domingo, 13 de noviembre de 2016

Trabajadores emplazan a sus partidos de la N.M. y acusan a La Maoneda de no reajustar como corresponde






Reajuste Público: Frentes sindicales de partidos de la Nueva Mayoría cuestionan a sus presidentes
Ayer una declaración pública de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista. Dicha declaración fue impulsada por la Democracia Cristiana.

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/ Foto: AgenciaUno.
El debate político respecto al reajuste salarial del sector público continúa al rojo vivo por la correlación de fuerzas entre el gobierno y su coalición política. El resultado de la votación en la Cámara de Diputados (97 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno a favor) sigue provocando polémicas.
Ayer una declaración pública, impulsada por la Democracia Cristiana, de seis de los siete presidentes de partidos de la Nueva Mayoría (Guilliermo Teillier no la firmó), donde se criticaba al PC por el rechazo al reajuste del sector público, agudizó el conflicto en la interna partidista.
Ante esto, los frentes sindicales de los partidos de la NM emitieron hoy una declaración pública en la que cuestionaron duramente a sus timoneles.
Primero explican que como trabajadores y encargados del trabajo sindical de nuestros partidos entendemos el debate de reajuste del sector público como un tema relevante, no solo por la justa reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino también porque apostar por los trabajadores es abrir una puerta para que Chile retome su senda de crecimiento, y además por el impacto que el resultado de esta negociación tiene posteriormente en todas las negociaciones colectivas de los demás sectores del país. Este es el debate de fondo hoy”.
Luego el documento continúa: “Nos parece profundamente inadecuado que los presidentes de partidos difundieran ayer una declaración pública donde intentan poner como centro del debate las diferencias que existen entre los partidos y, en particular, con el Partido Comunista, asumiendo el problema del fracaso en la negociación y votación del reajuste como un tema de lealtades partidarias y/o con el Gobierno, desconociendo las razones que llevaron al rechazo por parte de Parlamentarios de todos los partidos de la Nueva Mayoría a la primera propuesta presentada por el Gobierno, y posteriormente también al veto aditivo”.
En ese sentido, cuestionan que los Presidentes de los Partidos de la Nueva Mayoría, más que entrar en la pequeña disputa por culpables y recriminaciones que, insistimos, en algunos casos pareciera que nada tienen que ver con el debate de fondo o que se está usando como excusa para no enfrentar otros problemasdebieran estar centrando sus esfuerzos en facilitar que se retome el diálogo entre el Ejecutivo y los trabajadores, para buscar un camino viable de resolución al conflicto a la brevedad posible. Ese entendemos que fue el ánimo con que los Parlamentarios rechazaron nuevamente la propuesta presentada por el Ejecutivo el martes pasado, señal que hasta ahora no ha sido recogida”.
De todas formas, también le envían un recado a La Moneda: Por otra parte, consideramos inaceptable la actitud terca del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien definitivamente no ha estado a la altura en ninguno de los debates legislativos en materias laborales que se han llevado a cabo durante su periodo, especialmente en la Reforma Laboral, y que es el verdadero responsable, junto a los Ministros de SEGPRES e Interior, de la innecesaria derrota auto infligida en la tramitación del reajuste del sector público. Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría”.
También fueron tajantes para criticar el violento desalojo que se vivió en la Cámara de Diputados, rechazamos enérgicamente el trato vejatorio del que fueron objeto destacados dirigentes sindicales en el Congreso el pasado martes, cuando fueron desalojados violentamente de las tribunas. Es una situación incomprensible e impresentable en un Gobierno que se declara de centro izquierda y progresista, denuncia el texto.
De igual manera, señalan que tampoco aceptamos que en la declaración de los Presidentes de Partidos se cuestione el derecho a huelga y a paralizar como legítima herramienta de los trabajadores para presionar por sus demandas. Esto es absolutamente disonante con las posiciones que desde nuestro sector se han defendido, particularmente durante la discusión de la Reforma Laboral donde, con todo, igual se logró que se reconociera a la huelga como derecho fundamental”.
Antes de concluír, hicieron un llamado “a que el Gobierno abra las puertas al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Lo que la ciudadanía demanda es que este conflicto termine a la brevedad y ello solo será posible si se retoma el diálogo, tal como lo señaló esta mañana la Mesa de Presidentes del Sector Público, encabezada por la CUT. Nuestros debates como conglomerado y partidos de Gobierno deben hacerse en los espacios que corresponden, y no a costa de la legítima aspiración de los trabajadores y trabajadoras, que ya llevamos más de tres semanas movilizados, pero siempre dispuestos al diálogo y a buscar alternativas de solución”.
Finalmente, concluyen y aclaran que consideramos indispensable reforzar la Nueva Mayoría para seguir avanzando y profundizando en los cambios que requiere nuestro país. Desde los Frentes Sindicales de nuestros Partidos trabajamos día a día para eso, y exigimos de nuestras dirigencias una conducta en consecuencia con esta idea, que es además la única manera de terminar este Gobierno de la mejor forma y proyectarnos para el siguiente periodo con una verdadera fuerza de base social”.
Los firmantes son:
Tamara Muñoz Valenzuela, Frente de Trabajadores IC
Arlette Gay Schifferli, Departamento Nacional Sindical PS
Flavio Garrido Sepúlveda, Frente de Trabajadores DC
Guillermo Salinas Vargas, Comisión Nacional Sindical PC
Coordinadora Sindical de los Partidos de la Nueva Mayoría
Carlos Valenzuela González, Frente Nacional de Trabajadores PR
Luis Mundaca Segovia, Frente de Trabajadores MAS
José Reyes Donoso, Secretaría Nacional Sindical PPD

