COMUNAL PROVIDENCIA DEL PPD EXIGEN AL TRIBUNAL SUPREMO DEL PARTIDO DECLARAR NULA INJUSTA E ILEGAL RESOLUCIÓN DE EXPULSIÓN DE CONCEJAL DEL PARTIDO BASADO EN FALSA ACUSASIÓN

RECURSO DE NULIDAD.

Mediante este instrumento El Comunal de Providencia y los abajo firmantes, todos militantes activos del Partido por la Democracia venimos en exigir al Tribunal Supremo que declare nula su Resolución de Primero de Septiembre de 2014, por la cual se resolvió expulsar del Partido al Concejal  de Providencia Rodrigo García Márquez.

Nuestra disconformidad con dicha resolución se respalda en el artículo 28 de LEY,  18.603, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS, por cuanto en ella se prescribe que al “aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen” se debe contemplar “las disposiciones que hagan efectivo un debido proceso”.

En efecto, la sola lectura del texto de la Resolución del Tribunal Supremo que objetamos, presenta una serie de violaciones a derechos civiles y políticos básicos universalmente reconocidos y un atropello a varias normas fundamentales de un debido proceso, además de transgredir los estatutos del Partido.

Nuestro Partido se formó en medio de las luchas en contra de la Dictadura y una de nuestras principales banderas de lucha fue la recuperación de la Democracia y la re-instauración de un sistema judicial que garantizara los derechos individuales para todos y cada uno de los ciudadanos de este País. Por lo tanto, nuestro Partido, en sus propios procesos internos, no  puede caer en los mismos vicios que antes combatió.

PRIMERA OBJECIÓN.

Tanto la acusación del Presidente de la Juventud del PPD como el texto de la Resolución del Tribunal Supremo están basados en una narración equivoca y tergiversada de los hechos.  El trabajo Investigativo y probatorio del Tribunal fue extremadamente negligente. En efecto,  en las últimas semanas ha transcendido a través de los medios de comunicación dos hechos que vienen a desmentir en forma categórica la acusación contra el Concejal García Márquez por parte del Presidente de la Juventud del PPD, José Toro Kemp. Quien acusa a dicho Concejal de ataque homofóbico a su par Jaime Parada. El Domingo 14 de Septiembre recién pasado, en el  Programa Tolerancia Cero se le Preguntó a la Alcaldesa de Providencia si había escuchado al Concejal García Márquez proferir los insultos Homofóbicos de los que se le acusa, ella respondió que “NO” “que esos agravios se le habían atribuido a la esposa del Concejal”, aunque tampoco ella los había escuchado.  En los twiters de Rolando Jiménez, presidente del Movilh, del día 15 de Septiembre, entre 19:50 y las 20:31 horas. Don Rolando pregunta; “¿Es extraño que no haya ningún testigo de la frase homofóbica del Concejal García Márquez? Más aún si eso le costó la expulsión del PPD.”  Consultado el Señor Jiménez, también confirmó que el preguntó al Partido los nombres de los testigos. ¿Tendrá razones para dudar de la existencia y veracidad de estos testigos?  Por último, el Tribunal debe haberse enterado que el propio Concejal Parada ha declarado a través de varios medios de comunicación que fue la Cónyuge del Concejal García Márquez y no este último la autora de los agravios. Sin embargo, el Sr. Parada, ahora hace declaraciones sacando provecho de esta equívoca expulsión. 

SEGUNDA OBJECION.

Las últimas informaciones de prensa y de los medios de comunicación muestran que el supuesto insulto homofóbico objeto de la acusación, no fue cometido por el Concejal García Márquez sino que este, de comprobarse, habría sido proferido por la cónyuge del Concejal. Por lo tanto, estimamos que el castigo impuesto al Concejal PPD Rodrigo García Márquez en la Audiencia del 24 de Junio, no solo es improcedente sino que ilegal y violatorio de derechos. En nuestra legislación, aún en los casos de delito, una persona puede guardar silencio si ello incrimina a su cónyuge o pariente en primer grado.

