Jorge “Tobi” Rodríguez ha cruzado varias veces la frontera entre el aparato público y los negocios privados. Hombre de confianza del grupo Gener y ahora último de los Luksic, se ha caracterizado por impulsar políticas para simplificar las vías a las grandes inversiones, lo que le ha acarreado duras críticas del progresismo. El propio economista DC se autocalifica como “fanático de los empresarios”. En medio del debate por la reformas, el gobierno convoca a un reconocido neoliberal que ha manifestado reparos a debatir una nueva constitución y a introducir “rigideces” a las normas laborales.
“Es como dejar al gato cuidando la carnicería”. La frase, pronunciada en junio de 2001 por el entonces diputado de la llamada Bancada Verde, Guido Girardi (PPD), dio la bienvenida a Jorge Rodríguez Grossi como triministro de Economía, Energía y Minería de la administración de Ricardo Lagos. El nuevo secretario de Estado llegaba al gobierno tras desempeñarse durante cuatro años como gerente general de una empresa eléctrica, por lo que desde el comienzo su gestión estuvo marcada por sus enfrentamientos con los ambientalistas. Su nombre quedaría asociado a la naciente preocupación por los conflictos de interés generados por la puerta giratoria entre el mundo público y el privado.
Desde el regreso de la democracia en 1990, Rodríguez Grossi ha entrado y salido del aparato público (
ver línea de tiempo en La Puerta Giratoria del Poder). El martes 22 se anunció su regreso, esta vez como presidente del Banco Estado. Asumirá en reemplazo de Guillermo Larraín, cuestionado por el gobierno por negociar un millonario bono de término de conflicto en medio de un plan de austeridad. Larraín asumió en propiedad la presidencia de Banco Estado recién en julio pasado, pues había llegado a ese cargo como subrogante en mayo, en reemplazo de Rodrigo Valdés, quien fue designado ministro de Hacienda. Fue este último quien argumentó que el reajuste salarial superó el marco presupuestario establecido. El bono representaba el 90% de las utilidades obtenidas por el banco durante el primer semestre, dinero que debía ingresar a las arcas fiscales.
Guillermo Larraín
Aunque en la Nueva Mayoría se valora la capacidad técnica de Rodríguez Grossi, en voz baja hay quienes cuestionan la señal que está mandando el gobierno al nombrar “a un neoliberal de tomo y lomo”. En palabras de un dirigente de la vieja Concertación, “es una persona que pasó los años 80 escribiendo sobre desigualdad y pobreza, pero al que después se lo comió el modelo”.
En términos políticos, Rodríguez ha mostrado distancia del discurso del gobierno. Recientemente dijo que una razón por la que ha caído la inversión es que los privados le tienen miedo al cambio constitucional. “La Asamblea Constituyente da para pasarse cualquier película. Ahora, no creo que vayan a pasar cosas tremebundas, pero yo no soy el que está trayendo US$1.000 millones o US$2.000 millones para invertir. Todo esto tiene que ver con la confianza política, si es que vamos a mantener o no un modelo social y político que ha sido exitoso”, dijo a La Segunda. En la misma entrevista, dijo que la gente votó por Bachelet por ella y no por su programa, y que la Presidenta debe salir a aclarar qué quiere hacer y dilucidar si va a cambiar o no el modelo. Y en cuanto a la reforma laboral, opinó que meter rigideces al sistema será malo para los trabajadores.
No es la primera vez que Rodríguez Grossi integra el directorio de Banco Estado. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró director y permaneció en ese sillón durante todo su gobierno. La designación fue sorpresiva no sólo porque Rodríguez es un histórico democratacristiano, sino que porque siendo presidente de Renovación Nacional, Piñera impulsó una fracasada acusación constitucional en su contra por su responsabilidad como vicepresidente del consejo de la Corfo en las pérdidas para el Fisco provocadas por los ilícitos del llamado Caso Inverlink en 2003.
Sobre la misión que debe tener el Banco Estado, se ha manifestado de acuerdo con que debe asumir un rol social distinto al resto de la banca. En 2003, cuando se discutía un proyecto privatizador impulsado por Alejandro Foxley, dijo: “El gobierno siempre tiene que estar dispuesto a mirar sus activos y ver cómo le pueden rendir más. A veces están como empresa pública porque tienen alguna función específica, como el Banco Estado que tiene un rol y lo ha demostrado en provocar a los demás bancos a bajar las tasas de interés. El Banco Estado está cumpliendo un rol muy importante en microempresa y queremos que también lo haga en pequeña empresa”.