viernes, 4 de noviembre de 2016

EL PSEUDO SOCIALISMO AMERICANISTA SIGUE EN SU ESCALADA ELECTORAL. SIGUEN LAS FARSAS ELECTORALES, ESTA VEZ EN NICARAGUA DEL PRESIDENTE PEDÓFILO DANIEL ORTEGA

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En las elecciones del domingo, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. CreditEsteban Felix/Associated Press
MANAGUA, Nicaragua — Unos meses antes de la reelección del general Anastasio Somoza Debayle en 1974, mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, suscribió un manifiesto con 26 líderes opositores proclamando que en Nicaragua “No hay por quién votar”. En la víspera de la elección, su periódico, La Prensa, se adelantó a los resultados y tituló con sorna: “Estos ganaron mañana”, detallando incluso los escaños para diputados que serían asignados al partido Conservador, colaboracionista, de acuerdo al sistema pactado de “minorías congeladas” que le aseguraba un tercio de los cargos públicos.
El 10 de enero enero de 1978, mi padre fue asesinado por sicarios de la dictadura somocista. Su muerte desató una inmensa ola de protesta nacional, simbolizando que al cerrarse el espacio político, al país no le quedaba otra alternativa que la rebelión para terminar con una dictadura dinástica.
Casi cuatro décadas después, habiendo Nicaragua recorrido un tortuoso ciclo de revolución y contrarrevolución, guerra civil y agresión externa, transición democrática y regresión autoritaria, la historia se repite como farsa bajo el régimen de Daniel Ortega, el exguerrillero presidente entre 1985 y 1990 que regresó al poder en 2007.
En las elecciones del domingo, Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. Habrá votaciones pero la palabra “elección” no describe el resultado. Bajo un sistema electoral férreamente controlado por su partido el Frente Sandinista, las votaciones se efectuarán sin observación electoral independiente y sin oposición, porque la coalición organizada en torno a la segunda fuerza política del país fue ilegalizada en un acto de fuerza y excluida de participar en los comicios.
Emulando a “los veintisiete” de la época de Somoza, nuevamente surgen grupos de protesta ciudadana proclamando que no hay “por qué, ni por quién votar”. Como en 1974 hay otros partidos, pero han sido cooptados o participan en las elecciones con candidatos ficticios o a quien nadie conoce —“zancudos”, los llamamos los nicaragüenses— que están ahí solo por el incentivo económico. El resultado son unos comicios que más bien se asemejan al ritual de un régimen de partido hegemónico.
El único interrogante a despejar es el porcentaje que obtendrá el voto protesta reflejado en la abstención, único competidor real del régimen, pero aún este dato político será imposible de conocer con certeza en un sistema electoral sin ninguna transparencia. La última encuesta de la firma Cid Gallup, basada en un simulacro de votación, proyecta ganador a Ortega con una intención de votos del 52%, mientras el 42% de los electores dejarían la boleta en blanco. Sin embargo, desafiando esta tendencia, el presidente del Consejo Supremo Electoral ya vaticinó que estas elecciones tendrán “un nivel histórico de participación”, por encima del 75 por ciento de votantes.