La Resolución del TS oculta el hecho que el presunto dicho homofóbico habría sido proferido por la  cónyuge del Concejal. Es más, en la letra i)  de los Vistos, se refiere a una supuesta falta de arrepentimiento de su equipo político, pretendiendo de una manera burda ocultar el hecho de tratarse de la cónyuge. Si el Concejal PPD Sr.  Rodrigo García Márquez no está obligado legalmente a delatar ni declarar en contra de su esposa, con menor o nula atribución podría el Tribunal Supremo aplicarle una sanción al Concejal  por una falta  cometida por ella; su cónyuge.

TERCERA OBJECIÓN

Es absolutamente improcedente, en toda lógica, práctica jurídica o razón política, castigar a una persona por una supuesta falta cometida por otra persona. En este caso nos estamos refiriendo tanto a la resolución del Tribunal Supremo del 24 de Junio  como a la de 1° de de Septiembre ambas fechas de 2014.

Resulta de absoluta falta de transparencia que el texto de la Resolución omita describir cual es la falta que se le imputa al Concejal PPD García Márquez y en cambio en forma totalmente ambigua describa en los Vistos Letra a) “…por los hechos suscitados en la Comuna de Providencia, entre los Concejales García y Parada)”. Es necesario volver a insistir que, si el tema de la acusación es, presuntamente, proferir dichos homofóbicos por parte del Concejal García,  esto no está citado ni sugerido en el Texto de la Resolución. Ni mucho menos se citan pruebas,  videos, audios, ni testigos. Como expresado más arriba la carta del Sr, Toro no solo es ambigua sino que totalmente  errónea. Ante la confusión de la Resolución no nos queda más que presumir que los hechos referidos en la Letra a) de los vistos se refieren a hechos suscitados entre la Señora cónyuge del Concejal PPD García Márquez y el Concejal Parada. Sin embargo, es necesario dejar establecido que esta Señora no es militante del Partido por La Democracia.   

Por lo tanto para concluir en la improcedencia del juicio en contra del Concejal PPD García Márquez y las sanciones aplicadas por las Resoluciones de 24 de Junio y de Uno de Septiembre , ambas fechas de 2014, además de la mera lógica, es necesario remitirse al Auto Acordado del Tribunal Supremo del Partido por la Democracia de fecha 25 de Marzo de 2010 que en su artículo 2° expresa textualmente lo siguiente: “Para los efectos de este auto acordado, se entiende por conducta reprochable la acción u omisión culposa o dolosa en que incurra un militante del PPD en contravención a los estatutos y reglamentos del partido, así como respecto las circunstancias detalladas en los siguientes artículos”. En ningún caso se refiere a la conducta de parientes ni cónyuges.

CUARTA OBJECIÓN

El texto de la Resoluciones de 24 de Junio y de 1° de Septiembre de 2014 citan como fundamento jurídico el Titulo Undécimo, artículo 53 del Estatuto del Partido por la Democracia de Enero de 2008. Sin embargo, ese mismo artículo expresa categóricamente: “Existirán también Tribunales de Honor Regionales que tendrán el carácter de tribunales de primera instancia.”

(Las mismas disposiciones se repiten en los Estatutos de 2012 del PPD en sus Artículos 46 y 43 letra d). No existiendo Claridad acerca de la vigencia de uno u otro estatuto; el de 2008 o el de 2012).

Es decir en forma arbitraria el Tribunal Supremo desconoció la competencia del Tribunal de Honor Regional Metropolitano acogiendo la denuncia interpuesta sin haberla primero referido a la instancia que señalan los Estatutos Partidarios. Cabe señalar que tampoco el denunciante se atiene a los estatutos para efectuar su demanda en la instancia que corresponde. Ello a pesar de su investidura como Presidente de la Juventud del PPD.

QUINTA OBJECIÓN

De nuevo haciendo uso y abuso de la figura jurídica de la apelación, el Presidente de la Juventud del PPD, José Toro Kemp, presenta una nueva “apelación” -valga la redundancia-. “solicitando la expulsión del Sr. Rodrigo García Márquez”.  Cabe destacar que la apelación es según lo define la RAE; “Presentación ante el juez o tribunal superior para que revoque la sentencia dada por el inferior.”  No cumpliéndose estos requisitos: ser un recurso ante tribunal superior, ni de tratarse de petición la revocación de una sentencia, es esta nada más que una maniobra extra-estatutaria e ilegitima destinada a presionar indebidamente al Tribunal Supremo.

