Las nuevas formalizaciones pedidas por el Ministerio Público abren la puerta más explosiva de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política, pues por primera vez llega al corazón del oficialismo. Giorgio Martelli ahora debe responder ante un tribunal por su rol en la precampaña de Michelle Bachelet. En la DC, aparecen bajo sospecha 17 personas y 5 sociedades que recibieron $441 millones de SQM. Y en el PPD, 4 personas y 2 sociedades cobraron $59 millones a la minera. Familiares y nexos de Jorge Pizarro, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Guido Girardi, entre otros, irrumpen en el tablero.
La próxima formalización de Giorgio Martelli Robba, esta vez ya no como persona natural sino como representante legal de la empresa Asesorías y Negocios, abrirá las compuertas para que, en la investigación sobre los ilícitos cometidos en el financiamiento ilegal de la política, el Ministerio Público lleve a la justicia -por primera vez- a importantes figuras de la Nueva Mayoría, incluyendo a parlamentarios en ejercicio. El golpe al oficialismo se inició con la solicitud del fiscal nacional Sabas Chahuán para formalizar por dineros de Soquimich (SQM) a Martelli, al ex diputado Alejandro Sule(PR), a la contadora Clara Bensan (DC) y a David Flores (PPD), ex colaborador de la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá (PPD). A esto se suma la orden que le dio el Octavo Juzgado de Garantía al Banco Security de levantar el secreto sobre las cuentas de Ventus Consulting, de propiedad de tres hijos del senador y presidente DC, Jorge Pizarro, quien ha negado enfáticamente que los $45 millones que Ventus recibió de SQM hayan sido aportes para su última campaña en la IV Región.
Hasta ahora, las revelaciones que se iniciaron con la confesión del ex gerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, habían permitido a los fiscales acumular evidencias para obtener de los jueces solo la formalización de políticos de la Alianza, mayoritariamente UDI: el ex senador Jovino Novoa, el ex alcalde Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. De Renovación Nacional fue formalizado el ex diputado Alberto Cardemil y está pendiente la de su ex vicepresidente, Claudio Eguiluz.
Julio Ponce Lerou
Pero la arista Soquimich -empresa controlada por
Julio Ponce Lerou- expandió el escándalo y las presiones para asfixiar la investigación (
vea reportaje de CIPER). La ampliación de querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2 de abril pasado, puso sobre la mesa las identidades de 172 contribuyentes -entre personas naturales y jurídicas- que recibieron dineros de SQM sin que haya respaldo contable de ello, según estima el SII y también la propia gerencia de la minera, de acuerdo a su rectificación tributaria.
La bomba estalló con fuerza en la Nueva Mayoría, aunque los daños también afectaron a representantes de la Alianza y del PRO de Marco Enríquez- Ominami (una empresa de su colaborador Cristián Warner facturó $215 millones a SQM). Pero lo más relevante de esta arista es que por primera vez surgieron nombres y relaciones que llevaron las esquirlas al corazón de la precampaña electoral de Michelle Bachelet, a través de la empresa de Giorgio Martelli, y a altos dirigentes y militantes de la Democracia Cristiana y el PPD. El escándalo también sacudió al PR, por el financiamiento para Sule (que incluyó la renuncia de Rodolfo Baier a la subsecretaría de Gobierno por haber recibido $6 millones de SQM); y al PS, por las boletas de tres cercanos al senador Fulvio Rossi pagadas por la minera (que suman $26,5 millones).
Las revelaciones de la arista Soquimich en el financiamiento ilegal de la política han provocado un grave problema en la Nueva Mayoría, ya que detonó la caída de los ministros Rodrigo Peñailillo (Interior, PPD) y Alberto Arenas (Hacienda, PS), acusados de intentar paralizar la indagación de los fiscales a SQM. Hasta ahora, se investiga el pago de $245,9 millones por parte de SQM a la empresa AyN de Giorgio Martelli, los que habrían sido destinados a financiar la precampaña de Michelle Bachelet,
DC Y PPD EN LA MIRA DE LA FISCALÍA
Los antecedentes hasta ahora acumulados sobre las platas irregulares pagadas por Soquimich arrojan que contribuyentes ligados a la Democracia Cristiana recibieron $441,2 millones entre 2009 y 2013. Las nuevas formalizaciones pedidas por el Ministerio Público, además del levantamiento del secreto bancario de los hijos del senador Pizarro, indican que la Fiscalía ya los puso bajo el microscopio.