Irónicamente, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las elecciones de 1990, permitiendo que Violeta Chamorro, mi madre, se convirtiera en presidenta por siete años, el propio Ortega contribuyó a fundar la democracia electoral al aceptar su derrota, inaugurando el camino inédito de la alternabilidad en el poder. Sin embargo, Ortega y Arnoldo Alemán, el presidente que sucedió a Violeta Chamorro —luego acusado por corrupción—, negociaron en 1999 un pacto que debilitó la tendencia hacia una democracia pluralista al poner al sistema electoral bajo el control político bipartidista. Así el sistema electoral se vació de institucionalidad hasta contaminarse y desplomarse de forma definitiva al asumir Ortega el poder en 2007.
En las elecciones municipales de 2008 se impuso un fraude electoral ampliamente documentado, y en las presidenciales de 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional, nuevamente bajo denuncias de fraude. En los últimos cinco años, ha consolidado una dictadura institucional con un nivel absoluto de concentración del poder, sustentado en una alianza con los grandes empresarios privados a través de un esquema corporativista, y gracias a políticas sociales asistencialistas hacia los pobres, que le han brindado un innegable rédito político.
¿Por qué este caudillo del siglo XXI suprimió el pluralismo político, si, al menos en teoría, podría ganar libremente una elección con el apoyo popular que ha cosechado su gobierno, y de paso blindarlo con legitimidad? La pregunta carece de una respuesta coherente si se pretende evaluar a Ortega bajo estándares democráticos. Pero el cierre del espacio político resulta entendible bajo la lógica de un líder autoritario, cuya prioridad es despejar el camino para los tiempos de vacas flacas sin el subsidio económico de Venezuela ahora en crisis económica y política, y asegurar las condiciones para la sucesión familiar en el poder.
Al cerrar el espacio político, Ortega ha generado costos domésticos y externos. Entre el gran capital y los inversionistas crece la preocupación sobre el impacto negativo del autoritarismo en el clima de negocios, y la amenaza del congreso norteamericano de imponer sanciones económicas en los organismos multilaterales de crédito con la Nicaragua Investment Conditionality Act llamada “Nica Act”, ya aprobada en la cámara baja.
Experto en negociar al borde del precipicio, a última hora Ortega promovió un diálogo político con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a su vez invoca como escudo y estrategia la mancillada Carta Democrática. El diálogo con la OEA no tendrá incidencia en las elecciones del seis de noviembre, pero ha generado expectativas sobre eventuales promesas de reformas políticas a futuro.
No se pueden adelantar conclusiones y lo único claro, por ahora, es que nuevamente Nicaragua tiende a insertarse en el viejo círculo vicioso que intenta compensar la falta de soluciones nacionales a través de la presión externa. La única buena noticia en medio de este panorama de incertidumbre es que la aparente fortaleza de Ortega tiene pies de barro.
Como enseñó la experiencia bajo Somoza, la corrupción y la represión resultante de un régimen personalista que se transforma en dictadura familiar, representan un cóctel explosivo que lo hacen insostenible a mediano plazo. Ojalá que esta vez, cuando renazca la esperanza en una alternativa democrática, los nicaragüenses estaremos preparados para hacer el cambio de forma pacífica.