SEXTA OBJECIÓN

Hecha la presentación (“apelación”) por la parte demandante, el Tribunal Supremo la acoge a trámite y se pronuncia en un solo acto, Letra i) de los Vistos de la Resolución, sin que conste en autos que se ha notificado  y dado a la parte acusada el tiempo necesario para defenderse. Esta es una grave transgresión al debido proceso.

SEPTIMA OBJECIÓN

El considerando Tercero y el texto de de la parte resolutoria citan como fundamento  de expulsión del militante el N° 9 letra c) del Auto Acordado del Tribunal Supremo de fecha 25 de Marzo de 2010. Que transcribimos a continuación: “c) Cuando sostenga y propague principios contrarios a los contenidos en la Declaración de Principios del PPD, en sus Estatutos y Reglamentos o en

los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional.” Nótese que el modo verbal usado es el presente continuo; “sostenga, propague”.

El  Sr. García Márquez tiene 18 años de servicio público como Concejal PPD de Providencia. Es esta la primera vez que se le acusa de sostener y propagar principios contrarios a los del PPD en particular actitudes homofóbicas. Atribuirle conductas permanentes, violatorias de los Principios del Partido constituyen no solo una exageración, sino que son además un insulto al Comunal de Providencia que ha trabajado por su reelección en varias oportunidades sin haber advertido este tipo de comportamientos durante este periodo. Además, El Tribunal Supremo falta al respeto  a los miembros de la Directiva, las ex Directivas, Consejeros nacionales, ex Consejeros Nacionales y militantes del PPD de Providencia, que han acompañado al Concejal Rodrigo García Márquez en su larga trayectoria y que están en condiciones de atestiguar si este mantiene actitudes homofóbicas. El Partido por la Democracia se supone ser un partido de militantes y no de estructuras partidarias que toman decisiones en ausencia de aquellos que dicen representar.

OCTAVA OBJECIÓN

Las infracciones descritas como punibles en el Auto Acordado están en presente continuo. Resulta desproporcionado asumir que un aislado supuesto insulto, proferido en un momento de ofuscación (por su cónyuge), pueda ser considerado como una conducta continua y que de pié a la acusación de que el Concejal PPD sostenga y propague principios contrarios los del Partido en forma habitual y permanente.

Esta objeción esta describiendo, precisamente, aquellas conductas que el Tribunal Supremo del Partido ha querido evitar tal como lo describe el Considerando tercero del Auto Acordado ya citado: “lo anterior atenta en contra de los principios de seguridad jurídica y de debido proceso, dejando un amplio margen de acción a los órganos disciplinarios del Partido, lo que abre la posibilidad a la aplicación de sanciones arbitrarias, desproporcionadas…”

La sanción de expulsión es en este caso, no solo improcedente como lo hemos demostrado más arriba, sino que además de violar el debido proceso es arbitraria y desproporcionada.

NOVENA OBJECIÓN

En ninguna parte del texto de la Resolución, del Tribunal Supremo, de 1 de Septiembre de 2014, se especifica porque dicho Organismo estima que la Declaración del Sr. García Márquez, leída ante el Concejo Municipal de Providencia es insuficiente. Por otra parte, si tampoco ordenó en su resolución de 24 de Junio de 2014 que el Concejal PPD diera muestra de “arrepentimiento por los dichos realizados por su equipo político”; su señora; la sentencia pronunciada carece de todo fundamento. La ausencia de explicación y fundamentación, nos lleva a deducir que dichos criterios son asuntos para ser compartidos exclusivamente entre la parte acusatoria y  los miembros del Tribunal Supremo. Ello denota una inaceptable falta de transparencia,  parcialidad  y prevaricación en la aplicación de justicia.

UNDECIMA OBJECIÓN

Impresiona la  carencia probatoria, la indigencia de fundamentos políticos, de  hecho y derecho, llevándonos a concluir que esta resolución fue adoptada con cualquier fin, menos el de impartir justicia.  Ni menos justicia transparente e informada.

A diferencia de otras resoluciones del Tribunal Supremo, esta no provee pruebas; fotos, videos, audios, otros medios probatorios ni testigos. Ni siquiera  la declaración del Sr. García Márquez ante el Concejo Municipal de Providencia.

