domingo, 13 de noviembre de 2016

Trabajadores emplazan a sus partidos de la N.M. y acusan a La Maoneda de no reajustar como corresponde






Reajuste Público: Frentes sindicales de partidos de la Nueva Mayoría cuestionan a sus presidentes
Ayer una declaración pública de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista. Dicha declaración fue impulsada por la Democracia Cristiana.

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/ Foto: AgenciaUno.
El debate político respecto al reajuste salarial del sector público continúa al rojo vivo por la correlación de fuerzas entre el gobierno y su coalición política. El resultado de la votación en la Cámara de Diputados (97 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno a favor) sigue provocando polémicas.
Ayer una declaración pública, impulsada por la Democracia Cristiana, de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista.
Ante esto, los frentes sindicales de los partidos de la NM emitieron hoy una declaración pública en la que cuestionaron duramente a sus timoneles.
Primero explican que como trabajadores y encargados del trabajo sindical de nuestros partidos entendemos el debate de reajuste del sector público como un tema relevante, no solo por la justa reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también porque apostar por los trabajadores es abrir una puerta para que Chile retome su senda de crecimiento, y además por el impacto que el resultado de esta negociación tiene posteriormente en todas las negociaciones colectivas de los demás sectores del país. Este es el debate de fondo hoy”.
Luego el documento continúa: “Nos parece profundamente inadecuado que los presidentes de partidos difundieran ayer una declaración pública donde intentan poner como centro del debate las diferencias que existen entre los partidos y, en particular, con el Partido Comunista, asumiendo el problema del fracaso en la negociación y votación del reajuste como un tema de lealtades partidarias y/o con el Gobierno, desconociendo las razones que llevaron al rechazo por parte de Parlamentarios de todos los partidos de la Nueva Mayoría a la primera propuesta presentada por el Gobierno, y posteriormente también al veto aditivo”.
En ese sentido, cuestionan que los Presidentes de los Partidos de la Nueva Mayoría, más que entrar en la pequeña disputa por culpables y recriminaciones que, insistimos, en algunos casos pareciera que nada tienen que ver con el debate de fondo o que se está usando como excusa para no enfrentar otros problemasdebieran estar centrando sus esfuerzos en facilitar que se retome el diálogo entre el Ejecutivo y los trabajadores, para buscar un camino viable de resolución al conflicto a la brevedad posible. Ese entendemos que fue el ánimo con que los Parlamentarios rechazaron nuevamente la propuesta presentada por el Ejecutivo el martes pasado, señal que hasta ahora no ha sido recogida”.
De todas formas, también le envían un recado a La Moneda: Por otra parte, consideramos inaceptable la actitud terca del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien definitivamente no ha estado a la altura en ninguno de los debates legislativos en materias laborales que se han llevado a cabo durante su periodo, especialmente en la Reforma Laboral, y que es el verdadero responsable, junto a los Ministros de SEGPRES e Interior, de la innecesaria derrota auto infligida en la tramitación del reajuste del sector público. Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría”.
También fueron tajantes para criticar el violento desalojo que se vivió en la Cámara de Diputados, rechazamos enérgicamente el trato vejatorio del que fueron objeto destacados dirigentes sindicales en el Congreso el pasado martes, cuando fueron desalojados violentamente de las tribunas. Es una situación incomprensible e impresentable en un Gobierno que se declara de centro izquierda y progresista, denuncia el texto.
De igual manera, señalan que tampoco aceptamos que en la declaración de los Presidentes de Partidos se cuestione el derecho a huelga y a paralizar como legítima herramienta de los trabajadores para presionar por sus demandas. Esto es absolutamente disonante con las posiciones que desde nuestro sector se han defendido, particularmente durante la discusión de la Reforma Laboral donde, con todo, igual se logró que se reconociera a la huelga como derecho fundamental”.
Antes de concluír, hicieron un llamado “a que el Gobierno abra las puertas al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Lo que la ciudadanía demanda es que este conflicto termine a la brevedad y ello solo será posible si se retoma el diálogo, tal como lo señaló esta mañana la Mesa de Presidentes del Sector Público, encabezada por la CUT. Nuestros debates como conglomerado y partidos de Gobierno deben hacerse en los espacios que corresponden, y no a costa de la legítima aspiración de los trabajadores y trabajadoras, que ya llevamos más de tres semanas movilizados, pero siempre dispuestos al diálogo y a buscar alternativas de solución”.
Finalmente, concluyen y aclaran que consideramos indispensable reforzar la Nueva Mayoría para seguir avanzando y profundizando en los cambios que requiere nuestro país. Desde los Frentes Sindicales de nuestros Partidos trabajamos día a día para eso, y exigimos de nuestras dirigencias una conducta en consecuencia con esta idea, que es además la única manera de terminar este Gobierno de la mejor forma y proyectarnos para el siguiente periodo con una verdadera fuerza de base social”.
Los firmantes son:
Tamara Muñoz Valenzuela, Frente de Trabajadores IC
Arlette Gay Schifferli, Departamento Nacional Sindical PS
Flavio Garrido Sepúlveda, Frente de Trabajadores DC
Guillermo Salinas Vargas, Comisión Nacional Sindical PC
Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría
Carlos Valenzuela González, Frente Nacional de Trabajadores PR
Luis Mundaca Segovia, Frente de Trabajadores MAS
José Reyes Donoso, Secretaría Nacional Sindical PPD