Clara Bensan
Además del senador Pizarro -por los dineros que recibieron sus hijos-, hay otros dos miembros de la DC bajo la lupa de los fiscales: el diputado por Curicó,
Roberto León, cuyo hijo también boleteó para SQM; y el ex embajador
Marcelo Rozas, quien dio boletas propias a la minera. Los tres son parte de una histórica “trenza” política en la DC, cuyos lazos se mantienen hasta hoy (
ver recuadro).
La DC también se ve afectada por la investigación sobre los dineros de SQM que circularon hacia la campaña del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009, a través de la también militante DC,Clara Bensan, y del propio Giorgio Martelli. En esa investigación, y a raíz de las confesiones de Bensan, se ven involucrados un recaudador del PDC, Pedro Yaconi, y un reconocido lobista del mismo partido, Carlos Tudela.
EL FLANCO DÉBIL DEL PPD
En el PPD, hasta ahora los únicos afectados por la investigación de la Fiscalía eran los miembros del grupo G- 90, liderado por el ex ministro Rodrigo Peñailillo, grupo que recibió dineros de SQM y del Grupo Angelini a través de la empresa AyN de Martelli. El cuadro cambió drásticamente pues la indagatoria ahora toca a otro sector del PPD que recibió $59 millones de la minera y es encabezado por Alejandro Bahamondes, ex vicepresidente del partido y estrecho colaborador del senador Guido Girardi.
Alejandro Bahamondes
Bahamondes, uno de los dos creadores del nombre “Nueva Mayoría”, fue citado a declarar por la Fiscalía en junio pasado, cuando se desempeñaba como embajador de Chile en Paraguay. Las alarmas se activaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera que designó en tiempo récord a su sucesor, tras la renuncia de Bahamondes el 9 de agosto. Una situación similar vivió uno de los dirigentes del PPD cercano a Bahamondes y también incluido en la explosiva nómina que denunció el SII el 2 de abril pasado: el abogado Juan Marco Moreno, quien debió abandonar su puesto en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la jefatura del Tribunal Supremo del PPD, luego de que apareciera emitiendo boletas sin respaldo contable para Soquimich.
Distinta ha sido la ruta seguida por el abogado Rodrigo Álvarez, igualmente cercano a Bahamondes, pero que se mantiene a la cabeza del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a pesar de que también aparece vinculado a pagos irregulares de SQM.
Otro dirigente del PPD involucrado en la nueva arista que abrió la Fiscalía, es David Flores,cercano a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quien desmintió que Flores haya sido su asesor: “Él nunca ha sido asesor mío, pero es una persona que conozco y con la que he trabajado políticamente, con la que hemos coincidido en proyectos políticos”.
LAS LÁGRIMAS DE PIZARRO
Diecisiete personas y cinco sociedades vinculadas a la Democracia Cristiana (a familiares o colaboradores) figuran entre aquellas que la Fiscalía investiga bajo la sospecha de haber recibido dineros por fuera de las vías legales de Soquimich.
Ventus Consulting es la empresa de Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador Jorge Pizarro. La sociedad facturó a SQM $45 millones en 2011 y 2012 por asesorías para el entonces gerente general Patricio Contesse, el principal imputado de la minera en esta investigación. Sebastián Pizarro declaró el 8 de abril en el SII y afirmó que el nexo para llegar a SQM había sido Marcelo Rozas: “El trabajo consistía en la entrega de reportes verbales que se hacían en reuniones entre Marcelo Rozas y los representantes de Ventus que hacíamos los servicios“, dijo. Y puntualizó que esas asesorías correspondían a análisis de coyuntura económica y política.
Jorge Pizarro
Cuando el 24 de abril Sebastián Pizarro fue citado por los fiscales, se acogió a su derecho a guardar silencio. Una actitud que acrecentó las criticas sobre su padre, el senador Jorge Pizarro, recién electo presidente de la DC. Poco después, el otro socio de Ventus, Jorge Pizarro, renunciaba a la jefatura del Comité de Inversiones Extranjeras.