Los testigos a que se refiere la carta del Presidente de la Juventud no fueron identificados, si es que ellos existen realmente. ¿O son testigos protegidos a quienes no es posible contra interrogar?

¿fueron ellos entrevistados?

¿Por qué no se invitó a María Ester Díaz Valdez (esposa del Concejal PPD García Márquez) a testificar por las acusaciones proferidas en su contra? Es cierto que ella no es militante, pero se invitó a Concejal Parada, quien es militante del PRO y reconocidamente anti Nueva Mayoría. Hubiera sido altamente esclarecedor que ella hubiese podido explayarse en las circunstancias en que ocurrieron los incidentes y el rol del Concejal Parada en agitar a los vecinos en contra del Concejal PPD García Márquez.  Como se expresó más arriba tampoco el Tribunal Supremo tuvo la deferencia de comprobar, con los militantes de Providencia, si Rodrigo García Márquez, en su larga trayectoria ha tenido actitudes homofóbicas y discriminatoria de alguna especie.

Es por estas razones que los abajo firmantes estamos profundamente decepcionados con la Resolución del Tribunal Supremo y requerimos la anulación de la resolución de expulsión del Concejal Rodrigo García Márquez.

COMUNAL PPD DE PROVIDENCIA

Providencia, Uno de Octubre de 2014

SECRETARÍA REGIONAL DEL PPD CAPITAL PREOCUPADA POR ESCALADA VIOLENTISTA EN MEXICO EN CONTRA DEL ESTADO DE DERECHO ¿ESTÁ EL PAÍS EN MANOS DEL NARCOTRÁFICO? ¿SON LAS AUTORIDADES INCAPACES DE DAR UNA SOLUCIÓN?

 

México: Estado narco o Estado fallido

PATRICIO BUSTOS

El México actual se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad.  Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.

Esto no tiene nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocimos en el Cono Sur  durante las dictaduras militares de derecha. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.

Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el ex presidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.

Peor que el Estado Islámico

Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes, o mejor dicho casi 4 personas diarias). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes o casi 5 diarios).

La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.  

Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.

La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.

Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “se ha destapado la cloaca de la narco política guerrera” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y se reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.

Controlar la sociedad

Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por la conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).

Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de las protestas y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista.

Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narco democracia colombiana” bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.

Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.

Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página

antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.

Al final, para bien o para mal, EEUU alienta o desalienta la lucha contra la barbarie y la tragedia mexicana. Después no hablen por favor de Venezuela, de Cuba o de otros países adversos, porque el problema lo tienen en su propia frontera sur.

PPD EN GUERRA INTERNA POR EXPULSIÓN DE CONCEJAL DE PROVIDENCIA - PRESIDENTE DE LA JUVENTUD DE ESE PARTIDO EN CACERÍA DE BRUJAS - TRIBUNAL HABRÍA ACTUADO EN CONTRA DE LOS DD.HH. DE MILITANTE

DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR METROPOLITANO del PPD

Los abajo firmantes, todos militantes del Comunal PPD de Providencia vienen en interponer una denuncia en contra del Presidente de la Juventud del Partido Sr. José Toro Kemp por haber incurrido en la infracción y conducta tipificada en el  artículo 5°, letra h) del Auto Acordado del Tribunal Supremo de 25 e Marzo de 2010. Solicitamos, por lo tanto, se le aplique, al Sr. Toro Kemp, la sanción de seis meses de suspensión de su calidad de afiliado al PPD.

En efecto, el Sr. Toro procedió a denunciar, ante el Tribunal Supremo, al Concejal PPD de Providencia Rodrigo García Márquez de “ataque homofóbico” a su par de Providencia Jaime Parada.  Tal como lo tipifica  el precepto del Auto acordado ya citado, esto constituye una acusación infundada, toda vez que como toda evidencia probatoria, Sr. Toro cita la publicación de Facebook del Concejal Parada en que este último se refiere a una carta de “Residentes Patrimonio Bellavista”.

 Al respecto no podemos dejar de aludir al nexo entre quienes patrocinaron esa carta y los auspiciadores de la invitación  a funar al Concejal PPD García Márquez la cual fue convocada antes de la Reunión Oficial del Concejo Municipal, que tendría lugar en el Centro Cívico Montecarmelo en el Barrio Bellavista lugar donde se produjo un lamentable intercambio de ofensas, de las cuales también participó el Concejal Parada.