Economista de la Universidad de Chile con un master en Economía y estudios de doctorado en la Universidad de Boston, Rodríguez Grossi es el presidente ejecutivo de la central hidroeléctrica Alto Maipo, propiedad de AES Gener y Antofagasta Minerals (Grupo Luksic),todos ellos con compromisos financieros con Banco Estado. En el caso de Alto Maipo, el banco es parte de un grupo de nueve instituciones financieras multilaterales y comerciales que se comprometieron a prestar hasta US$ 1.217 millones para construir el proyecto. AES Gener, en tanto, recibió de cuatro bancos, incluido el estatal, un crédito por US$ 100 millones en junio pasado. En cuanto al Grupo Luksic, según el diario electrónico El Mostrador, ha recibido del banco estatal más de US$ 600 millones en los últimos 15 años. Los Luksic controlan además el Banco de Chile, la mayor institución financiera privada del país.
Además de su alto cargo en la eléctrica, Rodríguez Grossi es director de
Australis Seafoods-salmonera controlada por el
“zar del agua” Isidoro Quiroga- y fue hasta marzo pasado director de
British American Tobacco Chile. Es también decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Llegó a esa casa de estudios después de una larga experiencia académica, primero en la Universidad de Chile –donde fue profesor del diputado Pablo Lorenzini y del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre– y también como fundador del programa de postgrado Ilades-Georgetown. Ha sido, además, consultor de diversos organismos multilaterales.
Según alguien que ha compartido directorio con él, Rodríguez Grossi es valorado por las empresas privadas no sólo por sus contactos políticos –que son muchos– y su conocimiento del aparato público, sino también porque destaca en sus responsabilidades corporativas: sabe de negocios, piensa como empresario y maneja los temas financieros al detalle.
Pese a esta visión empresarial, llama la atención que sólo ha creado una empresa: Latinus Consultoría Limitada, en 2006. Sus socios eran dos de sus grandes amigos en la DC, el ex ministro de Defensa Mario Fernández y el ex embajador en Alemania, Roberto Cifuentes. En un brochure de la empresa -que cerró formalmente el año pasado- aparece que prestaban servicios de asesorías en fusiones, adquisiciones, licitaciones, orientación en normativas, planificación estratégica, manejo de crisis y negociación.
EL NIÑO TERRIBLE
Fue como coordinador de las relaciones con los organismos multilaterales que llegó al Ministerio de Hacienda en 1990, donde un año después asumió la subsecretaría. Tras un brevísimo paso como presidente ejecutivo de Codelco durante la crisis del “Davilazo”, Rodríguez fue nombrado Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Jorge Rodríguez Grossi
Conocido en el mundo político como “Tobi” Rodríguez, el economista comenzó a simpatizar con la Democracia Cristiana desde niño, siguiendo a Eduardo Frei Montalva y a la llamada “Patria Joven”, y ya en la universidad fue candidato DC a la FECH. No le gusta encasillarse en ninguna de las tendencias del partido, pero se lo conoce por su cercanía a Gutenberg Martínez y Soledad Alvear. Afable y bromista, es un hombre apreciado por dirigentes de distintas alas de la DC. Pese a su simpatía, se le conoce como una persona frontal a la hora de abordar los conflictos.
“¿Niño terrible, yo?”, fue la frase que eligió La Segunda para titular una entrevista a Rodríguez Grossi en agosto de 1994. Aún no cumplía seis meses en la Subdere y ya tenía numerosos conflictos abiertos. Cuando recién llego se echó encima a los profesores, al atribuir la crisis de la educación municipal al exceso de docentes y decir que el Estado no tenía que aumentar los fondos, sino despedir profesores. “A mí me pagan para lograr que los municipios hagan una buena educación (…) eso me obliga a no pasar inadvertido, porque para hacer cambios hay que pisar callos”, decía entonces.