Las sospechas de que los dineros pagados por SQM a Ventus fueron a parar a la campaña del senador Jorge Pizarro, han dado origen a varios corcoveos en el PDC. El primero de esos episodios se vivió apenas Pizarro asumió la presidencia del PDC y junto a su círculo más cercano se reunió con un reducido grupo de dirigentes del partido. Que se sincerara, le dijeron: si las platas fueron a su campaña, en algún momento se sabría. De ser así, lo mejor era que renunciara a la presidencia. Si él garantizaba -como lo ha hecho persistentemente- que los pagos fueron efectivamente por asesorías de sus hijos y no llegaron a su campaña, la decisión era respaldarlo.
Dirigentes DC que participaron de esa reunión, relataron a CIPER que Pizarro les aseguró que esos dineros no financiaron su campaña. Fue así como consiguió el apoyo que le permitió resistir la renuncia a la mesa directiva de uno de sus principales críticos: el vicepresidente Fuad Chahín, representante del antiguo sector “colorín” que encabezaba el ya fallecido Adolfo Zaldívar. Pizarro sorteó el impasse incorporando a la mesa a dos ex “colorines”: la senadora Carolina Goic y Enzo Pistachio.
En el Consejo Nacional del PDC, la máxima instancia partidaria, en tres ocasiones se ha discutido el problema que afecta a su presidente. En la primera, poco después de asumir, Pizarro dio su versión y lloró. Algunos de los que participaron de esa reunión dijeron a CIPER que allí Pizarro hizo una advertencia: “Vienen cosas peores”. Un grupo de consejeros pidió entonces que la sesión se declarara secreta para generar un espacio en que Pizarro pudiera explicar qué era lo “peor”. Pizarro no accedió. En las otras dos ocasiones, consejeros de la minoría disidente han vuelto a poner sobre la mesa el “problema SQM”. “Pizarro se muestra impenetrable”, afirmaron.
El último corcoveo que enfrentó Pizarro, lo protagonizaron 87 militantes DC, entre ellos Sergio Micco y dos consejeros nacionales, quienes hicieron pública una carta en la que le piden a Pizarro que deje temporalmente la presidencia del partido. En el Consejo Nacional de junio pasado, el sector oficialista criticó a los firmantes por haber exhibido situaciones internas a través de El Mercurio, diario que publicó la carta. La respuesta de Pizarro fue que era “muy respetuoso de las opiniones de nuestros camaradas y las procesamos al interior del partido”, y concluyó: “Estamos con toda esta mesa (directiva) maravillosa que tengo atrás haciendo un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad del partido”.
Los disidentes a la mesa que encabeza Jorge Pizarro han seguido en movimiento. Ahora intentan conseguir 190 votos de integrantes de la Junta Nacional (alrededor de 500 miembros) para impulsar el “congelamiento” de la presidencia de Pizarro, lo que obligaría a nombrar una mesa transitoria. La tarea –reconocen- no se anuncia fácil.
LEON SE MULTIPLICA EN CURICÓ
El agrónomo Roberto León Araya y el asesor y ex dirigente nacional del PDC, Miguel Salazar Beltrán, relacionan indirectamente con SQM al diputado DC por Curicó, Roberto León Ramírez. El primero, hijo del diputado, recibió $123,7 millones por supuestos trabajos para la minera. Salazar, asesor del parlamentario y ex jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, percibió $7,5 millones, boletas que aparecieron cuando se incautó la contabilidad de Soquimich el 17 de abril, pagos por los que la minera no tiene respaldo de su ejecución.
Roberto León Ramírez
Roberto León hijo fue citado a declarar ante el Ministerio Público el 4 de junio. Al igual que los hijos de Pizarro, optó por guardar silencio. En su caso –y tal como en las asesorías prestadas supuestamente por los hijos de Pizarro a SQM- el nombre de Marcelo Rozas se repite: el ex embajador fue el puente con SQM para las asesorías de León Araya.