No hay constancia en el texto de su acusación que el Sr. Toro Kemp constató las circunstancias en que ocurrieron los incidentes, ni la veracidad de las acusaciones que se imputan al Concejal PPD García Márquez ni verificó la intencionalidad de los acusadores.  Tampoco, el Señor Toro se dio el trabajo de hablar o discutir con el Concejal García, ni de Consultar el Acta del Concejo N° 66, de 3 de Junio de 2014, Municipal de Providencia donde se dio cuenta del Incidente.  Es decir emitió una condenación taxativa en la sombra de la presunción y del rumor acusando en forma infundada a un Concejal militante del PPD.  

Por otra parte, la acusación también se tipifica como falsa ya que en la misma carta de los “Residentes Patrimonio Bellavista”  se asegura que no fue el Concejal el autor de los insultos, sino su cónyuge. Ello era sabido por el Sr. Toro, sin embargo, el tenor de su carta se da a entender que fue el Concejal García Márquez. Es a él a quien se quien condena y solicita castigar. Dicha falsedad debe ser calificada como grave, toda vez que está solicitando el castigo máximo para un militante, como es la expulsión del Partido.

En las últimas semanas, a través de los medios de comunicación se desmiente públicamente y en forma categórica la acusación contra el Concejal García Márquez por parte del Presidente de la Juventud del PPD, José Toro Kemp. El Domingo 14 de Septiembre recién pasado, en el  Programa Tolerancia Cero se le Preguntó a la Alcaldesa de Providencia si había escuchado al Concejal García Márquez proferir los insultos Homofóbicos de los que se le acusa, ella respondió que “NO” “que esos agravios se le habían atribuido a la esposa del Concejal”, aunque tampoco ella los había escuchado.  En los twiters de Rolando Jiménez, presidente del Movilh, del día 15 de Septiembre, entre 19:50 y las 20:31 horas. Don Rolando pregunta; “¿Es extraño que no haya ningún testigo de la frase homofóbica del Concejal García Márquez? Más aún si eso le costó la expulsión del PPD, otra pregunta sin respuesta fue ¿Quiero que me digan que dijo el Concejal, No lo que dijo su señora?”  Consultado el Señor Jiménez, también confirmó que  preguntó al Partido los nombres de los testigos. ¿Tendrá razones para dudar de la existencia y veracidad de estos testigos?  Por último, el Tribunal debe haberse enterado que el propio Concejal Parada ha declarado a través de varios medios de comunicación que fue la Cónyuge del Concejal García Márquez y no este último la autora de los agravios. 

Todas estas declaraciones, comunicaciones y actas, constituyen pruebas fehacientes que deben haber obrado en conocimiento del Sr. Toro Kemp. Por lo tanto estamos en presencia de una acusación presentada en forma dolosa, basada en hechos infundados y falsos destinados a producir un enorme daño al Concejal PPD García Márquez.

Es necesario destacar que la Acusación del Sr José Toro Kemp en contra del Concejal  también ha  dañado onerosamente la reputación del Partido en Providencia. Son muchos los reclamos en uno y otro sentido que hemos debido responder y dar explicaciones a los vecinos y votantes PPD que nos apoyan. Además, de la tergiversación  perpetrada por el Sr. Toro Kemp, y como consecuencia de ello,  los hechos han sido totalmente deformados a través de los medios de comunicación y las redes sociales afectando gravemente el prestigio del Partido.

Esta falsa acusación ha incluso afectando la unidad del Comunal PPD de Providencia.

Los abajo firmantes exigimos, conforme a las normas del debido proceso, que para los efectos de las consultas a que se refiere el inciso tercero del artículo 46 de los estatutos partidarios los siguientes miembros del Tribunal Supremo sean recusados de su participación por haber ya emitido un pronunciamiento en esta materia; Juan Marcos Moreno Rosales, María de los Ángeles Rodríguez Muñoz, Marcela Gladys Carmine Sepúlveda, José Bernardo Guerra Amaya, Waldo Francisco Carrasco Segura y Gertrudis Elizabeth Rubio Farías.

Contacto: Carlos Covarrubias Besnier, covbes@yahoo.fr. 65 99 23 60, Tel: 29808304

Nombre Militante                                                   RUT                                           Firma