viernes, 4 de noviembre de 2016

EL PSEUDO SOCIALISMO AMERICANISTA SIGUE EN SU ESCALADA ELECTORAL. SIGUEN LAS FARSAS ELECTORALES, ESTA VEZ EN NICARAGUA DEL PRESIDENTE PEDÓFILO DANIEL ORTEGA

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En las elecciones del domingo, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. CreditEsteban Felix/Associated Press
MANAGUA, Nicaragua — Unos meses antes de la reelección del general Anastasio Somoza Debayle en 1974, mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, suscribió un manifiesto con 26 líderes opositores proclamando que en Nicaragua “No hay por quién votar”. En la víspera de la elección, su periódico, La Prensa, se adelantó a los resultados y tituló con sorna: “Estos ganaron mañana”, detallando incluso los escaños para diputados que serían asignados al partido Conservador, colaboracionista, de acuerdo al sistema pactado de “minorías congeladas” que le aseguraba un tercio de los cargos públicos.
El 10 de enero enero de 1978, mi padre fue asesinado por sicarios de la dictadura somocista. Su muerte desató una inmensa ola de protesta nacional, simbolizando que al cerrarse el espacio político, al país no le quedaba otra alternativa que la rebelión para terminar con una dictadura dinástica.
Casi cuatro décadas después, habiendo Nicaragua recorrido un tortuoso ciclo de revolución y contrarrevolución, guerra civil y agresión externa, transición democrática y regresión autoritaria, la historia se repite como farsa bajo el régimen de Daniel Ortega, el exguerrillero presidente entre 1985 y 1990 que regresó al poder en 2007.
En las elecciones del domingo, Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. Habrá votaciones pero la palabra “elección” no describe el resultado. Bajo un sistema electoral férreamente controlado por su partido el Frente Sandinista, las votaciones se efectuarán sin observación electoral independiente y sin oposición, porque la coalición organizada en torno a la segunda fuerza política del país fue ilegalizada en un acto de fuerza y excluida de participar en los comicios.
Emulando a “los veintisiete” de la época de Somoza, nuevamente surgen grupos de protesta ciudadana proclamando que no hay “por qué, ni por quién votar”. Como en 1974 hay otros partidos, pero han sido cooptados o participan en las elecciones con candidatos ficticios o a quien nadie conoce —“zancudos”, los llamamos los nicaragüenses— que están ahí solo por el incentivo económico. El resultado son unos comicios que más bien se asemejan al ritual de un régimen de partido hegemónico.
El único interrogante a despejar es el porcentaje que obtendrá el voto protesta reflejado en la abstención, único competidor real del régimen, pero aún este dato político será imposible de conocer con certeza en un sistema electoral sin ninguna transparencia. La última encuesta de la firma Cid Gallup, basada en un simulacro de votación, proyecta ganador a Ortega con una intención de votos del 52%, mientras el 42% de los electores dejarían la boleta en blanco. Sin embargo, desafiando esta tendencia, el presidente del Consejo Supremo Electoral ya vaticinó que estas elecciones tendrán “un nivel histórico de participación”, por encima del 75 por ciento de votantes.