Entrevistado por el diario La Segunda el 20 de febrero, el diputado Roberto León admitió conocer al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y aseguró: “Nunca, categóricamente, de lo que conozco, me ha financiado SQM”. Respecto de los pagos de SQM a Miguel Salazar, su asesor personal, el diputado dijo no saber el destino de esos dineros: “Le dije (a Salazar) que la relación con Soqui era incompatible con el trabajo conmigo y que o seguía con Soqui o conmigo. Optó por no seguir con Soqui” (declaraciones del 16 de mayo).
Miguel Salazar también aparece vinculado a otros pagos de SQM bajo investigación de la Fiscalía: los $20 millones que recibió de la minera el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac), con el respaldo de un contrato. Socias de Celac son Magdalena Salazar Sánchez, hija del asesor, y María Chávez Escobar, esposa del ex embajador en Singapur, Carlos Tudela Aroca (DC). Tudela esinvestigado también por tres facturas emitidas a Soquimich por $3 millones de su empresa Servicios de Visión y Gestión Estratégica. Su hijo, Carlos Tudela García, también salió a la palestra por boletas que suman $12 millones pagados por la minera.
Personas del círculo cercano a Roberto León, dijeron a CIPER que el diputado no renunciará a su fuero parlamentario. Y cuentan que, en su historia, también se repite el nombre de Marcelo Rozas: ambos son estrechos amigos de larga data, lo que significó que Rozas ayudara laboralmente a León en los años que éste quedó fuera del Congreso -de 2001 a 2004- cuando postuló al Senado por la circunscripción Maule Norte, siendo derrotado por Juan Antonio Coloma (UDI) y Jaime Gazmuri (PS). Después de ese fracaso, León optó en 2005 por regresar a la Cámara de Diputados, a su distrito de siempre, diputación que ganó con el 41,75% de los votos.
EL PAPEL CLAVE DE ROZAS
Un personaje que se repite en los antecedentes incautados por los fiscales a SQM es el ex embajador en República Checa, Marcelo Rozas López, un histórico -como Pizarro y León- del ala “guatona” del PDC. Es investigado por boletas que suman $40,3 millones que emitió entre 2008 y 2014 para Soquimich, con cuyo controlador -Julio Ponce Lerou- entabló amistad en la década del ‘90, convirtiéndose en asesor del empresario y también del ex gerente general, Patricio Contesse. La investigación ha envuelto a su esposa, Michelle Reymond (dio boletas a SQM por $13,6 millones y están separados), y a uno de sus hijos, Daniel, quien aparece con $13,9 millones a SQM.
Marcelo Rozas es clave, pues fue el puente para que los hijos del senador Pizarro y del diputado León iniciaran asesorías a SQM. El ex presidente DC, Ricardo Hormazábal, quien conoció al grupo de Rozas, León y Pizarro, desde sus años de militancia en la juventud del partido, dijo a CIPER:
-Si puede ayudar a los amigos, no tengo dudas de que Rozas los ayuda. Creo que Marcelo no ha inventado que trabaja para SQM. Lo ha hecho, y no sé si hay delito o no, pero sí infracciones a la ética política. No es posible que en un partido que luchó contra la dictadura, que tiene víctimas, cuyo máximo líder fue asesinado por mandato del dictador (Eduardo Frei Montalva), haya militantes DC recibiendo plata del pinochetismo.
En su declaración voluntaria ante la PDI, el 26 de marzo, Marcelo Rozas dijo: “Desde 1997 presto servicios a Soquimich, ya que mantengo una relación con don Julio Ponce Lerou y el gerente general Patricio Contesse González“. Sobre el rol de su familia declaró: “El trabajo que realizamos se divide en dos partes; primero está la preparación, en lo que intervienen Michelle y Daniel con una visión de los aspectos sociales y culturales, y una segunda parte que hago yo, que es verter los planteamientos en forma verbal al presidente o al gerente general de SQM“. El ex embajador acotó: “Todos los dineros obtenidos son destinados a gastos de la familia, en ningún caso para terceros o campañas políticas“.