Luego tuvo un enfrentamiento por la Ley de Rentas Municipales, al acusar a Renovación Nacional de no apoyar el proyecto por defender intereses personales. “Ellos tendrán que pagar las consecuencias ante el país por defender el ingreso de más de 400 empresas en las cuales, por lo demás, y digámoslo con todas sus palabras, varios de estos parlamentarios también forman parte entre sus capitalistas”, apuntó. Senadores opositores llegaron a presentar una querella en su contra y el episodio le valió un duro enfrentamiento con el ministro del Interior, Germán Correa, a quien desafió con el respaldo de la DC.
“No es incompatible ser el Tobi, el gordo simpático y buena gente, y al mismo tiempo ser capaz de pelear por las cosas que creo justas”, decía en esa época a La Segunda. “¿Cómo Robin Hood?”, le preguntó la periodista”. “No, porque Robin Hood le robaba a los ricos para regalarle a los pobres, esa no es mi intención. Soy un hincha fanático de los empresarios, creo que son uno de los factores más importantes en el desarrollo chileno. Hay que apoyar muy fuerte el desarrollo empresarial, pero con un concepto de empresa que viene del Génesis, en el que todos transformemos el mundo a imagen y semejanza de Dios”.
Finalmente ministro y subsecretario dejaron el gobierno en septiembre de ese primer año del gobierno de Frei y Rodríguez emigró a la Fundación Chile como gerente de desarrollo, cargo que ejercía en paralelo a la presidencia del directorio de la empresa eléctrica Guacolda. Tras un fracasado intento por dirigir la Fundación Chile –nombraron a Eduardo Bitrán–, pasó de lleno al sector privado, al asumir en 1997 la gerencia general de Guacolda. Ahí estaba cuando su matriz, Chilgener, fue comprada por AES Corp y pasó a ser AES Gener.
EL GATO EN LA CARNICERÍA
La siguiente transición de Rodríguez Grossi fue menos suave. Cuando en junio de 2001 llegó a reemplazar a José de Gregorio como triministro de Economía, Energía y Minería, las acusaciones de conflicto de interés se multiplicaron. Venía de Guacolda, donde había impulsado el uso de petcoke como combustible para las centrales termoeléctricas, fuertemente resistido por los ecologistas. En esos momentos, el Comité de Ministros del Medio Ambiente, que él integraría, tenía en agenda la revisión de la autorización del petcoke para Guacolda. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) era dirigida por Adriana Hoffman, contra quien Rodríguez incluso había presentado recursos legales durante el enfrentamiento por el uso de este derivado del petróleo para la generación eléctrica.
“Me parece que es muy extraño que una persona no tenga conflictos de intereses nunca. Lo que corresponde éticamente en esos casos es excluirse de una situación en la que uno cree que puede tener un juicio o un raciocinio influido por opiniones que no deben cumplir ningún rol en ese momento”, dijo a La Tercera antes de asumir. Efectivamente, Rodríguez se inhabilitó en la votación sobre Guacolda un par de meses más tarde y el estudio de impacto ambiental fue de todos modos aprobado con restricciones, pero de forma unánime.
Andrés Zaldivar
Mucho más flexible con los conflictos de interés se mostró durante la compleja tramitación de la Ley de Pesca: “Me parece que el senador Andrés Zaldívar no tiene por qué inhabilitarse de votar por el hecho de que tiene el 0,2% de una de las empresas que hay en el sector”, dijo entonces, obviando que esa pesquera, del Grupo Angelini, era una de las principales del rubro, que un hermano de Zaldívar era un importante ejecutivo de la compañía de la que, además, gran parte de su familia tenía acciones.
Y pese a su inhabilitación en el caso del petcoke, lo cierto es que el conflicto de Rodríguez era imposible de eliminar completamente. Después de todo era el ministro de Economía y Energía, por lo que le correspondió impulsar regulaciones clave, como la Ley Corta para el sector eléctrico. Durante la tramitación tuvo fuertes roces con la entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, la que terminó renunciando. Según recoge la prensa de la época, un punto de conflicto era que Rodríguez estaba de acuerdo con ciertas demandas de las empresas eléctricas, entre ellas su antigua empleadora Gener, que hacían un fuerte lobby contra las políticas que buscaba impulsar Blanlot.
