juicio de
Leopoldo López no tienen motivación política y a que lo ponga en libertad sin
demora salvo que se justifiquen de forma verosímil los cargos penales
formulados en su contra.
n A Amnistía Internacional le preocupa seriamente el riesgo de que
Venezuela entre en una espiral de violencia si todas las fuerzas políticas,
gobierno y oposición, no condenan las protestas violentas, usan su influencia
para ponerlas fin y se comprometen a respetar los derechos humanos y el Estado
de derecho. Para que los trágicos sucesos de febrero y marzo no se olviden ni
se repitan, y para garantizar que existen condiciones para entablar un diálogo
constructivo de buena fe, es esencial que el gobierno dé a los derechos humanos
máxima prioridad en su programa político reforzando las instituciones y el
Estado de derecho.
n Garantizar que todas las personas pueden ejercer sin discriminación su
derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor a ser
víctimas de homicidio, agresión, malos tratos o detención arbitraria
transmitirá una clara señal de que las autoridades se toman en serio el respeto
a los derechos humanos de todos, con independencia de su posición y de sus
opiniones políticas.
Si desean más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía
Internacional en relación con las recientes protestas en Venezuela, vean Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en
medio de protestas, Índice AI: AMR 53/009/2014), abril de 2014.