LA CAMPAÑA DE FREI
La confesión de la contadora Clara Bensan (DC) ante los fiscales, el 22 de abril, no sólo apuntó a Giorgio Martelli, sino también a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009. Bensan, candidata a vicepresidenta del PDC en la lista de Ricardo Hormazábal en la elección que ganó Jorge Pizarro, declaró: “En los meses previos a la elección de 2009, Martelli me pidió una factura para financiar la campaña presidencial de la Concertación“. Bensan relató que el operador PPD le indicó que facturara a SQM. “Fui al banco, cobré el vale vista y le entregué el dinero a Martelli en efectivo. No hubo ningún servicio que yo o mi empresa (Asesores de Gestión Integral) le entregara a SQM“, confirmó. Agregó que lo mismo había ocurrido en febrero de 2010, ya derrotado el candidato de la Concertación. Bensan está querellada por el SII por boletas y facturas que suman $92,7 millones.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle
En su declaración ante los fiscales, Martelli matizó los hechos: “Lo que sí recuerdo es haberla acompañado (a Bensan) a cobrar el vale vista y que me pasó dicho dinero para que lo lleve a la oficina que funcionaba en la calle Hindemburg, al frente de la Fundación Frei, pues allá se trasladó el equipo de finanzas del comando. Estos recursos no recuerdo bien si se los entregué a Francisca Contreraso a Pedro Yaconi”.
Esa declaración de Martelli no es el único antecedente en manos de la Fiscalía que involucra a Pedro Yaconi en las platas ilegales de SQM para la campaña de Frei (2009). La sociedad del abogado Yaconi y su esposa (Mónica Urzúa Frei), Rentas Inversiones Servicios y Asesoría Limitada, emitió facturas por $30 millones a SQM. Yaconi explicó ante los fiscales que hizo una asesoría para la empresa por encargo del abogado Nurieldín Hermosilla, referente a litigios por derechos de aguas, cuyo informe entregó.
DURA TRAVESIA PARA EL PPD
Los costos políticos provocados por las platas ilegales de Soquimich han sido altos para el PPD, partiendo por el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien en su salida arrastró a algunos de los militantes de la llamada Generación 90 (G-90), quienes perdieron sus cargos en el gobierno, como Harold Correa, ex jefe de gabinete del ministro de Educación.
Pero hay otros militantes del PPD investigados por el Ministerio Público, que no pertenecían a la G-90, la mayoría del sector del senador Guido Girardi. Sin contar a los militantes que recibieron pagos de la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli -que se nutrió de los dineros de Soquimich y del Grupo Angelini-, hasta ahora aparecen cuatro militantes y dos sociedades recibiendo $59 millones desde SQM, según los antecedentes reunidos por los fiscales.
Alejandro Bahamondes está siendo investigado por los $22 millones que la minera le pagó a la sociedad Kybalion Consultores cuando el ahora ex embajador era director de ella y al mismo tiempo vicepresidente del PPD.
En el partido recuerdan que Bahamondes ha sido uno de los más importantes operadores del senador Guido Girardi en los últimos cinco años. “El no es un ideólogo, pero tiene capacidad y dedicación para solucionar problemas, conseguir favores y estar en contacto permanente con alcaldes y dirigentes de base. Ha sido clave para mantener y extender las redes orgánicas del girardismo en el partido”, afirmó un dirigente nacional del PPD a CIPER.
Rodrigo Peñailillo
Antes de ingresar al PPD, Bahamondes militó en el MAPU de Oscar Guillermo Garretón y estuvo exiliado en Nicaragua. Posteriormente pasó un periodo en el MIR, donde fue cercano a Pascal Allende. Ya en el PPD hizo “toda la carrera interna”, comentó el ex ministro Francisco Vidal: desde dirigente comunal por Recoleta-Independencia hasta secretario general y luego vicepresidente de la tienda. Durante ese trayecto se acercó al “laguismo”, pero finalmente recaló en el sector de Girardi.
Sobre el destino de las platas que le pagó SQM a Kybalion, en el PPD hay solo conjeturas: “El fue correa transportadora”, dice un dirigente nacional, probablemente para llevar recursos al PPD o al sector de Girardi. Un destino que el ex embajador negó en la declaración pública que hizo al renunciar: “He guardado riguroso y respetuoso silencio sobre los rumores y trascendidos, teniendo claro que jurídicamente no se condicen con la verdad”.