Otras críticas se escucharon por su alineación con demandas de distintas áreas del sector privado. Rodríguez Grossi asumió en un periodo de crisis económica y con el mandato de impulsar la reactivación, a través de la eliminación de “lomos de toro” que limitaran la inversión. Era la época de la Agenda Pro Crecimiento, en que el ejecutivo forjó una alianza con los grandes gremios privados para impulsar la economía.
“Estas carteras tienen que ver con el tema de regulación económica, la que debe ser más expedita, fácil y eficiente posible (…). El ideal, en materia medioambiental, es que la empresa conozca, a través de un listado, sus obligaciones, y se atenga a eso en vez de perder tiempo en procesos de estudio y validación que son largos, caros y que atrasan las inversiones. Esa es la filosofía que uno tienen que tratar de imponerle a las regulaciones en general”, era su filosofía.
El entusiasmo de Rodríguez Grossi a veces parecía excesivo y solían traicionarlo sus palabras. Una de sus declaraciones más recordadas tuvo que ver con el megaproyecto Alumysa, una millonaria inversión en Aysén para una planta procesadora de aluminio, que requería la construcción de un puerto y tres centrales hidroeléctricas. Era el mayor proyecto ingresado hasta entonces al sistema de evaluación de impacto ambiental y los ecologistas estaban en alerta.
“¿Para qué sirve tener la zona más descontaminada del mundo si no hay nadie? (…) ¿Para qué quiero un país o un Aysén de santuario de la naturaleza si nunca lo vamos a poder disfrutar? (…) ¿Para qué quiero un lugar vacío de gente por mantener determinada naturaleza?”, fueron las polémicas declaraciones de Rodríguez Grossi sobre Alumysa. Eventualmente tendría que pronunciarse sobre el proyecto en el Consejo de Ministros, pero argumentó que no se podía atacar a inversionistas extranjeros y que con el dinero de un proyecto así el país estaría mucho mejor. “Lo hice (las declaraciones) absolutamente consciente, señalar que el gobierno respalda la actitud pro inversión, no es incompatible”, insistió.
En 2004, la organización ecologista Greenpeace le otorgó el premio H.D.P. (Habitual Destructor del Planeta) “por insistir que el proyecto Alumysa va traer sólo beneficios a los habitantes de Puerto Chacabuco, y por favorecer a las grandes empresas en desmedro de cualquier otra consideración”. Finalmente el propio Presidente Ricardo Lagos le quitó el piso al proyecto.
REGRESO A AES GENER
Tras un breve alejamiento del aparato público con el cambio de gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet lo nombró presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que enfrentaba una fuerte crisis. Pero en paralelo, Rodríguez Grossi volvió a la actividad privada, nuevamente de la mano de AES Gener, cuyo directorio integró entre 2007 y 2011. El vínculo con la empresa eléctrica es fuerte. En 2011 volvió a la presidencia de Guacolda y en abril de 2014 lo designaron vicepresidente de Alto Maipo, donde AES Gener tiene el 60% y Antofagasta Minerals el 40%.
En Alto Maipo, Rodríguez Grossi ha revivido sus enfrentamientos con los grupos ambientalistas, que se han opuesto firmemente a su construcción. “En el país se ha ido acentuando una actitud de oponerse a todo, sin darse cuenta que al final nos estamos pegando un balazo en los pies. Los países que no progresan son justamente aquéllos que no captan inversión, que no crean puestos de trabajo y sin energía no vamos a tener inversión en otros sectores”, declaró recientemente.
Alto Maipo es un proyecto que contempla una inversión de más de US$ 2.000 millones para producir 531 MW a través de una central de pasada en el principal río de la Región Metropolitana. El proyecto es estratégico para el grupo Luksic, que busca asegurar el abastecimiento de energía de su mina Los Pelambres.
Para quienes lo conocen bien, no es extraño que Rodríguez Grossi haya empujado con toda su energía este proyecto empresarial y que en los cargos que ha ejercido en el área pública siempre se ha jugado por simplificar y abrir las vías a las grandes inversiones. El ex presidente de la DC y líder de la corriente progresista de ese partido, Ricardo Hormazábal, dijo a CIPER que en muchos temas económicos sociales “estoy en las antípodas de Jorge”, pero aseguró que él no es un lobista, sino que “está absolutamente convencido de que el modelo neoliberal es lo mejor para Chile y honestamente trata de hacer que funcione, aunque yo no comparto sus ideas”.