miércoles, 19 de octubre de 2016

ESTADO VENEZOLANO EXTERMINA NIÑOS

Niños mueren como  si Venezuela fuera un Estado nazi
Dr. Mario H. Concha Vergara*
El régimen venezolano, presidido por Nicolás Maduro, un oscuro colombiano quien fungió como mozo de Hugo Chávez F. (Q.E.P.D.), para luego ascender a cargos ministeriales y ser nombrado como Delfín del Presidente Chávez, antes de su muerte, podría ser acusado de crímenes de lesa humanidad si así lo quisiera la Asamblea Nacional de Venezuela, cuestión, que aparentemente, no se atreven hacer.
Entre los principales crímenes, además del encarcelamiento de políticos, periodistas,  de torturas y, algunas desapariciones forzadas, está la de la muerte de miles de bebés durante su mandato. Cifras aberrantes y desconocidas por el pueblo venezolano pues nadie se atreve a publicarlas, ni darlas a conocer en los medios de comunicación.
Desde que asumió Maduro al poder, se vino complicando aún más la economía venezolana que ya venía en caída vertiginosa a la muerte de Chávez. Eso significó la muerte de miles de niños bebés y de madres parturientas por falta de recursos para la atención pre y pos natal.
En lo que va del año, han muerto más de 8 mil bebés que aún no cumplían el año de edad. Es decir, un 12% más que en el año 2015. Estas muertes son culpa de la mala administración de la salud pública, a la corrupción estatal que impide la llegada de insumos; es más, se dice que en el  Hospital Central de  Maracay , hace pocos días, despidieron a una doctora por recibir medicamentos como donativos para los niños del retén de recién nacidos.
La pésima gestión económica, el robo de las divisas por parte de miembros del gobierno, ha impedido la llegada de insumos a los recintos hospitalarios estatales. Es más, los continuos apagones de la luz eléctrica, los diarios cortes de agua, la incapacidad manifiesta de las autoridades de velar por la seguridad hospitalaria, entre otras lacras, han permitido el asesinato masivo de niños por negligencia, asesinatos que solo podrían ser comparados a los de la Alemania hitlerista.
La negligencia es tan grande, que en una incubadora colocan hasta dos bebés, los cuales muchas veces mueren por falta de electricidad para mantenerles la temperatura y el funcionamiento de sus aparatos médicos. A los recién  nacidos, los ponen en cajas de cartón (similares a las que se usan para envasar plátanos), alineados en los retenes de recién nacidos o en los pasillos de los hospitales a la falta de estos.
La falta de agua, de desinfectantes, de jabón, toallines, etcétera, han permitido que los bebés y las madres se contagien con una serie de viruses y bacterias para las cuales no hay medicamentos disponibles. Muchas madres han encontrado la muerte en estas mal llamadas "maternidades" debido a la falta de recursos y ante la impotencia de médicos y del personal paramédico. Esto es tan grave, que el The Wall Street Journal (19-10-16) subtituló "Madres e hijos en Peligro", para referirse al drama venezolano.
Los anterior, es sin duda un gran crimen de lesa humanidad pues viola abierta y descaradamente los derechos humanos de los pacientes que son libertad, justicia, paz que en su conjunto crean los DD.HH. de los niños (y madres) que es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, valores totalmente ignorados y negados por el gobierno madurista, cuya violación flagrante se transforma en crímenes de Lesa Humanidad, los cuales son imprescriptibles ante la ley internacional. Bastaría que la Asamblea Nacional los denunciara ante el Comisionado de DD.HH. de la ONU, para que se enjuiciara a todo el gobierno, incluyendo a Maduro.
* El autor es PH.D. en Comunicación
Periodista

conchamh@gmail.com

CHILE AL PARECER ACTÚA COMO ESTADO NAZI

Presidente Comisión DDHH del Senado tras visitar a comunera Mapuche
"Madre engrillada durante parto no puede volver a ocurrir más en Chile"
El senador del Partido País manifestó que "estoy impresionado respecto del trato de Gendarmería para Lorenza".

"Pues en todos los momentos del traslado desde Arauco hasta Concepción, estuvo engrillada, pese a tener problemas de salud que la obligaron a un parto prematuro", explicó Navarro.

"Iremos al Ministerio Público y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues esta situación no puede volver a repetirse jamás", enfatizó. 


Preguntándose, "¿quien podría pensar que Lorenza se iba a escapar, embarazada, a punto de dar a luz, si ella misma se presentó voluntariamente a cumplir la pena?", el senador Alejandro Navarro se refirió a la situación que afectó a la comunera Mapuche Lorenza Cayuhan, quien debió dar a luz engrillada y con personal de Gendarmería dentro de la sala de operaciones.

El presidente de la Comisión de DDHH del Senado comentó que, "Lorenza, en su condición de 32 semanas de gestación fue trasladada desde Arauco, engrillada y esposada al Hospital Regional; allí, por la falta de camas no pudo ser atendida y por un convenio que hay con la clínica privada del Sanatorio Alemán, fue llevada hasta allí para la atención del parto".