Los problemas que enfrenta Alejandro Bahamondes van más allá de Kybalion, pues dos personas de su círculo cercano figuran en la nómina de la denuncia del SII del 2 de abril: Juan Marco Moreno Rosales y Rodrigo Álvarez Seguel. En el PPD los consideran “ahijados” del ex embajador y parte de la máquina girardista. Moreno -que llegó a ser presidente del Tribunal Supremo del partido gracias a Bahamondes- emitió boletas por $15 millones a Soquimich como persona natural. Adicionalmente, la sociedad Altercom, cuya propiedad comparte con otro socio, facturó $10 millones a SQM.
El otro contribuyente PPD denunciado por el SII es el director del Sernageomín, Rodrigo Álvarez, quien dio boletas por $5 millones a la minera. La lista de este partido se cierra -hasta ahora- conDavid Flores, colaborador de Carolina Tohá en la campaña a presidenta del PPD. Flores no emitió facturas para SQM, pero fue identificado por el periodista Claudio Canales Jaramillo como la persona que le indicó que hiciera una factura a nombre de SQM para pagarse los servicios de mantención de web y redes sociales que prestó a Carolina Tohá, por un total de $7 millones.
En su declaración ante el Ministerio Público, el 20 de mayo, Canales afirmó: “Le presenté una propuesta de trabajo y ella (Tohá) la aprobó (…) nos indicó que no tenía ese dinero y que lo iba a conseguir“. Dijo haberse contactado con David Flores para el pago de las dos primeras facturas, quien le indicó emitirlas a Asesores en Gestión Integral (Agesin), la empresa de la contadora DC Clara Bensan. Para la última factura, cuando ya Tohá había sido electa presidenta del PPD, volvió a hablar con Flores: “Él nos pidió que la glosa dijera power point y secretaria cinco meses proyecto Soquimich, lo que no es real porque nunca hubo un servicio a Agesin ni tampoco a Soquimich. Mis servicios fueron para Carolina Tohá“.
LA HISTORICA TRENZA “GUATONA” DC QUE REFLOTÓ SQM
Testigo y actor privilegiado de la relación de Jorge Pizarro, Roberto León y Marcelo Rozas fue el ex diputado, senador y presidente de la DC, Ricardo Hormazábal, quien presentó una denuncia contra Pizarro y León ante el Tribunal Supremo del partido por las platas que recibieron de Soquimich, la que también incluyó a la contadora Clara Bensan.
A fines de los años 60, en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Montalva, comenzó a cimentarse una amistad política y personal forjada en las disputas intestinas del PDC. En 1969, cuando el sector más izquierdista de la juventud del PDC -liderados por Rodrigo Ambrosio y Enrique Correa- se desgajó para crear el MAPU, Hormazábal, Gutenberg Martínez, Marcelo Rozas, Jorge Pizarro y Roberto León, los enfrentaron y permanecieron en el partido. El líder indiscutido del grupo “rebelde” era Ambrosio (quien falleció más tarde en un accidente), entonces presidente de la JDC y el segundo al mando y que también partió al MAPU fue Enrique Correa, asesor de SQM hasta hace pocos meses.
Ricardo Hormazábal
Apenas dos años después, en 1971, la DC vivió un nuevo cisma. Encabezados por el entonces diputado Bosco Parra, los llamados “terceristas” propiciaron un acercamiento estratégico con el gobierno de Salvador Allende y en julio de ese año Parra y otros seis diputados (entre ellos, Luis Maira) renunciaron a la DC para crear la Izquierda Cristiana (IC), colectividad que ahora último se fusionó con otras organizaciones y constituyó la Izquierda Ciudadana, hoy parte de la Nueva Mayoría.
Después de superar el quiebre del MAPU, para el ala juvenil de la Falange -donde tenían domicilio Martínez, Rozas, Pizarro, León y Ricardo Hormazábal, quien era amigo y jefe político de éstos-, la escisión del grupo que creó la IC y se sumó a la Unidad Popular, les planteó un desafío dramático. Una etapa dura que cimentó una relación que se ha prolongado hasta hoy. Los cinco cerraron filas viendo como uno de sus grandes amigos, el presidente de la JDC, Luis Badilla, también partía con la Izquierda Cristiana. En medio de la debacle se organizó una elección en la JDC. Candidatos fueron Ricardo Hormazábal y un representante del ala conservadora, cuyo jefe de campaña fue Adolfo Zaldívar. Martínez fue el estratega de la campaña de Hormazábal.