Irónicamente, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las elecciones de 1990, permitiendo que Violeta Chamorro, mi madre, se convirtiera en presidenta por siete años, el propio Ortega contribuyó a fundar la democracia electoral al aceptar su derrota, inaugurando el camino inédito de la alternabilidad en el poder. Sin embargo, Ortega y Arnoldo Alemán, el presidente que sucedió a Violeta Chamorro —luego acusado por corrupción—, negociaron en 1999 un pacto que debilitó la tendencia hacia una democracia pluralista al poner al sistema electoral bajo el control político bipartidista. Así el sistema electoral se vació de institucionalidad hasta contaminarse y desplomarse de forma definitiva al asumir Ortega el poder en 2007.
En las elecciones municipales de 2008 se impuso un fraude electoral ampliamente documentado, y en las presidenciales de 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional, nuevamente bajo denuncias de fraude. En los últimos cinco años, ha consolidado una dictadura institucional con un nivel absoluto de concentración del poder, sustentado en una alianza con los grandes empresarios privados a través de un esquema corporativista, y gracias a políticas sociales asistencialistas hacia los pobres, que le han brindado un innegable rédito político.
¿Por qué este caudillo del siglo XXI suprimió el pluralismo político, si, al menos en teoría, podría ganar libremente una elección con el apoyo popular que ha cosechado su gobierno, y de paso blindarlo con legitimidad? La pregunta carece de una respuesta coherente si se pretende evaluar a Ortega bajo estándares democráticos. Pero el cierre del espacio político resulta entendible bajo la lógica de un líder autoritario, cuya prioridad es despejar el camino para los tiempos de vacas flacas sin el subsidio económico de Venezuela ahora en crisis económica y política, y asegurar las condiciones para la sucesión familiar en el poder.
Al cerrar el espacio político, Ortega ha generado costos domésticos y externos. Entre el gran capital y los inversionistas crece la preocupación sobre el impacto negativo del autoritarismo en el clima de negocios, y la amenaza del congreso norteamericano de imponer sanciones económicas en los organismos multilaterales de crédito con la Nicaragua Investment Conditionality Act llamada “Nica Act”, ya aprobada en la cámara baja.
Experto en negociar al borde del precipicio, a última hora Ortega promovió un diálogo político con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a su vez invoca como escudo y estrategia la mancillada Carta Democrática. El diálogo con la OEA no tendrá incidencia en las elecciones del seis de noviembre, pero ha generado expectativas sobre eventuales promesas de reformas políticas a futuro.
No se pueden adelantar conclusiones y lo único claro, por ahora, es que nuevamente Nicaragua tiende a insertarse en el viejo círculo vicioso que intenta compensar la falta de soluciones nacionales a través de la presión externa. La única buena noticia en medio de este panorama de incertidumbre es que la aparente fortaleza de Ortega tiene pies de barro.
Como enseñó la experiencia bajo Somoza, la corrupción y la represión resultante de un régimen personalista que se transforma en dictadura familiar, representan un cóctel explosivo que lo hacen insostenible a mediano plazo. Ojalá que esta vez, cuando renazca la esperanza en una alternativa democrática, los nicaragüenses estaremos preparados para hacer el cambio de forma pacífica.