"Lo que no logramos entender, es que en todos los momentos del traslado, pese a tener problemas de salud que la obligaron a un proceso de cesárea, ella estuvo engrillada y esposada, lo que no cambió ni siquiera al momento de dar a luz", recalcó.

De acuerdo a Navarro, "estos datos están en los informes médicos respecto al momento de la atención; allí se indica que ella estuvo engrillada durante todo el proceso de la cesárea, es decir, con sus dos pies esposados el uno al otro".

"Por ello vamos a solicitar al Ministerio Público una investigación", prosiguió, "así como un informe al Colegio Médico con respecto al Código de Ética, porque la verdad es que en el quirófano, en la sala clínica, los médicos tienen que imponer un criterio".

Para el senador por la Región del Biobío, "¿quien puede pensar que Lorenza, quien se presentó voluntariamente a cumplir la pena, iba a arrancarse, y además en el momento del parto?".

"Tuvo a su hija, Sayen, cuyo nombre significa cariñosa mujer de gran corazón, mientras estaba engrillada de ambos pies, durante todo el procedimiento. Así lo establece el informe que entregó la clínica y así me lo ha ratificado también el personal de la misma y la propia Lorenza", añadió.

Lo que viene

Según el senador del Partido País, "aquí hay claramente una vulneración a la dignidad de la madre, a las condiciones óptimas para el ejercicio del parto, aun cuando fuera cesárea. En este sentido, vamos a presentar no solo la denuncia al Ministerio Público sino que también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de Derechos de la Mujer, porque si este procedimiento se hace con Lorenza, puede que se haya repetido en otras ocasiones, sin que tengamos información".

"Yo espero también que con este caso termine este procedimiento de Gendarmería, algo establecido quizás hace mucho, pero que es claramente violatorio de los derechos fundamentales de la madre; por lo que la instrucción de llevar a Lorenza a la cárcel de El Manzano, mientras su hija permanece internada en la UCI, se debe cambiar, ya que el apego es un derecho ineludible de la madre", agregó.

Alejandro Navarro indicó que, "ahora Gendarmería ofrece traerla dos veces al día, es decir, con horarios definidos por ellos, no por el equipo médico; por tanto es clave que Lorenza permanezca al lado de su hija, el tiempo necesario mientras ella se recupera de un parto prematuro. Cualquier otra cosa es violatoria además de los derechos de la madre, de los derechos de la niña".

"Gendarmería debe ajustarse a protocolos y procedimientos que no atenten contra la salud ni los derechos de las personas, lo que no habría ocurrido en este caso. Aquí se violentó la dignidad de Lorenza y de la niña, pues tener a una mujer engrillada durante su parto, es una práctica solo comparable a lo que se hacía en la Edad Media", finalizó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado. 

sábado, 15 de octubre de 2016

Colonialismo y racismo primario en Tranguil

Declaración Pública Movimiento Territorios sobre Tranguil y proyectos de energía en tierras ancestrales




Declaración Pública Movimiento por los Territorios macro zona  sur ante los hechos en Tranguil, comuna de Panguipulli y los diversos emplazamientos de proyectos de centrales hidroeléctricas en territorios ancestrales.
DECLARACIÓN PÚBLICA
 