Hormazábal recordó que desde 1967, siendo jefe de la Enseñanza Media en la JDC, se enfrentó “fraternalmente” con Rodrigo Ambrosio. Y que en esa época, Gutenberg Martínez era dirigente secundario de la JDC y partidario de Ambrosio y Enrique Correa: “En 1969, rechacé la concepción marxista-leninista de Ambrosio, Enrique Correa y Juan Enrique Vega. Un día, en el departamento de Ambrosio, ubicado en Amunátegui al llegar a Alameda, les dije ‘yo no los sigo’, ustedes son marxistas leninistas. Yo convencí a Martínez de que no se fuera de la DC en ese momento”.
Pese a todas las dificultades, el grupo consiguió sacar la JDC adelante y durante la UP la convirtió en una fuerza estudiantil poderosa. Miguel Salazar, hoy asesor de León y emisor de boletas a SQM por $7,5 millones, ganó en 1971 la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses), derrotando a Andrés Allamand y Camilo Escalona, convirtiéndose en el principal dirigente estudiantil de su partido. Ricardo Hormazábal relató:
- Gutenberg jugó un papel importante en ese trabajo: era mi primer vicepresidente en la JDC. Marcelo (Rozas) era una persona de mucha calidad humana, pero nunca fue dirigente nacional, porque a él nunca le interesaron los cargos. León estudiaba en Valparaíso y Jorge Pizarro estaba más abajo en la DC, pero participaba en las instancias. Los tipos más relevantes de esa época eran Gutenberg, Edgardo Riveros (hoy subsecretario de Relaciones Exteriores), Juan Carlos Latorre y José Miguel Fritis (ya fallecido). Éramos muy homogéneos políticamente.
En 1973, Hormazábal fue electo diputado y reelecto presidente de la JDC por amplio margen de votos. Lo atribuye a que “éramos la oposición a Allende, pero profundamente democrática, sin llegar nunca al golpismo. La JDC fue la única organización que el 10 de septiembre de 1973 realizó un acto público rechazando el Golpe, respaldando la posición del partido de que renunciaran todos los parlamentarios para que pudiera renunciar Allende y así hubiera elecciones”.
Gutenberg Martínez
Tras el Golpe Militar, la directiva de la JDC –dice Hormazábal- se volcó a rearmar organizaciones estudiantiles y sindicales y a otra, más importante aún: “Llevar gente en peligro a las embajadas para que se asilaran. Hubo gestos de heroísmo y siempre voy a tener aprecio por ese grupo de la DC, porque en los momentos duros cada uno se jugó por otras personas, arriesgando la vida. Por eso me duele lo de ahora, porque vi lo mejor de ellos, pero esa relación afectiva no me impide ser crítico”.
El quiebre se produjo en 1974, cuando se enfrentaron dos posturas: la de Hormazábal, que proponía reforzar el trabajo de la JDC en las organizaciones de derechos humanos, y la del grupo liderado por Martínez, que priorizaba proteger a la DC, manteniendo un mínimo de actividad. La dictadura ya había expulsado del país a varios dirigentes del partido y arreciaba la represión más violenta.
-Estaban matando gente a destajo. A mí me seguían porque pertenecía a la comisión más cercana a Patricio Aylwin. Ganó la tesis de Gutenberg, Marcelo Rozas y José Miguel Fritis y yo renuncié a la presidencia de la JDC en mayo de 1974. Ellos asumieron la conducción de la Juventud –continúa Hormazábal.
Martínez se mantuvo en la presidencia de la JDC hasta 1976. En esa época, Roberto León era el personaje clave de los “guatones” -como los llamaban- en la VII Región, mientras Pizarro cumplía el mismo rol en la IV Región. Rozas, que había estudiado Filosofía en la Universidad Católica, operaba con Martínez en Santiago. Hoy todos ellos se ven nuevamente sumergidos en un huracán cuyo motor lleva la sigla SQM.
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© REUTERS/Jose Miguel GomezEl tema de la frontera se ha politizado en Colombia también, donde el ex presidente Álvaro Uribe ha culpado a su sucesor de suavizar las relaciones con Caracas como parte de sus negociaciones de paz con el mayor grupo guerrillero de Colombia.