El Movimiento por la Defensa y Recuperación de los Territorios, coordinación de organizaciones de la Macro Zona Sur, como parte del Movimiento Plurinacional por la Defensa y Recuperación del Agua y la Vida,  viene a exponer lo que a continuación se indica:
1.- Lo que está ocurriendo en el territorio Mapuche de Tranguil, comuna de Panguipulli, es una demostración más de la brutalidad y formas arcaicas de proceder desde el Estado en colusión con empresas y transnacionaleshacia la vida de las comunidades. Colonialismo y racismo primario. Es decir, imponer por la fuerza proyectos afuerinos para el lucro, sin importar los derechos humanos de quienes defienden el bienestar colectivo de un territorio,  ya sea por razones culturales, espirituales, sociales o de políticas ambientales.
2.- En Tranguil, la institucionalidad pública y las fuerzas represivas del estado se han trasladado para imponer cableados para la conectividad de hidroeléctricas de la transnacional RP Global, de origen Austriaco, a quienes no les importó la muerte de Macarena Valdés (30 años) el 22 de agosto del 2016, en extrañas circunstancias, vinculado directa o indirectamente al conflicto hidroeléctrico generado allí. Se impuso en el territorio un cableado a través de la empresa CAM SAESA y la transnacional intervino el río con una central, sin el consentimiento de familias, comunidades e instituciones ancestrales del territorio, sin que se haya cumplido con la obligación del estado de establecer unprocedimiento previo, libre e informadosin consulta y sin considerar siquiera las prioridades en el territorio en materia de desarrollo o el respeto a lugares de significación cultural, tal cual lo establece el Convenio 169 de la OIT, tratado vinculante al estado chileno.
3.- El día 13 de octubre, Rubén Collío, werken de la Coordinación Newen Tranguil, quien era esposo de Macarena Valdés, viudo y padre de cuatro hijos, terminó con lesiones graves luego de exigir respeto por el territorio y verificar la documentación que permitía dicha intervención, terminando finalmente con poli contusión y torsión forzada de extremidad, rodilla y tobillo izquierdo, con claudicación moderada a severa, según consta en informe médico.
4.- Responsabilizamos de estos hechos, al Ministerio de Energía, encabezado por  Máximo Pacheco Matte y los diversos funcionarios designados con competencia en la materia, incluyendo los del Gobierno Regional de los Ríos. Asimismo, responsabilizamos a la transnacional RP Global, la que jamás cometería este tipo de abusos y atropellos en su País de origen: Austria. Asimismo, a la empresa local CAM SAESA quien coludidamente actúa con esta transnacional.
5.- Queremos reiterar. Chile no tiene necesidad energética. Chile no tiene escasez  de energía, incluso, el desarrollo de las industrias extractivistas como la minería y las celulosas, las mayores consumidoras de energía en el País (Más del 60 %  frente al 15 % de consumo de la ciudadanía),  tienen ampliamente cubierto su consumo a través de la cadena de negocios que el estado les ha posibilitado. Hoy, existe un descontrolado nuevo modelo de crecimiento neoliberal que busca solo lucro e incluso exportaciones, a costa de la intensificación en la depredación de territorios, la intervención de ríos y espacios de enorme importancia para la vida, con violaciones sistemáticas de derechos humanos a numerosas personas y comunidades.
6.- Solicitamos a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y sectores democráticos, en el plano local e internacional, a no solo observar, sino a actuar activamente por la defensa de los derechos de numerosas personas que exigen respeto por los derechos colectivos y lugares de significación, amenazados por proyectos de energía. Lo de Tranguil es un síntoma de un plano mayor, es un  foco grave de conflicto social, donde diversos operadores políticos pro empresariales pretenden llevarlo a un plano de criminalización, represión y violencia, tal cual quedó demostrado luego del extraño atentado ocurrido en Curacautín en una mini hidro denominada “El Agro” el día 12 de octubre, atendiendo las versiones e interpretaciones desde fuentes de la intendencia regional de la Araucanía, Carabineros y algunos medios informativos.
7.- Luego de estos evidentes abusos y atropellos en Tranguil, Panguipulli,alentamos, a todas las instancias defensoras de los derechos territoriales, de la madre tierra, a redoblar esfuerzos y unidad en la resistencia, cuya base es justicia y paz social. Nadie quien defiende los territorios es promotor de la violencia, sino de dignidad e interés colectivo. Todo acto que no vaya en ese sentido, es un montaje.
Suscriben,
-Movimiento por la Defensa y Recuperación de los Territorios Macro Zona Sur, parte del Movimiento Plurinacional por la Defensa y Recuperación del Agua y la Vida.
-Organizaciones defensoras de los territorios ancestrales, Región del Bio Bio
– Red por la Defensa de los Territorios, Región de la Araucanía, con organizaciones y comunidades participantes.
– Parlamento Mapuche de Koz Koz, Panguipulli y comunidades participantes, Región de los Ríos.
– Red de Organizaciones Socio Ambientales, Panguipulli
– Consejo de Comunidades Williche de Chiloé.
aguas y territorios